Modus operandi en caso MinTIC se habría repetido en proyecto de la cárcel Bellavista
Iba a ser médico, pero me volví periodista. Me gusta debatir y hablar mucho y de todo. Creo que la información es un patrimonio inmaterial y público.
Jorge Alfonso Molina, salpicado en los líos de Centros Poblados, es el representante legal de una de las empresas que tuvo participación indirecta en un contrato de 16.790 millones de pesos.
Los implicados en el escándalo del contrato firmado por el Ministerio de las TIC y Centros Poblados siguen siendo vinculados a supuestas irregularidades en otras obras públicas. Esta vez se conoció que uno de los testigos claves de la Fiscalía en ese caso, Jorge Alfonso Molina, estaría involucrado en un contrato para realizar trabajos de construcción en la cárcel de Bellavista.
La licitación para ejecutar el proyecto, que costaba unos $16.790 millones y buscaba crear 514 cupos nuevos, fue abierta por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que acabó entregándole el contrato al consorcio Bellavista 2021, del cual hacen parte las empresas JP Servicios S.A.S. y Proyectos y Desarrollos de Infraestructura S.A.S.
En ese centro penitenciario se adelantaba una obra para mejorar la infraestructura y reducir el hacinamiento. Entre otras cosas, se buscaba construir el pabellón cuatro y algunas “áreas complementarias”, según reza el contrato firmado por la Uspec y los contratistas.
De acuerdo con la emisora ‘W Radio’ otra empresa llamada CM Construcciones Mantenimiento tiene una participación del 80 % en la firma Proyectos y Desarrollos de Infraestructura S.A.S. El medio anotó que Jorge Alfonso Molina funge como representante legal de la empresa CM Construcciones Mantenimiento y que en el proceso de adjudicación del contrato se habrían cometido algunas irregularidades.
Al parecer, en noviembre del año pasado Proyectos y Desarrollos de Infraestructura S.A. le habría enviado un documento financiero falso a la Uspec. Este era un certificado del Banco Itaú, que pretendía demostrar que la empresa tenía un cupo de endeudamiento de $1.720 millones.
Según la investigación de ‘W Radio’, el director de la Uspec, Andrés Díaz, firmó un documento con fecha del 13 de enero pasado en el cual informó que el banco Itaú señaló que el certificado presentado por Proyectos y Desarrollos de Infraestructura S.A. era falso.