Así luchará Colombia contra las drogas

La “Ruta Futuro” es la nueva política integral para enfrentar el problema de las drogas en Colombia.

La propuesta consiste en acciones para prevenir el consumo en población vulnerable como los niños, niñas y adolescentes, en el tratamiento integral para quienes ya son adictos, en el fortalecimiento de las acciones contra las economías y rentas criminales, y en su estrategia para desarticular a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, uno de los grandes problemas del país.

Reducir el consumo de drogas

Este punto de la política se basa especialmente en las relaciones de la familia, como factor protector frente al consumo de sustancias psicoactivas. Por eso busca desarrollar capacidades de las personas, familias y comunidades para el establecimiento de relaciones que mejoren el tejido social. Evitar o retardar la aparición del consumo de sustancias psicoactivas entre niños y jóvenes mediante el fortalecimiento de los vínculos familiares. Además, menciona mejorar la oferta, acceso, oportunidad y calidad de los servicios de atención en salud en el ámbito urbano y rural de las personas con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y sus familias para reducir el impacto social del consumo.

Reducir disponibilidad de drogas

El Gobierno dispondrá de estrategias diferenciales de erradicación, “siguiendo los protocolos y mejores prácticas para garantizar los derechos humanos y el cuidado al medio ambiente y la salud”. En la política no se menciona el glifosato ni ningún otro químico para asperjar, aunque el ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que tratarán de cumplir con las condiciones de la Corte Constitucional, para lo que se equiparon aeronaves con boquillas de fumigación de ultra bajo volumen, que produzcan gotas más finas y menos susceptibles al viento. Además, se mantendrá el acompañamiento a los que firmaron compromisos con el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS).

Desarticularlas organizaciones

Fortalecer los mecanismos de inteligencia financiera y promover grupos especiales orientados al desmantelamiento de las organizaciones y sus redes de apoyo. Así mismo, para lograr mayor disrupción, promover el fortalecimiento del trabajo de seguimiento, desarticulación y judicialización de las organizaciones criminales, empleando los procedimientos especiales de investigación. Todo esto será posible si se optimizan los recursos de las autoridades a través de mecanismo de coordinación interinstitucional no solo dentro del país sino aprovechando la información multilateral operativa y de inteligencia. Sumado a ello, se focalizará la persecución penal de las organizaciones criminales y sus rutas.

Afectar las economías criminales

En este punto el propósito es interrumpir los flujos financieros de las organizaciones criminales y sus redes, ir detrás del lavado de activos y la financiación del terrorismo teniendo en cuenta las particularidades territoriales, a través de la prevención y detección, así como de la acción de extinción de dominio y la recuperación de activos en el exterior. Esos bienes deben dejar de pertenecer a los criminales y el Estado debe lograr una administración menos costosa y lograr su monetización con mayor agilidad, aumentando los recursos del estado para enfrentar la problemática criminal. En ese sentido, también es necesario mejorar la relación con las jurisdicciones extranjeras para la cooperación.

Desarrollo territorial

En esta estrategia se le apunta al desarrollo rural integral para desvincular de manera efectiva y sostenible a la población rural de la problemática de drogas en cada una de sus fases. El Gobierno pretende promover la articulación de todos los actores en el territorio a través de planes para la transformación ambiental sostenible territorial. Para ello se generará una ruta unificada de planeación para la estabilización de los municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) con acciones alineadas con el Plan Marco de Implementación (PMI) y los Planes Nacionales Sectoriales.