Altas cortes destacan fortaleza institucional ante tensiones con el Gobierno Petro

Desde Cartagena, en el congreso anual de la Andi, los presidentes de las altas cortes colombianas hicieron un balance de cuatro años de tensiones con el Ejecutivo, que encabezó Gustavo Petro, y defendieron la fortaleza de la institucionalidad.

En ese contexto, Andrea Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, aseguró que la institucionalidad colombiana demostró ser lo suficientemente sólida y estable para garantizar el funcionamiento del Estado social y democrático de derecho, incluso frente a los desafíos y las tensiones políticas de los últimos cuatro años.

Durante su balance sobre la relación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, Meneses señaló que el periodo estuvo enmarcado en el cumplimiento de la separación de poderes y del sistema de frenos y contrapesos.

“¿Que hubo tensiones? Por supuesto que las hubo”, afirmó. Sin embargo, explicó que este tipo de diferencias son propias de la relación entre el Ejecutivo y el Judicial y se presentan desde la existencia de las altas cortes, particularmente de la Corte Constitucional.

Según la magistrada, no se trata de un fenómeno exclusivo de Colombia, pues también ocurre en otras democracias. A su juicio, las tensiones entre poderes no necesariamente son una señal de una democracia debilitada, sino que pueden evidenciar que las instituciones están ejerciendo sus funciones de control.

La presidenta de la Corte Constitucional enfatizó que, cuando el tribunal declaró inexequible una ley o un decreto con fuerza de ley, lo hizo con estricto apego a la Constitución y al derecho. De igual manera, cuando declaró la constitucionalidad de una norma, las decisiones estuvieron sustentadas en criterios de neutralidad.

Meneses recalcó que la Corte no toma sus decisiones a partir del “vaivén” político, de las encuestas o del ambiente del momento, sino dentro del marco establecido por la Constitución.

Al hacer un balance de los últimos cuatro años, la presidenta de la Corte Constitucional sostuvo que tanto los gobiernos como los magistrados son transitorios, mientras que la institucionalidad debe permanecer.

Su mensaje dirigido a los empresarios fue que en Colombia las reglas de juego deben ser respetadas y que contar con tribunales independientes constituye un elemento fundamental para generar confianza.

En ese sentido, destacó que la existencia de una justicia independiente, capaz de garantizar los derechos de los ciudadanos sin importar cuál sea el gobierno de turno, representa un activo para atraer inversión y favorecer el desarrollo económico.

“La institucionalidad” debe prevalecer, insistió Meneses, al considerar que esa estabilidad es uno de los principales soportes para la confianza en el país.

Corte Suprema: independencia judicial es una garantía ciudadana

Por su parte, Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, señaló que el papel de la justicia debe mantenerse más allá de los cambios de gobierno y que su compromiso central es la defensa de las garantías democráticas, la separación de poderes y los derechos y libertades de los ciudadanos.

Lenis sostuvo que durante los últimos años la justicia estuvo dispuesta al diálogo institucional y a la colaboración armónica entre las distintas ramas del poder para enfrentar los desafíos de la ciudadanía.

Reconoció, sin embargo, que ese diálogo no siempre se desarrolló de manera armónica. Aun así, aseguró que se mantuvieron espacios de comunicación para que cada institución pudiera desarrollar sus competencias dentro del diseño constitucional, sin que ningún poder estuviera por encima de otro.

El presidente de la Corte Suprema identificó varias lecciones que deja este periodo. La primera, dijo, es que la democracia no depende únicamente de la voluntad de las mayorías ni de los resultados electorales, sino de la vigencia de unas reglas comunes de convivencia.

En su concepto, la justicia cumple precisamente la función de garantizar esas reglas dentro de un sistema democrático.

Lenis también advirtió que la independencia judicial, aunque indispensable para la democracia, no es suficiente por sí sola. A su juicio, requiere el compromiso de los ciudadanos y de los diferentes actores sociales.

“La independencia judicial es importante”, sostuvo, pero también representa una responsabilidad compartida, porque la defensa de la democracia no corresponde exclusivamente a los jueces.

Otra de las lecciones que destacó es que el Estado de derecho no debe entenderse como un opositor de la democracia. Por el contrario, afirmó que es una de las condiciones que permiten garantizar su existencia.

En ese marco, señaló que sin libertad de expresión y libertad de prensa no existe una deliberación pública efectiva, mientras que, sin instituciones capaces de proteger los derechos, estos pueden terminar vulnerados.

El magistrado agregó que la defensa institucional debe estar acompañada por una idea de civilidad, entendida como una sociedad en la que existen separación de poderes, equilibrios y controles. “Ningún poder puede ejercerse sin límites y sin controles”, planteó.

Según Lenis, estos principios permiten que el diseño institucional mantenga una relación equilibrada entre las diferentes instituciones y ramas del poder público. También contribuyen a proteger la dignidad humana, los derechos de las minorías y la importancia de los procedimientos.

Para el presidente de la Corte Suprema, una de las principales conclusiones de los últimos años es que, en momentos de tensión, incertidumbre o crisis, la independencia judicial adquiere todavía mayor relevancia.

Enfatizó además que esa independencia no constituye un privilegio de los jueces, sino una garantía para los ciudadanos, quienes necesitan contar con instituciones capaces de defender sus derechos y libertades.

Consejo de Estado advierte que las tensiones no fueron normales

Alberto Montaña, presidente del Consejo de Estado, coincidió con sus colegas en destacar la fortaleza de la institucionalidad judicial, aunque advirtió que sería equivocado calificar como normales los cuatro años que atravesó la Rama Judicial y, particularmente, la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

“Fueron cuatro años normales” sería, en su concepto, una respuesta contraevidente frente a los desafíos que enfrentó la justicia.

Montaña cuestionó que, frente a decisiones judiciales capaces de generar reacciones u opiniones encontradas, se hayan producido señalamientos relacionados con supuestos golpes de Estado o con la existencia de intereses particulares detrás de las decisiones de los jueces.

A su juicio, ese tipo de situaciones “no es normal” ni resulta saludable para las instituciones. Sin embargo, el presidente del Consejo de Estado resaltó como aspecto positivo que la justicia demostró una fortaleza institucional contundente.

A pesar de los desafíos, señaló, las instituciones continuaron funcionando y adoptando decisiones que buscaron mantenerse dentro de la Constitución y la ley.

Montaña explicó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene una función específica dentro del sistema institucional colombiano: controlar las actuaciones de la Administración y actuar como límite frente a posibles excesos en el ejercicio del poder público.

Por esa razón, consideró que una menor visibilidad de los jueces administrativos puede ser una señal positiva. En su concepto, cuando existe un equilibrio sano entre los poderes públicos, debería ser menor la necesidad de que los jueces de lo contencioso administrativo tengan protagonismo en la discusión pública.

“Somos los jueces de la Administración”, explicó, al referirse a la función que cumplen frente al Gobierno nacional y los gobiernos territoriales.

La jurisdicción contencioso-administrativa, agregó, nació para adoptar decisiones que impliquen una contención frente al ejercicio desbordado del poder público. Por ello, cuando su actuación adquiere mayor visibilidad, puede ser un indicio de que se han presentado situaciones que requieren un mayor control judicial.

En ese sentido, Montaña concluyó que durante los últimos cuatro años la jurisdicción de lo contencioso administrativo tuvo una presencia más visible en la vida pública del país.

Esto obedeció, según explicó, a las particularidades y desafíos que enfrentó durante el periodo. No obstante, sostuvo que esas situaciones fueron sorteadas de la mejor manera y terminaron demostrando la fortaleza de la institucionalidad judicial.

El balance de los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado coincide así en un punto central: pese a las tensiones entre poderes, la justicia mantuvo su independencia y continuó ejerciendo sus competencias constitucionales.

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Para las altas cortes, la separación de poderes, los controles institucionales y el respeto por las reglas de juego son elementos esenciales no solo para la estabilidad democrática, sino también para preservar los derechos ciudadanos y generar confianza en el entorno económico y de inversión del país.