Consejo de Estado tumbó sanción contra Alejandro Lyons por el cartel de la hemofilia
Durante la administración del exgobernador de Córdoba, se habría orquestado un esquema para desviar más de $7.000 millones de recursos de la salud, en el escándalo conocido como el Cartel de la Hemofilia.
El Consejo de Estado dejó sin efectos la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años que la Procuraduría le había impuesto al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus. La decisión se tomó porque, para el alto tribunal, los tiempos para sancionarlo ya habían vencido.
El exgobernador había sido sancionado por la Procuraduría por hechos relacionados con el pago de servicios de salud a varias IPS durante 2014 y 2015, cuando era gobernador de Córdoba. Según el proceso, el departamento pagó más de $8.286 millones por terapias de rehabilitación sin que existiera un contrato o acuerdo previo que respaldara esos pagos.
El ministerio público consideró que tenía responsabilidad porque, aunque había delegado en la Secretaría de Salud las funciones de contratación y manejo de esos recursos, debía vigilar las actuaciones de sus funcionarios. Por eso, en 2023 le impuso la destitución y una inhabilidad de 10 años. La decisión fue confirmada en segunda instancia en octubre de 2024.
Lyons apeló y cuestionó, entre otras cosas, que se le atribuyera responsabilidad por actuaciones de funcionarios a quienes había delegado esas funciones. También sostuvo que había ejercido vigilancia sobre sus funcionarios.
El caso llegó al Consejo de Estado para que revisara la sanción. El alto tribunal explicó que podía estudiar todo el proceso y determinar si la sanción todavía podía mantenerse o si los tiempos para imponerla ya habían vencido.
En ese trámite, concluyó que debía aplicarse una norma que resultaba más favorable para Lyons. Esa norma establece un plazo de cinco años para que avance este tipo de procesos y señala que, después de la decisión inicial, hay un plazo adicional para que se resuelva la segunda instancia.
En este caso, la primera decisión fue notificada el 28 de agosto de 2023 y la segunda, el 7 de octubre de 2024. Al revisar las fechas y las normas aplicables, el Consejo de Estado concluyó que los tiempos para continuar con el proceso ya habían vencido.
Por esa razón, el alto tribunal decidió que ya no podía aplicarse la sanción por este proceso y tumbó la decisión de la Procuraduría que lo había destituido y dejado 10 años fuera de la función pública.
Sin embargo, este no es el único proceso en el que ha estado involucrado. Lyons fue gobernador de Córdoba entre 2012 y 2015 y la justicia lo ha señalado por haber estado en diversas tramas de corrupción administrativa que desangraron los recursos del departamento.
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En 2018, la Corte Suprema de Justicia lo halló responsable del delito de concierto para delinquir, al liderar una red que desvió aproximadamente $9.000 millones provenientes de las regalías departamentales, fondos que estaban destinados originalmente a proyectos de ciencia y tecnología.
Además, bajo su administración se orquestó un esquema para desviar más de $7.000 millones del sector salud, lo que fue llamado el Cartel de la Hemofilia. Estos recursos fueron pagados a IPS ficticias por tratamientos médicos de pacientes inexistentes, contando con la presunta coautoría del clan político de los hermanos Besaile.
El exmandatario fue una pieza clave para desmantelar el Cartel de la Toga, una organización delictiva dentro de la Corte Suprema, donde magistrados y abogados recibían sobornos para manipular procesos judiciales. Su colaboración permitió procesar a más de 20 personas involucradas en este escándalo. Entre otros procesos.