Tumban ‘micos’ de indultos a la “primera línea” y de sometimiento a narcobandas
Estaban en la reforma a la Ley de Orden Público y la intención es salvarla. Gobierno cedió ante la polémica.
Cazador de historias. Futbolista frustrado: me tocó gambetear con las palabras.
Los micos para que condenados por cometer delitos en medio de las protestas podrían recibir indulto y con le daban al presidente Gustavo Petro facultades para diseñar a su antojo la ley de sometimiento de narcobandas se cayeron. El Gobierno, en cabeza del ministro del Interior, Alfonso Prada, notificó este domingo que los polémicos artículos –incluidos en la reforma de la Ley de Orden Público– serán retirados de la discusión en el Congreso.
“Nuestro gobierno sabe escuchar. Ante diversas voces críticas, hemos retirado del trámite de la ley 418/97 artículos sobre facultades presidenciales relacionadas con sometimiento a la justicia y excarcelación de personas injustamente procesadas por participar en la protesta social”, confirmó Iván Cepeda, senador de la coalición de Gobierno.
Con esto, el gobierno cierra la posibilidad de que las personas procesadas o condenadas por delitos cometidos durante el paro nacional recibieran el indulto del presidente Petro. Ese artículo, junto al de las facultades especiales, tenía en riesgo la cirugía a Ley de Orden Público, una iniciativa clave para sentar las bases jurídicas de la llamada “paz total”. Los artículos retirados son los 16 y 17, en los que se planteaba, además, que los indultados se convirtieran en gestores de convivencia.
“Aplaudo la decisión del gobierno de retirar los polémicos artículos sobre facultades al presidente para sometimiento e indulto a primera línea. Sensata actitud q crea un buen clima para continuar discutiendo la ley de orden público”, precisó el senador Humberto de la Calle.
En esa línea se expresó el senador Ariel Ávila, ponente del proyecto de ley, quien había matizado la polémica explicando que los beneficios serían estudiados caso por caso y que no habría preferencia, porque aplicaría para manifestantes y miembros de la Fuerza Pública. Ahora bien, pese a esto, este domingo el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, insistió en que sí se debería liberar a los de la primera línea y nombrarlos gestores de paz.
Pero lo que aún queda pendiente es el artículo que, a través de esta misma reforma legal, les da facultades a entes territoriales para crear nuevos impuestos. En efecto, en la reforma a la Ley de Orden Público está vigente un artículo que les da vida a nuevos cobros a nivel departamental y municipal. Uno de ellos se llamaría “impuesto departamental de seguridad y convivencia ciudadana”, que llegaría en las facturas de servicios públicos, y el otro sería una especie de impuesto municipal que se sumaría al impuesto predial.
“Los departamentos y municipios podrán aportar recursos propios, imponer contribuciones fiscales o recibir donaciones de particulares, destinadas a propiciar y garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana, cuando así se haya previsto en el presupuesto del departamento o municipio”, dice el articulado.
Ahí es clave la expresión “contribuciones fiscales”, pues esa es la manera técnica de nombrar a los “impuestos”.
En todo caso, la reforma entra a segundo debate este lunes y la eliminación de los otros micos, pese al que quedó, puede darle aire.