Defensoría del Pueblo exige acciones urgentes ante amenazas a funcionarios del Inpec y Personería en cárceles
Amenazas desde cárceles contra funcionarios públicos generan alarma: la Defensoría del Pueblo exige acciones inmediatas para salvaguardar la integridad de quienes defienden derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que condena enérgicamente las amenazas dirigidas contra funcionarios de la Personería de Bogotá y agentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Estas intimidaciones habrían sido generadas desde los centros penitenciarios La Picota y La Modelo, según información preliminar.
Las amenazas surgieron en el contexto del ejercicio de funciones de vigilancia, inspección y defensa de derechos humanos dentro de las cárceles.
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La entidad advirtió que ninguna forma de violencia puede ser considerada un medio válido para exigir derechos o presionar decisiones administrativas o judiciales.
¿Qué exige la Defensoría del Pueblo?
Con el objetivo de prevenir que las amenazas se materialicen y salvaguardar la vida de los funcionarios públicos afectados, la Defensoría del Pueblo solicitó a varias entidades del Estado colombiano que tomen medidas inmediatas:
Por el lado de la Fiscalía, solicitó que investigue los hechos con celeridad, y que comparta sus hallazgos con los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para que estos los consideren en decisiones sobre libertades condicionales de los implicados.
Al Inpec se le pidió ejercer un control razonable y proporcional para mantener el orden en los centros de reclusión y evitar que las amenazas se hagan realidad. Además, se instó a crear rutas efectivas de denuncia y protección para custodios y demás funcionarios.
Finalmente, se llamó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a realizar valoraciones de riesgo adecuadas y brindar protección efectiva tanto a los funcionarios amenazados como a sus familias.
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