Corte Suprema condena a 11 años y medio de cárcel al excongresista Musa Besaile
El alto tribunal determinó que Besaile hizo parte de una red que se repartió el control burocrático de Córdoba y desvió los recursos públicos del Sistema General de Regalías (SGR).
La Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador Musa Besaile a la pena de 11 años y medio de cárcel por su vinculación con el desfalco a las regalías en Córdoba durante la gobernación de Alejandro Lyons.
Durante las elecciones regionales de 2011, Besaile —junto con el también exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías— fue el principal músculo político y financiero que llevó a Alejandro Lyons Muskus a la Gobernación de Córdoba (para el periodo 2012-2015).
A cambio de este respaldo, establecieron un acuerdo ilícito previo a la elección: repartirse el control burocrático del departamento y desviar los recursos públicos del Sistema General de Regalías (SGR) para enriquecer a sus estructuras políticas.
La Sala Especial de Primera Instancia emitió la sentencia bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000 tras acogerse a una sentencia anticipada, se da por su responsabilidad directa en el entramado de corrupción que desvió millonarios recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en el departamento de Córdoba.
Besaile Fayad aceptó los cargos que lo señalan como coautor de concierto para delinquir agravado, interviniente en peculado por apropiación agravado y cómplice en contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
Sin embargo, el alcance de la decisión judicial va más allá del desfalco regional: la investigación dejó en evidencia que esta red criminal operó de manera sistemática como el engranaje financiero o “caja menor” destinado a corromper a magistrados de la misma Corte, en lo que históricamente se conoció como el ‘Cartel de la Toga’.
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El pacto político-burocrático de 2011
Los hechos que originan esta condena se remontan a la campaña de las elecciones regionales del año 2011.
Según los elementos probatorios que la Corte estudió, Musa Besaile —en alianza con el también exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías— se constituyó en el principal motor político y financiero que impulsó la elección de Alejandro Lyons Muskus como gobernador de Córdoba para el periodo constitucional 2012-2015.
Este respaldo, no obstante, no fue gratuito. La Corte determinó la existencia de un acuerdo ilícito previo a los comicios, diseñado expresamente para asegurar la captura institucional del departamento una vez Lyons asumiera el cargo.
El pacto criminal contemplaba la división equitativa del control burocrático de las secretarías de despacho y la posterior manipulación de la contratación pública.
Una vez consolidado el gobierno de Lyons, el acuerdo se materializó mediante el nombramiento de fichas políticas de las estructuras de Besaile en dependencias estratégicas, tales como la Secretaría del Interior y Participación Ciudadana, la Secretaría de Infraestructura y la dirección del Plan Departamental de Aguas.
Desde estas posiciones, “la organización criminal coordinó la adjudicación irregular de contratos financiados” con los recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
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El modus operandi consistía en pactar comisiones ilegales con los contratistas beneficiados, exigiendo sumas de dinero que eran divididas en partes iguales entre los líderes de la red.
De acuerdo con el expediente judicial, las proyecciones de esta defraudación de fondos públicos no solo buscaban el enriquecimiento ilícito de las estructuras políticas particulares, sino también asegurar la financiación de las siguientes campañas electorales para prolongar de manera indefinida su hegemonía y liderazgo político en la región caribe.
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