Inédito: Corte decidirá pleito de indígenas contra bonos de carbono
Es un proyecto de compensación ambiental en Vaupés, donde una comunidad reclama respeto por su autonomía.
Periodista con cinco años de experiencia en medios de comunicación.
Un grupo de 17 comunidades indígenas del Vaupés está a la espera de que la Corte Constitucional decida sobre una tutela que interpusieron contra dos empresas y otras entidades por, presuntamente, irrespetar y desconocer las autoridades nativas para implementar un proyecto de compensación ambiental. Los argumentos con los que chocan las dos partes muestran un escenario difuso para esos proyectos y el debate entre la protección étnica y un mercado ambiental que divide opiniones por su efectividad y alcance.
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Se trata de los bonos de carbono, conocidos como proyectos REDD+, que buscan reducir emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal. En Colombia, según datos del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, existen 51 de estos proyectos solo en la región amazónica, que comprende los departamentos de Guainía, Vaupés, Guaviare, Amazonas, Caquetá y Putumayo (ver recuadro).
El pleito legal que emprendieron el Consejo Indígena del Pirá Paraná y la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná es inédito en el país. Según el centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia, es la primera vez que la Corte Constitucional “emitirá una sentencia por un conflicto relacionado con un proyecto de bonos de carbono y el ejercicio del gobierno propio de los pueblos indígenas”. Lo cual, en términos de sentar precedentes jurídicos, puede tirar línea sobre el futuro de un mecanismo de compensación ambiental, que es defendido como una herramienta fuerte para la reducción de gases de efecto invernadero en el mundo.
La herramienta de los bonos
La base de estos bonos de carbono es la compensación. Como lo explica el coordinador de la iniciativa de Ambiente del Centro de Valor Público de la Universidad Eafit, Carlos Cadena, “las empresas y personas tienen la posibilidad de comprar los bonos para compensar las emisiones de dióxido de carbono que generan”, cuya forma más común de ejecutarse es “con la reforestación en bosques, pues es la actividad más medible”.
Es decir, una empresa compra bonos de carbono para compensar tal número de emisiones que generó o generará por la actividad que lleve a cabo y, a cambio, llevará a cabo, por ejemplo, un proyecto de reforestación, con nuevos árboles que absorberán las emisiones que, de alguna manera, van a emitir. Un toma y dame.
Su eficacia es definida por Cadena como positiva según evidencia científica, aunque recalca que el debate sobre los bonos de carbono ha tendido a que no es suficiente “compensar, sino evitar las emisiones de CO2”.
La pelea que dirimirá la Corte
En ese sentido, las empresas Soluciones Proambiente y Masbosques –demandadas por el consejo indígenas Pirá Paraná– suscribieron sendos contratos en octubre de 2020 y marzo de 2021 para el desarrollo de un proyecto REDD+ que involucra a 37 comunidades indígenas, que involucraba al presidente de la Asociación de capitanes y autoridades tradicionales indígenas ACAIPI.
Sin embargo, en la tutela que revisa la Corte, los representantes del Pirá Paraná argumentan que Masbosques “realizó una maniobra fraudulenta para autorizar el proyecto por medio de un contrato de mandato con un antiguo representante legal de ACAIPI, cuyas funciones dentro del gobierno propio no estaban vigentes”. Para ellos, con esto “violaron los derechos fundamentales del Pirá Paraná e inobservaron sus deberes de debida diligencia”.
Entre tanto, las dos compañías se defienden, según expresaron en un pronunciamiento enviado a EL COLOMBIANO, aduciendo que desconocían que las comunidades, “con el apoyo de la fundación GAIA AMAZONAS, venían trabajando en la construcción de la figura del consejo indígena”. Y agregan que ese consejo “no está en funcionamiento” debido a que “no ha terminado de agotar” todas las etapas de conformación, según la normatividad vigente.
Sin ir más lejos, la decisión de la Corte Constitucional dará luces sobre la línea entre la autonomía y el gobierno propio de los indígenas del Vaupés (en donde el 81,7 % de la población es indígena) y la implementación de los proyectos de compensación ambiental en estos territorios. Sin duda, marcará un precedente para el futuro en ambos aspectos y pondrá a prueba la legislación de protección de los pueblos ancestrales.
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¿Qué dice Dejusticia sobre el caso?
Este centro de estudios, a petición de la Corte, entregó un concepto sobre la tutela. En este expresó que “el Estado colombiano no cuenta con instrumentos claros para evitar la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas ante la implementación de proyectos que afectan sus territorios, relaciones y formas de gobierno”.
Además, resaltó que “los efectos del cambio climático agravan las desigualdades ya existentes de territorios indígenas como el del Pirá Paraná, pero para desarrollar proyectos que ayuden a mitigar esos impactos debe haber respeto al derecho propio de estas comunidades”.
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