En operativo contra extorsión cayó banda que cobraba por el consumo de agua
Periodista. Magíster en Comunicación de la Defensa y los Conflictos Armados de la Universidad Complutense de Madrid
La unión de la Policía, Fuerzas Armadas y Fiscalía permitió la captura de 197 personas que hacen presuntamente hacen parte de diferentes bandas dedicadas a la extorsión de residentes, transportadores, pequeños comerciantes y vendedores informales en varias ciudades del país. El operativo conjunto se realizó de manera simultánea en 26 departamentos (Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Tolima, Caquetá, Putumayo, Córdoba, Caldas, Risaralda, Cesar, Guajira, Quindío, Valle del Cauca, Nariño, Casanare, Santander, Arauca, Meta, Chocó, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Sucre, Huila, Cauca y Norte de Santander).
En esas zonas del país se ejecutaron 67 allanamientos en los que se logró la incautación de 12 armas de fuego, 21 teléfonos celulares, 27 kilos de estupefacientes y varias agendas en las que se encontraron numerosos nombres de las posibles víctimas de estas bandas.
Con estos operativos, según las autoridades, se impactaron 37 organizaciones criminales, entre ellas una de Medellín conocida como “Los Empleados Públicos” que según la Policía Nacional, “exigen de dinero a los habitantes de algunos barrios de Medellín por el consumo de agua, la extorsión a conductores de bus, bicitaxis y mototaxis, por permitirles circular por determinadas rutas; y la intimidación a pequeños comerciantes para que pudieran vender huevos, azúcar o sal”.
También resultó afectada la denominada “Ajizal”, que delinque en el municipio de Itagüí (Antioquia) y que es señalada de cobrar entre 10.000 y 500.000 pesos semanales a comerciantes, dueños de parqueaderos, transportadores y conductores de vehículos repartidores de alimentos en ese municipio del sur del Área Metropolitana.
En cifras suministradas por el Ministerio de Defensa, “el delito de extorsión registra una caída de 42% en 2017, frente al año anterior. 1.616 extorsionistas han sido capturados y 80 bandas desarticuladas. Todo este esfuerzo institucional ha evitado el pago de cuantías calculadas en 7.000 millones de pesos”.