Ya hay “fase exploratoria” con el Clan del Golfo

Los acercamientos de paz con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, más conocidas como el Clan del Golfo, ya arrancaron. En uno de los primeros grandes anuncios de Otty Patiño, el alto comisionado para la paz confirmó que el Gobierno ya está “en una fase exploratoria” con el grupo narcoparamilitar más grande del país, aunque no fue claro con las formas y las líneas rojas de lo que sería ese acuerdo.

En efecto, Patiño titubeó en un par de ocasiones para responder cuál será el tratamiento de las en el gobierno que está decidido a hacer la paz total a toda prisa. Ante las preguntas de El Tiempo sobre si él consideraba al Clan del Golfo como una organización política o no, Patiño no supo concluir si sí o no.

En ese tema, se limitó a decir que “uno de los temas más complicados es cómo repolitizar la paz, es decir, cómo se le da dignidad”, una afirmación que dejó el sinsabor de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro aún no se decide si tratar al Clan del Golfo como un grupo narcoparamilitar o un grupo político.

Y, ojo, pues en esa pequeña diferencia de nombre hay todo un cambio jurídico que hace la diferencia. Si las AGC son reconocidas con el estatus político, pasarían a gozar de los mismos privilegios que hoy tienen guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las disidencias de las Farc.

Entre ellos: negociaciones con posibilidades de amnistía a cambio de verdad y no repetición.

Pero si eso no pasa, y siguen siendo considerados como un grupo narcoparamilitar más, tendrían que enfrentarse a unos diálogos “sociojurídicos” en los que no hay más que un sometimiento a la justicia con ciertos beneficios en rebajas de penas.

En ese punto, sin embargo, a las AGC no les iría tan mal como en anteriores gobiernos. Tal como ha planteado el Ministerio de Justicia de Petro, un nuevo acuerdo para sometimiento de grupos armados podría incluir beneficios como que los ilegales se queden hasta con el 6% de sus riquezas, un punto que aún no ha sido aprobado por el Congreso.

La petición del Clan del Golfo

Lo que sí es cierto, como ha insistido el abogado Michael Pineda, representante de varios de los exparamilitares más importantes del país, es que los miembros y exmiembros de las AGC no están dispuestos a entregarse a la justicia como “en cualquier proceso de desmovilización en el que el Estado termina incumpliendo”.

Según han dicho todo este tiempo, el Estado debe otorgarles el mismo estatus que a una guerrilla para “sentarse a negociar y contar todo lo que saben”.

Pero, mientras esos acercamientos se dan y el Gobierno plantea el piso jurídico para sustentar los posibles diálogos, el Clan del Golfo no para de atormentar a la población y sigue expandiéndose por todo el país.

Según el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, actualmente las AGC hace presencia en más de 392 municipios y 24 departamentos, lo que representa un incremento del 134% respecto a 2019 según la misma entidad.

“De todas maneras, lo que quiero decir con esto es que yo no voy a dialogar por dialogar. El diálogo es un camino para lograr un entendimiento, y en este caso, el entendimiento tiene que ser desmonte de su negocio y su actividad criminal. Eso es, digamos, la razón del diálogo. No es una condición, sino que es un propós