Pelea jurídica por Ruta del Sol II se alarga hasta finales de 2020
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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio de Transporte hizo este lunes un balance de las acciones jurídicas que han tomado las entidades del Estado contra los daños que ha causado la sociedad Odebrecht S.A. al patrimonio público, específicamente, por las irregularidades en la ejecución del tramo II de la Ruta del Sol.
De acuerdo con el Gobierno, “se han iniciado 10 acciones, entre judiciales y administrativas” pues asegura, “contra la corrupción recaerá todo el peso de la ley”.
El anuncio se hace el mismo día en que la plenaria del Senado votará una moción de censura contra la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, por el presunto impedimento que pesa en su contra para conocer asuntos relacionados con Odebrecht, pues es socia de una oficina jurídica que tuvo por cliente a dos bancos del Grupo Aval.
Además, Orozco recibió fuertes críticas por haber prenegociado un acuerdo con los acreedores de la Concesionaria Ruta del Sol II, sin que el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá estableciera el monto de la deuda.
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Justamente, señaló la Defensa Jurídica del Estado, contra la decisión arbitral, que fue proferida el 6 de agosto de este año y que determina que declaró nulo el contrato con la Concesionaria por ilícito, cursan 9 recursos de anulación, que deberán ser resueltos por el Consejo de Estado en un plazo de al menos 8 meses.
Pero además, existe un recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferida el 6 de diciembre de 2018, que condenó en primera instancia a la Concesionaria a pagar al Estado cerca de 800 millones de pesos, por la violación de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público.
El recurso también deberá ser resuelto por el Consejo de Estado en un tiempo estimado de un año, por lo que la pelea jurídica se extenderá hasta finales de 2020.
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La Agencia Jurídica también señaló que “en el momento se encuentran en curso 11 procesos penales y en cuatro de ellos, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se ha constituido como víctima”.
El proceso judicial arrancó en junio de 2015 con las declaraciones de Marcelo Odebrecht, director de la compañía, tras su captura.