Petro agita la Constituyente: ¿por qué y cómo defender la Constitución de 1991?
Mientras el presidente Gustavo Petro da pasos para convocar a una Asamblea Constituyente, que acabaría con la Constitución de 1991, aquí están los argumentos para defenderla. 35 años de un pacto que reescribió, para bien, la historia de Colombia.
Colombia está a menos de un mes de decidir quién será su Presidente. Y es claro que Gustavo Petro tiene dos cartas sobre la mesa para mantener su influencia: la primera es hacer elegir a Iván Cepeda como su sucesor o, si falla en ese intento, su apuesta es la Asamblea Constituyente.
Ya están recogiendo firmas y tienen como meta presentarlas el mismo 20 de julio cuando toma posesión el nuevo Congreso de la República. Recoger las firmas no reviste mayor dificultad para un Gobierno que está en funciones, pero no garantiza que automáticamente se convoque la Constituyente.
Por eso vale la pena hacer una radiografía de lo que ha significado la Constitución de 1991 en Colombia, que el próximo 4 de julio cumplirá 35 años, a manera de insumo para tener argumentos para dar el debate.
Petro lleva meses dando pasos para agitar la movilización dentro de las universidades que le daría impulso. Tal vez queriendo replicar que sean los estudiantes los que la promuevan como ocurrió con la séptima papeleta.
Los rectores de las universidades Nacional, Pedagógica, Atlántico, Antioquia y Distrital han lanzado alertas y el proceso ha generado tal tensión que cuando Petro visitó la Universidad Nacional el 5 de mayo de 2026, distintos edificios amanecieron con pancartas en contra de las actuaciones del gobierno, en especial su interés en seguir adelante con el proceso constituyente.
1. Las razones de su nacimiento
La Constitución de 1991 no nació de una victoria militar ni de un golpe de Estado: nació de una papeleta que los estudiantes metieron en las urnas durante las elecciones de marzo de 1990, una iniciativa que el gobierno de César Gaviria —y luego la Corte Suprema— decidió reconocer porque no cabía ignorarla. Era la séptima papeleta. Era el país pidiéndole permiso al país, sin violencia y sin imposiciones, para volver a escribir el contrato social.
Para ese momento Colombia estaba asfixiada. El narcotráfico había puesto una bomba en un avión con 110 pasajeros, había asesinado a tres candidatos presidenciales en menos de un año y había convertido a Medellín en la ciudad con más homicidios por habitantes del planeta. La guerrilla del M-19 había asaltado el Palacio de Justicia y el fuego se había llevado consigo magistrados y expedientes. Las guerrillas controlaban territorios enteros. Colombia estaba ad portas de ser Estado fallido.
En ese contexto de colapso institucional y horror cotidiano, el país decidió darse una segunda oportunidad y cambiar los términos del contrato social que regía al país desde 1881 y por ende ya había cumplido más de 100 años. Colombia hoy tiene retos, pero nunca como los de ese entonces.
2. Petro no estuvo, ¿quiere hacer una para él?
Esa carta política –o contrato social entre los colombianos– se hizo de común acuerdo, nadie estaba tratando de imponer su manera de ver el mundo como ahora parece querer hacerlo Gustavo Petro.
En un experimento sin precedentes se sentaron juntos a diseñar el nuevo país guerrilleros desmovilizados del M-19 y representantes indígenas, liberales y conservadores, académicos y tecnócratas, cristianos y católicos, mujeres y hombres de Estado.
Petro no estaba entre los 73 constituyentes que redactaron la Carta. Cualquiera puede consultar el acta en el archivo del Banco de la República. Antonio Navarro Wolff, uno de los tres presidentes de la Asamblea y su compañero entonces del M-19, lo dejó claro cuando le preguntaron: “Gustavo no fue miembro de la Asamblea Constituyente”. Es decir, ni siquiera se refiere a él como miembro del equipo asesor.
Sin embargo, Petro se lo ha atribuido sin pudor. “Nosotros hicimos la Constitución del 91”, suele decir. Y en su libro autobiográfico afirma que “al desmovilizarse el M-19, en 1990, participó en la Asamblea Nacional Constituyente”.
Es una paradoja que hoy intente destruir aquello que dice haber construido. O tal vez, siente la necesidad de dejar huella en la historia haciendo su propia Constituyente.
3. “Constitución de ángeles”
El texto que produjeron —393 artículos— fue celebrado como uno de los más garantistas del continente. Hasta Gabriel García Márquez, que quiso ser Constituyente pero a última hora no pudo, le puso su toque como corrector de gramática.
La nueva Constitución consagró la tutela como mecanismo de protección inmediata de derechos fundamentales, creó la Corte Constitucional, reconoció por primera vez la diversidad étnica y cultural de la Nación, blindó la independencia de la justicia y del Banco de la República y declaró a Colombia como un Estado Social de Derecho.
No pocos la relacionaron entonces con la Constitución de Rionegro de 1863 —la más audaz del siglo XIX en Colombia—, a la que el francés Víctor Hugo, según una versión nunca del todo comprobada, denominó “una constitución para ángeles”: una carta que en el siglo XIX abolió la pena de muerte, garantizó la libertad de prensa y de conciencia, y confió en la dignidad del hombre con gran generosidad.
Todos esos avances fueron borrados con sangre por la Constitución de 1886, que implicó tres guerras civiles. La primera, la que ganó Rafael Núñez en 1885 y tras la victoria decidió que se debía cambiar la Constitución, para lo cual nombró a dedo a 20 dignatarios, dos por cada estado y le pidió a Miguel Antonio Caro redactarla.
Lo que vino después fue más sangre: la guerra civil de 1895, la Guerra de los Mil Días y la pérdida de Panamá.
La “constitución para ángeles” firmada en Rionegro duró apenas 23 años; la de 1886, impuesta por Rafael Núñez y redactada por Caro, rigió al país durante 105.
La pregunta hoy, cuando Petro e Iván Cepeda agitan una nueva constituyente, es si Colombia está dispuesta a repetir algo de esa historia: cambiar una Constitución que nació del sentir de los jóvenes del país, en la que participaron 73 dignatarios elegidos por voto popular, por una impuesta por un solo sector político y que, como lo hicieron en Venezuela, la composición de sus miembros podría ser excluyente y dirigida por el sector político interesado.
¿Será que Petro quiere repetir la historia? Es decir, ¿cambiar una ‘constitución para ángeles’ (como la de 1863 y como la de 1991) por un siglo más de oscuridad?
4. ¿Qué tan buena es la Constitución del 91?
La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 ha sido reconocida en distintas academias del mundo por haber creado una moderna carta de derechos al tiempo que establecía los mecanismos judiciales idóneos para su protección.
El jurista Rodrigo Uprimny la describe como “un texto lleno de promesas de derechos y bienestar para todos”, con una “vocación transformadora” que apostó a cambiar la sociedad por medio de la deliberación y la participación democrática.
Desde su promulgación, la Carta de 1991 ha servido como referente para otras constituciones de América Latina y es ampliamente estudiada en programas de derecho constitucional, derechos humanos, justicia transicional y teoría del Estado.
La Carta de 1991 fue el mayor rediseño institucional de Colombia en el siglo XX. Cambió la idea misma del Estado: pasó de una democracia muy cerrada, centralista y bipartidista, heredada de la Constitución de 1886, a un modelo más pluralista, participativo y centrado en derechos.
Y hay un logro menos visible pero muy importante: ayudó a cerrar parcialmente un ciclo de violencia política. La Asamblea Constituyente fue posible en medio de negociaciones con grupos insurgentes como el M-19. Muchos sectores vieron la nueva Constitución como un pacto nacional para abrir espacios democráticos y disminuir la exclusión política que había alimentado conflictos armados.
5. La revolución silenciosa en salud
Antes de 1991, ir al médico dependía de si usted tenía trabajo formal o de la caridad del Estado. Los servicios de salud, que antes se prestaban bajo un esquema de beneficencia pública, se convirtieron en un derecho de las personas.
El impacto en números es contundente: Colombia pasó de tener apenas el 23,7 % de población con acceso a salud en 1991 a un 94,6 % de población asegurada en 2017. Para 2022, la cobertura alcanzó el 99 %. En tres décadas, Colombia pasó de dejar a tres de cada cuatro ciudadanos sin cobertura formal a tener aseguramiento casi universal. Eso es lo que significa convertir un privilegio en un derecho.
La Constitución del 91 incluyó el artículo 44, que estableció los derechos de los niños de aplicación prevalente, de ahí nacieron los programas masivos de primera infancia: la tasa de mortalidad infantil cayó de 35,6 por cada 1.000 nacidos vivos en 1990 a menos de 14 en 2020, según el Banco Mundial. Cuando Petro saca pecho porque, según él, ha bajado esa cifra, se le olvida decir que es una tendencia que viene desde hace 35 años, de la Constitución y del Sistema de Salud que él intenta cambiar.
Quizás ningún invento jurídico ha tenido tanto impacto cotidiano en la vida de un colombiano como la tutela. Antes de 1991, cuando el Estado le negaba un medicamento, cerraba un colegio o ignoraba una petición, el ciudadano no tenía cómo responderle. La tutela cambió esa ecuación de poder.
Desde 1992 hasta octubre de 2025 se habían radicado más de 11 millones de acciones de tutela. Mientras en 1992 se presentaron algo más de 57.000; para 2024 la cifra superó las 910.000 anuales. Esos millones de acciones son, cada una, una historia en la que alguien ordinario decidió que tenía derechos y fue a exigirlos.
7. Cuando el dinero dejó de quemarse
Durante décadas, la inflación fue en Colombia un impuesto invisible que empobrecía a los asalariados y destruía el ahorro popular. Durante buena parte del siglo XX el país presentó picos inflacionarios en un rango entre el 30% y el 45% anual. La Constitución del 91 tomó una decisión de fondo: le dio independencia al Banco de la República y le prohibió financiar el déficit del gobierno con emisión de dinero.
Los resultados hablan solos: cuando el Banco de la República estrenó su independencia con la Constitución de 1991, la inflación se ubicaba en 31,98%. Hoy, tras crisis, reformas y una pandemia, se sitúa en 5,29%. Una diferencia de casi 27 puntos porcentuales que se traduce en poder adquisitivo real para millones de familias colombianas.
8. Del bipartidismo vitalicio a la democracia
La Constitución de 1886, blindada por el Frente Nacional, reservó el poder durante décadas a liberales y conservadores. Los colombianos no elegían alcaldes ni gobernadores. Las minorías no tenían voz en el Congreso. La política era un club cerrado.
La Carta del 91 incentivó la democracia participativa y la descentralización, lo que se tradujo no solo en la posibilidad de elegir alcaldes y gobernadores popularmente, sino también en crear mecanismos para proteger a las minorías étnicas.
Además de eso, introdujo herramientas inéditas de participación ciudadana: el referendo, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto y la iniciativa legislativa ciudadana. Colombia dejó de ser una democracia de representación para intentar convertirse, al menos en el papel, en una democracia de participación. Es decir, está escrito, basta con ponerse en práctica.
9. El reconocimiento étnico
La ley 89 de 1890, vigente bajo la Constitución de 1886, denominaba literalmente “salvajes” a los pueblos indígenas. Un Estado confesional y monocultural que aspiraba a crear un único sujeto colombiano: blanco, hispanohablante y católico.
Constitucionalmente, los grupos étnicos se convirtieron en sujetos de derechos desde 1991 y se reconoció a los pueblos originarios como actores políticos, con derecho al autogobierno, la autonomía de sus autoridades tradicionales y su relación con el territorio.
Gracias a la circunscripción especial creada por la Constitución, los indígenas tienen dos representantes para el Senado y uno para la Cámara. Colombia alberga 87 pueblos indígenas que hablan 64 lenguas amerindias —una riqueza que hoy el Estado tiene la obligación constitucional de proteger, en lugar de borrar.
10. Creación de Fiscalía, Corte Constitucional, Defensoría
Colombia en 1990 no tenía Fiscalía General de la Nación. No tenía una Corte Constitucional que revisara si las leyes respetaban los derechos ciudadanos. No tenía Defensoría del Pueblo. El andamiaje institucional para proteger a los más vulnerables era mucho más frágil.
La Constitución del 91 creó la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, y restringió el uso de los estados de excepción, que antes eran la herramienta predilectas de los gobiernos para gobernar por decreto.
Desde entonces, la Corte Constitucional colombiana ha dictado sentencias que son referencia en toda América Latina sobre aborto, eutanasia, matrimonio igualitario y derechos de las víctimas del conflicto.
11. Deudas de la Constitución del 91
Hay deudas pendientes, como la de bajar aún más la violencia. Si bien se ha logrado bajar los homicidios de 86 por cada 100.000 habitantes a 25 entre 1991 y 2025, aún es un problema que gravita en el país.
Pero el problema no está en la Constitución ni en la letra de ella, está tal vez en los funcionarios que la aplican sin rigurosidad y en los ciudadanos que debemos hacernos más responsables de cumplirla y hacerla cumplir.
Como dijo el jurista Mauricio Gaona: “Cuando un presidente quiere cambiar la Constitución porque no le permite hacer lo que desea, al que hay que cambiar es al presidente”.