Así funcionaría el sistema de información de Guardias Indígenas que propone el Gobierno; ¿por qué hay molestia?
Un proyecto de decreto del Ministerio del Interior propone recopilar datos sobre las Guardias Indígenas a partir de reportes que hagan las autoridades tradicionales. La Guardia Indígena del CRIC advierte riesgos para la autonomía y la seguridad de sus comunidades.
Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Sociología y estudiante de Maestría en Comunicación y Marketing Político. Ha trabajado en medios como Infobae y El Tiempo en secciones de Actualidad, Bogotá y Política. Más rola que el ajiaco. Le gusta el café, viajar y bordar.
El Ministerio del Interior puso a consideración un proyecto de decreto que propone crear un Sistema de Información sobre Guardias Indígenas, una herramienta que busca organizar la información que tiene el Estado sobre estos mecanismos colectivos de protección de los pueblos originarios.
La propuesta adicionaría un nuevo capítulo al Decreto 1066 de 2015 y estaría administrada por el Ministerio del Interior.
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La idea del Gobierno, señala el texto, es que el sistema sirva para mejorar la comunicación entre las instituciones y las autoridades indígenas, facilitar la coordinación de medidas de seguridad y evitar que la información sobre las Guardias Indígenas esté dispersa entre diferentes entidades.
Pero la iniciativa ya genera rechazo entre organizaciones indígenas. El Programa de Guardia Indígena del Cric (Consejo Regional Indígena del Cauca) cuestionó la creación del sistema y advirtió que una herramienta de información administrada por el Estado podría terminar siendo utilizada para seguimiento, vigilancia, estigmatización o judicialización.
A su turno, Leonardo González, director de Indepaz, señaló: “La Guardia Indígena no necesita ser vigilada, caracterizada ni administrada por el Estado. (...) Convertir sus procesos propios en un sistema estatal de información abre riesgos de seguimiento”.
¿Qué información tendría el sistema?
De acuerdo con el documento, la información sería entregada de manera voluntaria por las propias autoridades indígenas, como cabildos, autoridades tradicionales o consejos.
El reporte incluiría información institucional como el pueblo al que pertenece la comunidad, el resguardo o territorio, la denominación que utiliza la propia comunidad, el ámbito territorial en el que actúa, un número aproximado de integrantes y una persona designada como enlace.
El proyecto excluye expresamente los listados de integrantes. La razón, según la propuesta, es proteger su seguridad.
En caso de que una autoridad entregue información confidencial para una finalidad específica de protección, esta tendría un tratamiento reservado y, de acuerdo con el proyecto, no podría utilizarse para labores de inteligencia o judicialización.
El sistema, dice el texto, tendría un carácter exclusivamente informativo. Tampoco pretende otorgarle facultades de Policía, modificar la jurisdicción especial indígena ni alterar las competencias territoriales.
Los fundamentos del decreto explican señalan: “Complementa la información que la Dirección ya lleva sobre esa autoridad con la que ella misma decide reportar”, haciendo referencia a que sería información voluntaria.
¿Para qué quiere el Gobierno esta información?
El objetivo, dice el texto, sería mejorar la interlocución entre el Estado y las comunidades indígenas. Actualmente, según los argumentos del proyecto, la información institucional se encuentra fragmentada.
La herramienta también busca simplificar trámites y facilitar la coordinación entre las comunidades y las entidades gubernamentales.
El proyecto establece que su implementación se financiaría con los recursos ordinarios del Ministerio del Interior, por lo que no generaría un impacto fiscal adicional.
¿Por qué la Guardia Indígena del CRIC se opone?
El CRIC ya manifestó su rechazo al proyecto. Su principal argumento es que la Guardia Indígena no depende de un reconocimiento del Estado.
Para la organización, se trata de una expresión histórica, colectiva y comunitaria que surge de los propios territorios y está sustentada en la espiritualidad, la cosmovisión, el derecho propio, la ley de origen, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos.
La guardia indígena ha sido una especie de organismo que se encarga de defender la vida, el territorio y la autonomía de las comunidades originarias. Por ejemplo, la guardia indígena tuvo un rol fundamental en el rescate de los cuatro niños que sobrevivieron 40 días en la espesa selva amazónica en 2023.
El Cric también cuestiona que el Estado pueda recopilar información sobre estas estructuras comunitarias. Aunque el proyecto establece que no habrá listados individuales, la organización advierte que la información podría convertirse en una herramienta de seguimiento o vigilancia.
“Este tipo de acciones que plantea el Gobierno generan un riesgo latente”, sostuvo el Programa de Guardia Indígena del CRIC, al advertir sobre posibles usos para la estigmatización o judicialización de quienes participan en acciones de defensa territorial y comunitaria.
Este es el proyecto de decreto completo
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué es el Sistema de Información sobre Guardias Indígenas que propone el Gobierno?
- Es una herramienta que el Ministerio del Interior plantea crear para organizar información sobre las Guardias Indígenas y facilitar la comunicación, según propone el texto.
- ¿Qué información tendría el sistema sobre las Guardias Indígenas?
- El proyecto contempla información como el pueblo, resguardo o territorio, la denominación propia de la Guardia, su ámbito de actuación, un número aproximado de integrantes y una persona designada como enlace. No contempla listados de sus integrantes.
- ¿Por qué la Guardia Indígena del CRIC rechaza el proyecto?
- El CRIC considera que la Guardia Indígena nace de las comunidades y autoridades tradicionales y que su existencia no depende del reconocimiento del Estado. Además, advierte que la información recopilada podría convertirse en un mecanismo de seguimiento, vigilancia, estigmatización, individualización o judicialización.