Con afros avanza debate a consultas
Con la instalación de la Asamblea de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para la integración del espacio de consulta previa, se abre el panorama para los proyectos e iniciativas que han visto en ese derecho fundamental, un obstáculo para el desarrollo de grandes obras en el país.
Durante la elección de los 576 delegados que podrán participar y deliberar en este espacio, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo dijo que se fortalecerá la interlocución entre el Gobierno y las comunidades, para abordar medidas administrativas o legislativas e integrar a estas comunidades en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo.
Esto en cumplimiento de la sentencia T-576 de 2014, ordenada por la Corte Constitucional, que define que todas las organizaciones negras, afro, palenqueras y raizales tienen derecho a su representación en el órgano donde deben ser consultados los proyectos (legislativos o administrativos) que las involucren.
No en vano, el Gobierno busca acelerar la consultiva con la comunidad afro, pues la falta de protocolarización para los procesos han frenado iniciativas en el sector minero, ambiental, energético, de infraestructura e hidrocarburos.
Otra ley
El vicepresidente Germán Vargas aseguró que para regular las consultas previas presentará el 15 de marzo un proyecto de Ley Estatutaria al Congreso de la República, “para poner claro el tema”.
La ministra de Transporte, Natalia Abello, dijo que lo que le preocupa al Gobierno “no es la consulta a la comunidad, sino la indefinición de los términos, porque eso trae el retraso de unos programas o en algunos casos, cuando los retrasos son muy grandes, unos costos económicos muy altos para el Estado. Lo que buscamos con esto es tener mucha más precisión”.
El proyecto, en esencia, buscará regular tiempos, convocatorias, interlocutores, así como determinar montos máximos en los pagos a gestores y asesores que el Gobierno debe girar para que acompañen a las comunidades en todo el proceso de consultas.
Tan solo en materia de transporte, el aval de las comunidades será fundamental para el cierre financiero de 2015 y para el éxito de la cuarta generación de concesiones viales, cuya inversión superará los $ 48 billones.