Corte Suprema baja el pulgar a proyecto de MinJusticia para someter bandas armadas
El Gobierno de Gustavo Petro presentó un proyecto de ley busca procesar a las estructuras de crimen organizado que participen en las mesas de la política de “paz total”.
La magistrada Myriam Ávila Roldán, en representación de la Corte Suprema de Justicia, emitió voto desfavorable frente a la viabilidad del proyecto de ley propuesto por el Ministerio de Justicia para someter a integrantes de grupos armados ilegales, mediante tratamiento penal diferenciado.
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Roldán, como presidenta de la Sala de Casación Penal de la Corte, asistió a la sesión del Consejo Superior de Política Criminal en el que se discutió el borrador de la iniciativa. Esta también establece las “reglas de colaboración eficaz para el sometimiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, financiadores, colaboradores y otros, para la consolidación de la paz”.
La institución señaló que no apoyó el proyecto en razón a que “el contenido de la propuesta no ha tenido aún una suficiente discusión y deliberación. Igualmente, consideró que se trata de un tema muy delicado para el país que necesita mayores consensos y un análisis más reposado dado los impactos que puede tener en términos de política criminal”.
En ese sentido, expresaron que tras revisar el documento y los motivos no encontraron una justificación “debidamente sustentada” de los desafíos operacionales y el impacto fiscal de la propuesta.
Así mismo, señalaron que el borrador asigna responsabilidades significativas a la rama judicial penal ordinaria (FGN y jueces penales del país) y “no es suficientemente claro en relación con los recursos y la metodología de implementación para atender las necesidades que acarrea la propuesta”.
“La exposición de motivos no da cuenta de diálogos previos o acercamientos con la judicatura para discutir las posibilidades materiales y los retos administrativos que surgirían de implementarse el articulado”, señaló un comunicado de la Corte Suprema.
El alto tribunal fue enfático en que si bien existe un marco legal con la Ley 2272 de 2022 —que definió los lineamientos generales de la política de Paz Total como una política de Estado— se requiere mayor justificación respecto a la insuficiencia de los modelos normativos existentes para satisfacer los fines que persigue la proposición y “explicar por qué la normatividad existente no resulta idónea o eficaz para la búsqueda de la paz en las condiciones propuestas en el borrador de proyecto de ley”.
“La inconveniencia de combinar, en una iniciativa que construye un modelo de justicia transicional, asuntos propios de la justicia ordinaria, y adicionalmente, temas de seguridad ciudadana como el procesamiento de personas judicializadas por conductas cometidas en el marco de disturbios públicos o en el ejercicio del derecho a la protesta social”, concluyó la Corte.
Puede ver, El detrás de cámara del “tarimazo” de Petro con los capos en Medellín:
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