Así habría llegado dinero de ‘Pipe Tuluá’ a campaña de Gustavo Petro en 2022
Los dineros, según audios atribuidos al cabecilla criminal, habrían entrado a la campaña a través de Juan Fernando Petro, hermano mayor del Presidente.
El presidente Gustavo Petro no ha logrado quitarse de encima las sombras sobre la financiación de su campaña presidencial de 2022. Desde el inicio de su mandato, y ahora cuando entra en la recta final de su paso por la Casa de Nariño, su proyecto político ha estado rodeado de cuestionamientos por las cuentas del Pacto Histórico, el origen de algunos recursos y los nombres que terminaron orbitando alrededor de la campaña.
Esta semana se conoció que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes le abrió una investigación previa por el presunto delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.
El proceso está relacionado con las declaraciones atribuidas a Andrés Felipe Marín, alias “Pipe Tuluá”, señalado cabecilla de la estructura criminal “La Inmaculada”.
La apertura fue ordenada por la representante Gloria Elena Arizabaleta Corral, quien asumió formalmente el conocimiento del caso tras el reparto interno realizado en la Comisión.
La decisión llegó después de que salieran a la luz unos audios revelados por Vicky Dávila el mismo día en que ‘Pipe Tuluá’ fue extraditado a Estados Unidos.
Ese delincuente, señalado de ser el cerebro de los llamados “plan pistola” contra guardianes del INPEC, terminó convertido en una especie de trofeo durante la visita que hizo Petro a la Casa Blanca en febrero pasado. El gobierno colombiano lo presentó entonces como un gran capo del narcotráfico que sería entregado para responder ante la justicia estadounidense.
Y sí, se trataba de un hombre peligroso. Pero ahora ese mismo capo podría convertirse en un testigo incómodo para el Presidente.
Antes de ser enviado a una cárcel gringa empezó a circular una versión según la cual ‘Pipe Tuluá’ estaba pagando sobornos para evitar su extradición. Sin embargo, en los audios filtrados posteriormente por la entonces candidata se le escucha negar esas acusaciones y, en cambio, lanzar un señalamiento directo contra Juan Fernando Petro, hermano del mandatario.
“Si estamos hablando de comprar funcionarios públicos, nosotros a su hermano sí le compramos”, se escucha decir al cabecilla en el audio, al parecer, enviado a Juan Fernando.
En esa misma conversación, el extraditado asegura que supuestamente entregaron dinero para la campaña presidencial y que tendrían pruebas de ello.
“Tenemos pruebas de que les pasamos mucho dinero para su campaña, tenemos videos, audios y consignaciones. No solo para su campaña sino para muchas cosas de la DIAN (...) las pruebas las tenemos y se las vamos a pasar a los Estados Unidos”, agrega en la grabación.
Esas declaraciones terminaron convirtiéndose en el punto de partida de la investigación que ahora abrió formalmente la Comisión de Acusación, órgano criticado por ralentizar los procesos.
“Se conocieron unos audios en los cuales alias ‘Pipe Tuluá’, quien es el máximo cabecilla de la banda ‘La Inmaculada’, afirma haber entregado sumas de dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro a través de su hermano Juan Fernando Petro”, señala el documento.
La providencia agrega además que las acusaciones no se limitarían únicamente a aportes electorales, sino que habría corrompido otras instituciones. “Alias ‘Pipe Tuluá’ habría señalado que los dineros no solo se habrían destinado a la campaña presidencial sino también a otros asuntos relacionados con la DIAN y que esas pruebas serían entregadas a las autoridades de los Estados Unidos”, añade el documento de apertura conocido por EL COLOMBIANO.
Una vez se divulgaron los audios, el presidente Petro le restó credibilidad al tema y aseguró que habló directamente con su hermano sobre esas acusaciones. “Yo hablé con él y eso no existe (...) Si alguien cometió un error, que lo pague. No me hago elegir por asesinos”, dijo.
Mientras las dudas al rededor de su campaña se acumulan, Petro sigue en la misma línea de negar cualquier participación directa.
Por ejemplo, el Gobierno todavía no logra despejar completamente qué pasó con los $500 millones que el contrabandista Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, habría llevado en efectivo para la campaña presidencial.
La versión que han dado desde el petrismo es que, al enterarse del origen del dinero, ordenaron devolverlo. El problema es que hasta ahora no existen pruebas claras que permitan verificar cómo se hizo esa devolución ni qué pasó exactamente con esos recursos.
A eso se suma que hoy el presidente de Ecopetrol y entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, enfrenta investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en los topes electorales y supuestas omisiones en los reportes de financiación.
Y en paralelo avanza el proceso judicial contra su hijo mayor, Nicolás Petro.
La Fiscalía lo llevó a juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, luego de que él mismo reconociera haber recibido dinero de personajes cuestionados durante la campaña presidencial. Según la investigación, parte de esos recursos provenían de Samuel Santander Lopesierra, un exnarcotraficante y excontrabandista conocido como el “Hombre Marlboro. Aunque Nicolás Petro sostiene que ese dinero no llegó oficialmente a la campaña y que terminó quedándose con él.
Mientras tanto, el presidente insiste en que nunca supo de esos movimientos, que no tuvo conocimiento sobre ingresos irregulares y que es inocente frente a todas las acusaciones que siguen alrededor de la financiación de su llegada al poder.