Detrás de cámaras: así se cocinó la falta de quorum para el pupitrazo de la reforma a la salud

Con una fuerte dosis de polémica y una nueva lluvia de cuestionamientos se zanjó el martes la primera parte de un controvertido debate sobre la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro. Y es que durante la sesión que se realizó en la Comisión Séptima de la Cámara pasó de todo.

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Se frenó abruptamente la discusión del proyecto en plena votación del articulado, el Gobierno echó mano de cuestionadas prácticas para impulsar la ponencia, se advirtió de más vicios de trámite y hubo congresistas que desafiaron a sus partidos. Incluso, para ponerle picante a una jornada de más de 5 horas, el propio jefe de Estado amenazó con acudir a instancias internacionales para dar vida a la polémica iniciativa.

La controversia se desató con el expresidente César Gaviria, mandamás del Partido Liberal, quien les lanzó una dura advertencia con tintes de amenaza a sus congresistas: desconocer las decisiones de la bancada para apoyar la reforma –así como recibirle dádivas al Gobierno para torcer su voto–, es una falta disciplinaria con visos de delito penal que será denunciada como cohecho.

El mensaje contrastó con la aprobación –10 votos a favor, 8 en contra y 3 ausentes– de la ponencia de la reforma, a la que concurrió la plana mayor del Gobierno en cabeza de los ministros Carolina Corcho (Salud), Alfonso Prada (Interior), y Gloria Ramírez (Trabajo). Lo anterior le dio aire al proyecto y permite que siga su estudio en la plenaria, pero en medio de una fuerte discusión por vicios de trámite y constitucionales.

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Quienes no prefirieron tomar partido y se ausentaron de la votación fueron los congresistas que se hicieron tristemente célebres antes de Semana Santa, cuando apoyaron con su firma la radicación de la ponencia en marzo pasado. Se trata de los representantes Gerardo Yepes (Partido Conservador) y Camilo Ávila (Partido de la U). Y a ellos se sumó Jorge Alexander Quevedo, también del Conservador.

Ante la votación, hubo voces que llamaron la atención por una aparente irregularidad que viciaría de fondo el trámite: la ponencia no fue aprobada por mayoría absoluta (11 de los 21 votos), sino por mayoría simple. “Hay que ver si 10-8 implica una mayoría absoluta a favor de la ponencia. Aquí hay algunos artículos que tienen rango de norma orgánica, que demandan mayoría absoluta”, denunció el representante Andrés Forero (Centro Democrático).

Inclusive, hubo voces que alertaron que el presidente de la Comisión Séptima, Agmeth Escaf (Pacto Histórico), incurrió en una aparente irregularidad al dar vía libre a la ponencia, por lo que fue denunciado disciplinariamente.

Y por si le faltaba algo a la accidentada discusión, pasadas las 7:00 de la noche, cuando ya se había aprobado la ponencia, la Comisión Séptima empezó a votar el texto de la reforma, pero intempestivamente Escaf –previo consejo al oído de Prada y Corcho– suspendió ese proceso.

La advertencia del delito

Antes de la votación de la ponencia, el expresidente Gaviria expidió un comunicado en el que les alertó a los liberales que “se aplicarán sanciones a quienes se aparten de las decisiones que se consideran de bancada. Esto supone a aquellos que reciban nombramientos u otro tipo de prebendas o compromisos de recursos. También se sancionará a quienes anuncien o promuevan el desconocimiento de tales decisiones. Asimismo, aquellos que reciban recursos del Estado y cuyo propósito sea vulnerar las decisiones”.

Semejante exhortación fue replicada por los partidos de La U y Conservador, que hicieron un llamado a los congresistas a votar negativa la reforma so pena de sanciones de no acogerse a las directivas de estas colectividades. Estas decisiones llevaron al presidente Petro a comprar pelea: “Gaviria se va en contra de su propio partido. Lamentable que un liberal vote obligado por los nostálgicos del poder. Sancionar por ejercer la libertad”.

E incluso fue más allá cuando amenazó con que “(si Gaviria) insiste en vulnerar derechos políticos, no queda más recurso que acudir a las instancias que vigilan la Convención Americana de Derechos Humanos”.

Detrás del mensaje de Gaviria están las supuestas movidas que estaría haciendo el Gobierno a cambio de lograr el voto de los representantes de la Comisión Séptima. Lo anterior, luego de que fracasó la estrategia de Palacio de dialogar con los jefes de los partidos y apostó por tranzar uno a uno con los congresistas para que pasara la reforma.

Eso quedó en evidencia previo a Semana Santa, cuando se logró radicar la ponencia de la reforma con la firma de congresistas de los partidos Conservador y de la U, pese a que los directores de esas colectividades habían retirado su apoyo al proyecto. Es decir, se lo pasaron por la faja y terminaron dándole visto bueno.

De hecho, el representante Forero denunció este martes que, en medio de la discusión de la ponencia positiva del proyecto en la Comisión Séptima, la ministra Corcho se reunió en la cafetería de la Cámara con el senador Carlos Andrés Trujillo, del Partido Conservador: “Eso lo tiene que saber el país”.

Inclusive, en la misma bancada de gobierno, la representante Katherine Miranda (Alianza Verde) rechazó los fantasmas de burocracia y mermelada: “El cambio que se le vendió a la ciudadanía por parte de este Gobierno no incluía hacer transacciones burocráticas. No es aceptable ver cómo se le está pidiendo la renuncia a viceministros presuntamente para presionar la votación de esta reforma”.