Juzgado de Arauca prohibe bombardeos a Fuerza Aeroespacial hasta que no presente protocolo de protección a menores
El personero del municipio de Puerto Rondón instauró la tutela que derivó en ese fallo de la justicia.
Periodista especializado en temas de crimen organizado, terrorismo y conflicto armado. Creador del podcast Revelaciones del Bajo Mundo. También soy escritor y dramaturgo, autor de las obras teatrales “La Trilogía del Mal” y “Estallido”.
En respuesta a una acción de tutela, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca le ordenó a la Fuerza Aeroespacial que suspenda los bombardeos en ese departamento, hasta tanto no presente un protocolo de operaciones que proteja a los niños y adolescentes reclutados por los grupos armados.
La tutela fue interpuesta por el personero del municipio de Puerto Rondón, Óscar Fernando Vanegas Ávila.
El funcionario invocó el amparo a los derechos a la vida e integridad personal de los menores de edad, así como los de acceso a la información pública y la verdad, además del principio de distinción y proporcionalidad del Derecho Internacional Humanitario.
Vanegas solicitó a las autoridades la publicación e implementación de “un protocolo operativo de bombardeos”, que incluyera la verificación de Inteligencia sobre menores de edad presentes en el sitio y análisis del impacto a la población civil, entre otros ítems.
Para eso les dio un plazo de un mes a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aeroespacial, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Departamento Administrativo de la Presidencia, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.
Tras analizar la solicitud, el pasado 2 de julio el juzgado en cuestión concedió el amparo a los derechos invocados por el personero.
También decidió “ordenar a la Fuerza Aeroespacial la suspensión de bombardeos a estructuras o grupos criminales organizados en el departamento de Arauca hasta tanto se lleve a cabo el ajuste y la difusión del protocolo mencionado”, de acuerdo con el fallo.
El documento judicial precisa que las autoridades correspondientes cuentan con un plazo de dos meses para revisar el procedimiento para el planeamiento de operaciones aire-tierra y de apoyo aéreo cercano, “con el fin de que se ajuste lo pertinente para que se incluya que en la planificación y ejecución de las operaciones aéreas se agoten todas las medidas de inteligencia y operativas posibles, a efectos de distinguir la presencia de niños, niñas y adolescentes dentro de los grupos armados organizados que son objetivo militar”.
De igual manera, les pidió a los organismos de seguridad “que se adopten las medidas en virtud de las máximas de derecho internacional humanitario y los postulados de la Corte Constitucional, para garantizarles (a los menores de edad) el derecho a la vida e integridad personal, como víctimas del conflicto que son”.
Apenas esté listo ese protocolo, deberán difundirlo entre todas las unidades tácticas de la Fuerza Pública en Arauca.
Sobre los bombardeos, es importante recordar que el Gobierno de Gustavo Petro los tuvo suspendidos entre agosto de 2022 y noviembre de 2024, justamente con el argumento de la protección a los menores de edad reclutados.
Aunque la restricción aplicaba solo si se detectaba antes la presencia de menores de edad, en la práctica se frenaron todos los ataques aéreos.
Esa decisión política impulsó el reclutamiento de menores por parte de los grupos criminales, para usarlos como escudos humanos y evitar los bombardeos, al igual que facilitó su expansión territorial.
Desde su reactivación en 2024, el Gobierno ha autorizado la ejecución de 25 bombardeos, la mayoría contra el Clan del Golfo; le siguen las disidencias farianas de “Iván Mordisco” y el ELN.
Según Medicina Legal, en lo que va del mandato de Petro han muerto 65 menores de edad en operaciones militares contra estas organizaciones.
Frente al fallo del juzgado de Arauca, EL COLOMBIANO consultó al Ministerio de Defensa y la Fuerza Aeroespacial, pero hasta el momento no se han pronunciado al respecto.