Cinco zonas del país están en la mira de los ilegales

Desde el pasado 25 de marzo, que inició el aislamiento preventivo obligatorio en el país debido a la pandemia, la Defensoría del Pueblo ha emitido cinco alertas tempranas en las que advierte del inminente riesgo sobre las comunidades en diferentes regiones de Colombia.

Aunque el ministerio público no precisa sobre la cantidad de personas que estarían en riesgo, sí confirma que se trata de situaciones derivadas del conflicto armado en zonas rurales de los municipios de Jamundí, Valle del Cauca; Bahía Solano y Juradó en Chocó; Ríosucio y Supía en Caldas y Murindó en Antioquia.

EL COLOMBIANO tuvo acceso a los documentos de las alertas, en los que la Defensoría hace recomendaciones a las autoridades civiles y a la Fuerza Pública para evitar que las acciones de los ilegales afecten a las comunidades.

Los grupos armados organizados, específicamente el Eln, Agc (Clan del Golfo) y las disidencias de las Farc, son los que aparecen en estos nuevos escenarios de amenazas.

En los casos de Murindó, Antioquia; y Bahía Solano y Juradó en Chocó, comunidades indígenas, afro y campesinas están en medio de una confrontación armada entre el Eln y las Agc. Ante este riesgo, la Defensoría advierte la “ocurrencia de enfrentamientos con interposición de la población civil, accidentes con minas antipersonal, municiones sin explotar o remanentes de guerra; reclutamiento forzado, utilización de niños, amenazas y restricciones a la movilidad”.

Sobre la situación, el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, afirmó que dichas alertas están siendo atendidas no solo por el Ejército, también por la Policía, Armada y Fuerza Aérea.

“Desembarcamos las tropas en los sitios. Ya tenemos condiciones de seguridad y cuando esto se consolida, con la ayuda de la Policía, se hace el trabajo para que accedan autoridades de salud y ayuda sanitaria. Nos tomamos en serio las alertas”, dijo el oficial.

Por su parte, el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, explicó que con la cuarentena los funcionarios han tenido que trabajar desde el aislamiento, pero las labores de monitoreo no cesan.

“Estos son escenarios que estamos advirtiendo ahora, pero en los últimos dos años y medio hemos emitido más de 150 alertas tempranas y a todas les estamos haciendo seguimiento y seguimos registrando hechos violentos originados por la emergencia sanitaria. Justamente estamos evaluando la emisión de una alerta para todo el país por la manera como están operando los actores armados en el contexto de la pandemia”, apunta.

Se fortalecen en cuarentena

Negret Mosquera advierte que los grupos ilegales aprovechan la emergencia sanitaria para tratar de expandir su acción y consolidar territorios a través de la intimidación.

“Se están tratando de legitimar con las comunidades imponiendo restricciones y estrictos reglamentos para prevenir el contagio. Pero no les va a servir porque al paso cometen masacres como la de Munchique, en Buenos Aires Cauca, o el asesinato de dos personas y la quema del vehículo acontecido en la vía entre Barbacoas y Tumaco”, dijo el defensor.

Entre el primero de enero de 2019 y el 27 de abril del presente año, la Defensoría del Pueblo ha emitido un total de 72 alertas tempranas: 56 de ellas el año pasado y 16 en lo que va del 2020.

Los departamentos de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Bolívar, Norte de Santander y Cauca concentran la mayor cantidad de riesgos advertidos por el ministerio público.

Ante este panorama, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseveró ayer en el Senado que desde el Gobierno se ha dado la orden de continuar con la ofensiva a los grupos armados ilegales.