Colombia

¿Qué sigue en el caso Miguel Uribe tras fallo que obliga a la UNP a disculparse con la familia?

La Corte Constitucional cuestionó la forma en que el gobierno de Gustavo Petro habló del magnicidio.

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Comunicadora social y periodista de la Universidad del Quindío, con más de 13 años de experiencia en cubrimientos judiciales y de orden público. Trabajó en Colmundo Radio, Colprensa y Caracol Radio Bogotá, cubriendo la Procuraduría, Altas Cortes, juzgados y la Defensoría, entre otros temas. También trabajó en Caracol Radio Medellín y como coordinadora de comunicaciones en la Alcaldía de Medellín (2021-2023). Actualmente hace parte del equipo de periodistas en la sección de actualidad de El Colombiano.

hace 7 minutos

El Gobierno de Gustavo Petro se descachó en el manejo público que le dio al caso del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay y ahora deberá ofrecer disculpas a su familia.

Esa es una de las principales conclusiones de un fallo sin precedentes que, por primera vez desde que ocurrió el atentado, cuestiona de fondo la manera como las autoridades manejaron públicamente información relacionada con el caso, especialmente desde la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Desde que ocurrió el crimen, ninguna autoridad en el país se había referido de fondo a esos pronunciamientos, varios de los cuales fueron cuestionados por la familia por considerar que terminaban revictimizándola.

Eso cambió ayer, cuando la Corte Constitucional le dio un duro jalón de orejas al entonces director de la UNP, Augusto Rodríguez, por la manera como manejó públicamente información relacionada con el esquema de seguridad del entonces precandidato presidencial.

Cuando Miguel Uribe fue atacado a tiros, el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito de Bogotá, durante un evento político, su familia tuvo que ver cómo desde el Gobierno Petro casi que se intentaba poner la responsabilidad del hecho sobre el propio senador, mientras se buscaba desviar la atención de las responsabilidades que podían tener las autoridades a cargo de su seguridad.

“Hay testimonios de los escoltas que muestran cómo el doctor Miguel Uribe, lamentablemente, hizo algunas orientaciones que debilitaron su esquema de seguridad”, dijo para la época Rodríguez, como director de la UNP.

En varias ocasiones, Rodríguez atendió entrevistas en las que se defendía y, al mismo tiempo, señalaba decisiones que, según él, había tomado Uribe y que habrían terminado afectando su seguridad.

“Migue Uribe tomó decisiones que debilitaron su seguridad y que fueron equivocadas. Él decide, junto con su jefe de seguridad, fraccionar el esquema de protección y extenderlo a su familia. Ordena que unos hombres se queden con su familia y otros con él. Eso no se debe hacer”, dijo en entrevista con El País de España.

Esas declaraciones provocaron la indignación de la familia, especialmente de María Claudia Tarazona, esposa del senador, quien decidió acudir a la justicia mediante una tutela para pedir la rectificación de lo dicho por el funcionario.

Y ahí fue donde llegó el fuerte pronunciamiento de la Corte.

El alto tribunal concluyó que Rodríguez pasó los límites que tenía por razón de su cargo. No solo expuso públicamente información que debía mantenerse bajo reserva, sino que además se refirió a decisiones relacionadas con la intimidad de la familia de Miguel Uribe.

“Las declaraciones fueron una exposición injustificada e irrazonable sobre aspectos sometidos a reserva y sobre las decisiones internas surgidas en el ámbito íntimo de la familia. Para la Sala, el exfuncionario incurrió en una falta a los deberes especiales que se le imponían en la emisión del discurso oficial dadas sus funciones”, sostuvo la Corte.

Pero también, advirtió la corporación, que algunas de las afirmaciones hechas por Rodríguez sobre la coordinación del esquema de seguridad eran inexactas. Entre otras cosas, porque desconocían que Miguel Uribe era miembro de la oposición política y las dificultades que existían para garantizar su protección.

Con ese análisis, el tribunal determinó que también fueron afectados los derechos a la honra, el buen nombre y la memoria del exsenador.

En ese sentido, le ordena a la UNP ofrecer disculpas públicas a la familia de Miguel Uribe, en una rueda de prensa de alcance nacional y con convocatoria a medios públicos y privados.

Además, la entidad tendrá un mes para actualizar sus protocolos internos y dejar claro qué información sobre los esquemas de protección debe mantenerse en reserva, especialmente aquella relacionada con la vida familiar de las personas protegidas.

También deberá responder de manera completa y de fondo la solicitud de rectificación presentada por María Claudia Tarazona y adoptar las medidas necesarias para evitar una nueva revictimización de ella y de su familia.

La Corte encontró que la respuesta que Rodríguez había dado a esa petición fue apenas formal. No respondió de fondo ni negó de manera clara la rectificación solicitada, sino que se limitó a señalar que el asunto sería considerado ante otras autoridades y que tendría que ser definido judicialmente.

Llamado a respetar a la oposición

En esa misma decisión, la Corte aprovechó para hacer una fuerte reflexión sobre la manera como desde el Estado se habla de quienes hacen oposición política.

El mensaje advierte que el Estado también tiene que garantizar que quienes piensan distinto puedan ejercerla sin ser señalados como una amenaza.

“Una democracia robusta requiere que el Estado no solo proteja formalmente el derecho a la oposición, sino que intervenga activamente en la desarticulación de las estructuras narrativas que consideran la discrepancia política como una amenaza y que niegan la existencia del contradictor, catalogándolo como enemigo”, señala la Corte.

A un año del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, todavía hay muchas preguntas alrededor del crimen que siguen sin respuesta. Aunque la mayoría de los autores materiales ya fueron capturados, aún es un misterio quién estuvo detrás del asesinato y, sobre todo, quién dio la orden de matarlo.

Tampoco está resuelto si hubo o no omisiones en su esquema de seguridad. De hecho, esta misma semana el Tribunal Militar revivió la investigación contra el jefe de escoltas de Uribe por una posible omisión antes del atentado.

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El proceso se concentra específicamente en una posible conducta de prevaricato por omisión, relacionada con un eventual incumplimiento o retraso en las gestiones para garantizar la protección del senador durante el evento público en el que fue atacado a tiros.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué ordenó la Corte Constitucional a la UNP pedir disculpas a la familia de Miguel Uribe Turbay?
La Corte concluyó que el exdirector de la UNP, Augusto Rodríguez, excedió sus funciones, reveló información confidencial sobre la intimidad familiar del exsenador y realizó afirmaciones inexactas que revictimizaron a sus allegados y vulneraron sus derechos al buen nombre, la honra y la memoria.
¿Qué fue lo que dijo Augusto Rodríguez sobre el esquema de seguridad de Miguel Uribe?
Rodríguez afirmó públicamente que Uribe tomó decisiones equivocadas que debilitaron su seguridad, sosteniendo que el congresista y su jefe de seguridad fraccionaron el esquema de protección para extenderlo a sus familiares durante la campaña política.
¿Quién interpuso la tutela contra el exdirector de la UNP, Augusto Rodríguez?
La acción de tutela fue promovida por María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, para solicitar la rectificación de los señalamientos emitidos por la entidad y proteger los derechos de su familia.