Colombia, a 7 días de defenderse en La Haya

Colombia presentará su defensa ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, de La Haya, el 28 de septiembre, en el caso del litigo contra Nicaragua por las fronteras marítimas.

Este país ha instaurado demandas de este tipo contra Costa Rica, Honduras y Guatemala, pero solo ante el primero perdió.

De acuerdo con el representante la Cámara por San Andrés, Jack Housni, son dos las demandas las que ha instaurado esa nación. Explica que la primera tiene que ver con un supuesto incumplimiento de Colombia al fallo de noviembre de 2012, que planteó los nuevos límites entre los dos países y la segunda, sobre la plataforma continental extendida, que para el país centroamericano debe superar las 200 millas náuticas desde su costa, pero que no están claramente definidos, y además, pide que se indiquen los derechos y deberes de ambos estados.

Es importante recordar que en el fallo de 2012, la Corte le reconoció a Colombia la soberanía sobre los siete cayos del archipiélago de San Andrés, pero modificó la frontera marítima y Nicaragua ganó espacio en el Caribe.

El pasado martes 12 de septiembre, en una sesión reservada, la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, les entregó detalles a los senadores de la Comisión Segunda sobre en qué radica esta estrategia, luego de que el Gobierno aceptó una petición de las comunidades raizales de San Andrés, en el sentido de comparecer ante la CIJ. Sin embargo, estos argumentos son confidenciales.

Everth Hawkins, líder raizal de San Andrés y quien representa a los isleños en las comisiones de evaluación de la Cancillería, y con Alfredo Rey, abogado internacionalista de la Universidad de Los Andes, plantearon los posibles argumentos de defensa ante la CIJ.

Las posibilidades

Para Hawkins, las razones deben estar enfocadas en proteger las garantías de los raizales. “El gran temor que tenemos es que nos quiten territorio y se pierda nuestra tradición ancestral, derechos raizales, entre otros”, dice.

El internacionalista Rey destaca que el país debería acatar el fallo de 2012 y negociar un tratado internacional con Nicaragua, que es la única vía por la cual se pueden modificar los límites, según el Artículo 101 de la Constitución Política. “Esa debe ser la opción que se debe adoptar”, dice Rey, apoyado por el raizal, que ve en esa la mejor opción.

Rey también critica la decisión de Colombia de retirarse del Acuerdo de Bogotá, al sostener que los fallos de las cortes son para acatarlas y no para evadirlos.

Entretanto, el representante a la Cámara agrega que no se puede olvidar que quienes viven en Colombia también tienen sus familiares en las islas de Nicaragua, por lo que insta a los gobiernos a no provocar un desarraigo familiar. “Ambos países deben preocuparse por las comunidades que allí viven”, asegura.

Otra preocupación es la reserva de Biósfera Seaflower, con una extensión terrestre de 5.700 hectáreas y un área marina de 30.000.000 hectáreas, por esto, el año pasado, presentaron una demanda que busca su protección, en aras de evitar que se construya el canal de Nicaragua, que podría afectar la reserva, según Housni.

Balance en el Congreso

Los miembros de la Comisión Segunda son optimistas. Consideran que sí hay una estrategia definida y no como en la primera demanda, que parte de la responsabilidad se le acusó a la falta de esta.

Los senadores Iván Name, de Alianza Verde, y Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical, destacan que el panorama es diferente. “Actuaremos conjuntamente en la defensa del territorio”, dice Name, mientras que Galán, uno de los cinco senadores citantes, manifestó que “se nota que hay una línea de defensa”.

Por su parte, la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, reconoce que sí hay una defensa “integral”. “Soy contradictoria de este Gobierno y de la gestión de la canciller, pero esta vez se está buscando una defensa más clara”.

EL COLOMBIANO buscó a la Cancillería, pero desde la oficina de prensa respondieron que no darían declaraciones, al tratarse de un tema confidencial y reservado.

Lo mismo sucedió con la Gobernación de San Andrés. Aunque este medio habló con el secretario de Planeación, Sebastián Castellote, para tener una posición oficial desde la isla frente al litigio, el funcionario manifestó que toda la información se maneja desde Cancillería, ya que el gobernador, Ronald Housni Jaller, está fuera del país.