“Nos preocupa”: las alertas de la Secretaría de Transparencia sobre presuntas irregularidades en la Universidad Popular del Cesar

Los reflectores no dejan de alumbrar lo que sucede en la Universidad Popular del Cesar (UPC), un centro educativo público con más de 17.000 estudiantes que es considerado “una pequeña gobernación” por ser fortín burocrático y político apetecido en la región.

Este lunes, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, viajó hasta Valledupar para alertar varias presuntas irregularidades en esa institución.

Este domingo, de hecho, EL COLOMBIANO publicó una extensa investigación en la que reveló la puja en el alto Gobierno por el poder en esa universidad y otros cuestionamientos relacionados con proyectos de infraestructura que suman $280.000 millones de pesos.

Idárraga manifestó que a su oficina en Presidencia “le preocupa” las alertas asociadas a los manejos de la UPC. “Esas alertas han llegado a los oídos de la Secretaría de Transparencia en los últimos cuatro meses y han venido siendo analizadas con rigor. De allí que hoy hayamos trasladado al Ministerio de Educación, especialmente al ministro Daniel Rojas, para que inicie un proceso de intervención, si así lo amerita”.

Las alertas tienen porque el rector Rober Romero, que quiere reelegirse, habría hecho nombramientos sin algunos requisitos debidos; también tienen que ver con “posibles sobrecostos por encima del 60% en tecnología, sobre todo por compra de computadores y equipos”, dijo el funcionario.

Además, Idárraga dijo que el hermano del rector, Esmelin Romero Ramírez, estaría utilizando recursos “sin un beneficio concreto para la universidad”. Igualmente, hay líos en la no publicación de 169 contratos celebrados con recursos de la nación por parte de la UPC relacionadas con la sede de Valledupar y Aguachica.

Idárraga expuso también que hay presuntas irregularidades en ocho contratos que suman $15.000 millones de pesos: “nos parece de mucha gravedad (...) no sabemos si esos recursos se están ejecutando o no”.

La puja entre Saade y cercanos a Petro por el control de la UPC

Idárraga también se refirió a la construcción del bloque J de la Sede Sabana-Valledupar de la UPC que costaría $32.569 millones. “Al parecer se contrataron estudios y diseños sin contratarlos”, dijo.

EL COLOMBIANO reveló algunos cuestionamientos sobre ese y otros proyectos de infraestructura. Actas del CSU de finales de 2023 certifican que se aprobó la construcción de esa obra, pero hasta ahora está empezando el proceso. Hace tan solo dos días, Findeter (entidad financiera de desarrollo territorial) hizo pública la convocatoria por ese valor y el MinEducación publicitó ese y otros proyectos.

El otro tiene que ver con la sede de la UPC en el municipio La Jagua de Ibirico, proyecto de cuatro hectáreas que el Gobierno Petro y autoridades locales prometieron en 2023 y cuyos avances son mínimos. Según el medio local El Pilón, esa sede se construiría por fases, aunque el valor total sería de $249.000 millones.

Además de los notables retrasos, lo extraño es que el rector Romero le dijo a ese medio en febrero de este año que esperaban conseguir el cierre financiero para construir la primera fase antes de finalizar el mes de marzo, cuyo valor ascendería a los $70.000 millones.

Pero cuando EL COLOMBIANO buscó a Romero hace unos días para preguntarle por este asunto, el funcionario respondió que no iba a dejar contratado ni iba a abrir licitación por ninguno de los dos proyectos de infraestructura, el Bloque J y la nueva sede en La Jagua de Ibirico.

La trama por el control de esa universidad incluye parrandas vallenatas entre familiares y amigos íntimos que estarían tomando decisiones sin declarar conflicto de intereses, “fuego amigo” entre aliados del alto Gobierno y congresistas de sectores tradicionales rondando.

El protagonista que no se conocía hasta ahora es Alfredo Saade, el polémico jefe de despacho presidencial que pide públicamente la reelección de Petro, cerrar el Congreso y medios de comunicación.