“La Constitución del 91 sigue siendo un gran pacto social”: presidente de la Corte Suprema

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, estuvo en Medellín para participar en un evento sobre las Reglas de Brasilia, una hoja de ruta judicial que busca que el acceso a la justicia no sea solo formal, sino realmente efectivo para los ciudadanos.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el magistrado habló sobre los principales desafíos del sistema judicial colombiano: el hacinamiento carcelario, la congestión en los despachos, la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, las extradiciones, la presión mediática sobre los jueces y el papel de la Corte en medio de un país polarizado.

Lenis fue enfático en que la respuesta del Estado no puede reducirse a construir más cárceles ni a aumentar penas como fórmula automática contra el delito. Para el magistrado, Colombia debe revisar su política criminal, fortalecer los mecanismos de terminación anticipada de procesos y enfrentar lo que llamó el “populismo punitivo”.

También defendió la vigencia de la Constitución de 1991, resaltó el valor de la tutela como herramienta ciudadana y pidió que las diferencias entre las ramas del poder público se tramiten dentro del respeto institucional.

La Constitución de 1991 cumple 35 años. ¿Qué opina de una posible constituyente ahora que el país entra en campaña?

“La Constitución de 1991 tiene los mecanismos establecidos para que pueda ser reformada. Es una posibilidad contemplada. Pero, al margen de ello, creo que la Constitución representa un gran pacto social que nos permitió salir de una crisis y nos marcó pautas para avanzar.

Sigue siendo un acuerdo muy válido que nos marca una ruta para seguir materializando derechos. Como lo establece la misma norma, puede ser reformada. Si usted revisa, la Constitución ha tenido múltiples reformas. La misma Constitución plantea una forma flexible de hacerle ajustes.

Yo creo más en que es probable que haya que hacer ajustes a la Constitución sin necesidad de cambiarla. No es un obstáculo para lograr igualdad social y equidad si existe la voluntad para hacerlo”.

¿Sigue siendo una Constitución de vanguardia en América Latina?

“Totalmente. Tiene muchas instituciones y valores que dan soporte al sistema democrático. Algunos dirán que no al ritmo que se desea, pero sí nos ha permitido avanzar mucho.

Mire un solo mecanismo: la acción de tutela. La evidencia muestra cómo le ha permitido a muchas personas de todo el país tener un mecanismo expedito, ágil y rápido para materializar sus derechos”.

En un país polarizado, con tensiones entre poderes, ¿cuál es el papel de la Corte Suprema de Justicia?

“Nosotros hemos destacado que la Constitución establece competencias específicas para cada rama del poder público. Pero también establece un mandato: debe haber trabajo armónico y colaboración entre todas las ramas y entidades.

Ese diálogo institucional debe darse dentro de los cauces del respeto. Es bienvenido el debate, pero las decisiones deben tomarse dentro de las competencias de cada uno. Si trabajamos armónicamente, quien se beneficia es la ciudadanía. A la gente le interesa que haya un Estado que funcione, que lo sienta de su lado resolviendo los problemas del día a día. No importa que haya diferencias; lo importante es que haya un debate respetuoso donde primen los argumentos”.

¿Cree que hay una tensión entre el Ejecutivo y la Rama Judicial? ¿Cómo juzga esa relación en estos cuatro años?

“Insistiría en lo mismo. Al margen de estas situaciones, siempre debemos tratar de trabajar armónicamente dentro de los cauces del respeto”.

El abogado Mauricio Gaona habla de una captura de los poderes del Estado en un contexto mundial. ¿Cree que eso pasa en Colombia o que hay riesgo de que pase?

“Yo creo que cada rama tiene muy definidas sus funciones y lo importante es que ningún poder trate de tomar un poder mayor sobre los demás o de menguarlo. Desde la Rama Judicial venimos cumpliendo con nuestro trabajo, defendiendo la independencia judicial y tomando las decisiones que corresponden en el marco de la Constitución y de la ley. Tratamos de sustraernos de todo ese tipo de debates y simplemente cumplir con nuestra función”.

¿Qué opina del hacinamiento carcelario y de la idea de construir más cárceles?

“El hacinamiento es una preocupación legítima y un problema estructural. La Corte Constitucional ha hecho un trabajo enorme con el seguimiento al estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario. Hace quince días tuvimos una reunión interinstitucional en la Corte Suprema con la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría y el alcalde de Bogotá, como presidente de Asocapitales. Se necesita voluntad política para enfrentar el problema de raíz.

Entre las conclusiones están fortalecer las brigadas jurídicas y mejorar los sistemas de información. Es urgente revisar la política criminal y articularla con la política de seguridad. Hay que evitar que las personas estén en sitios transitorios, como estaciones de Policía. En esa reunión se detectó que 496 personas en esos lugares ya estaban condenadas y deben ser trasladadas a cupos carcelarios definitivos”.

¿Colombia necesita construir más cárceles?

“Yo creo que ese es un punto importante. La eficacia de un sistema judicial o de un sistema penal no se mide por el número de condenas ni por el número de personas detenidas en una cárcel. La Sala de Casación Penal ha venido destacando desde hace un tiempo que tenemos que contrarrestar el populismo punitivo.

Tenemos la idea de que, en todas estas controversias que se presentan, todo el mundo tiene que ir a la cárcel y pagar una condena alta. Eso no disuade a los delincuentes. Que haya una condena alta no disuade. A ese ritmo nunca habrá suficientes cárceles para meter a todos allá. Lo que creo es que la política criminal debe ser revisada.

Por supuesto, hay ciertos delitos o conductas contra bienes jurídicos tutelados que implican una medida intramural, pero no en todos los casos hay que llevar a las personas a una cárcel por estar condenadas”.

¿Entonces qué significa revisar el populismo punitivo?

“Hoy se debe trabajar mucho en que algunas conductas puedan ser resueltas de forma eficaz. Los allanamientos, los preacuerdos y la reparación integral serían muy importantes en ciertos tipos de delitos, y eso también hace eficaz un sistema judicial.

Los estudios han evidenciado que son más efectivas las penas no tan grandes, pero que se cumplan. Eso sí disuade más al delincuente. Al delincuente no le importa el número de años; lo que sí lo puede disuadir es que haya una justicia que funcione y que le pueda aplicar una sanción, así no sea de tantos años. Eso disuade más que la idea errada de que tener penas altas detiene a los delincuentes.

Lo que se necesita es que las penas establecidas, así no sean tan altas, sean efectivas y se cumplan”.

Cuando se habla de que las penas se cumplan, también se habla de que las cárceles funcionen como cárceles.

“Esa es una revisión de la política carcelaria. Las cárceles tienen unas finalidades y lo importante es que se puedan cumplir esos objetivos, respetando la dignidad de las personas y sus derechos. A un detenido en la cárcel hay que respetarle su condición humana, pero las cárceles deben, en ese marco de respeto y dignidad, cumplir con los objetivos y con las normas establecidas en la política carcelaria”.

¿Cómo va el tema de las extradiciones? ¿Han tenido presiones alrededor de esas decisiones?

“Las extradiciones tienen un trámite judicial previo y luego un trámite administrativo que corresponde al Presidente de la República. En la primera fase, que es la judicial, nosotros estamos al día. Hemos tomado las decisiones que se han sometido al análisis de la Sala. No se ha percibido ningún tipo de presión de ninguna índole.

Cuando cumplimos el trámite y se da un concepto favorable, corresponde al señor Presidente decidir si la hace efectiva o no”.

Los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes son una deuda de la justicia. Esta semana la Corte condenó a dos hermanos, uno de ellos excongresista. ¿Por qué es difícil impartir justicia en estos casos?

“No puedo darle un número estadístico exacto en este momento, pero por información de la Sala Penal, el número de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es muy alto. Es de los mayores volúmenes que resuelve la Sala día a día.

Como sociedad deberíamos reflexionar sobre eso, porque los entornos que debieran ser los más seguros terminan siendo los más inseguros. Por lo general, estos actos son realizados por un familiar: el abuelo, el padrastro, un tío o un amigo cercano. Los niños están siendo desprotegidos.

Vuelvo a insistir: esos hechos hay que llevarlos al proceso para que se vuelvan una verdad probatoria y los jueces puedan fallar. A veces hay asuntos que lamentablemente no se logran probar”.

¿Casos como la mutilación genital femenina están enmarcados en esa misma preocupación?

“Podemos mirar, pero también hay evidencia de muchos casos de violencia intrafamiliar y feminicidios. Son distintas manifestaciones de violencia que tienen un crecimiento importante en las causas penales”.

El caso Colmenares fue uno de los primeros grandes casos mediáticos del país, atravesado incluso por las redes sociales. ¿Qué tan difícil es para un juez abstraerse de la presión de los medios y de la sociedad?

“Yo creo que ese caso es todo lo contrario. La presión mediática pudo haber existido, pero cuando usted mira las decisiones en las distintas instancias y en el recurso de casación, lo que importa es lo que se pueda probar en un proceso.

Al margen de las presiones mediáticas, ese proceso dio cuenta de lo que se hizo en la investigación y de las decisiones que tomaron los jueces. Justamente en el recurso de casación se ve que estuvo por fuera de esas presiones.

¿Qué importa en un proceso? Que la verdad de los hechos pueda ser llevada a lo que los abogados llamamos la verdad procesal. Si la verdad de los hechos no puede ser llevada al proceso, se puede presentar un déficit probatorio. Entonces los jueces tienen que fallar con lo que se logre probar.

Al final, la tesis del caso de la Fiscalía no pudo ser probada en el proceso y los jueces toman la decisión con lo que se logra establecer”.

¿La justicia está con las víctimas o con la verdad jurídica?

“La justicia está con la verdad y con lo que se logre probar en el proceso, porque en ocasiones sí pasa que la verdad de los hechos no se logra probar. En materia penal a veces sucede eso, como en cualquier otra área del derecho”.

¿La presión mediática puede incidir en las decisiones judiciales?

“Uno puede entender que el juez no está en una urna de cristal, separado de distintos tipos de presiones. Pueden ser de distintos tipos. Sin duda alguna puede haber presión mediática. Los medios de comunicación o, hoy en día de forma más amplia, las plataformas digitales y las redes sociales, generan esa presión.

Pero que eso en la práctica incida en la decisión es otra cuestión. Lo ideal es que no. Ese es uno de los principios éticos más importantes en la administración de justicia: que el juez, a pesar de que eso exista, pueda separarse de ello y tomar las decisiones como corresponde.

Lo que un juez debe garantizar en un proceso es que se dé el debate frente a los argumentos y frente a una controversia judicial; que eso se debata, que se justifique una posición y que se decida conforme a los lineamientos establecidos en la Constitución y en la ley.

Si el juez hace eso, eso es lo que importa: poder abstraerse de todo tipo de presiones, incluso la mediática. Eso puede pasar, la presión existe, pero que influya en las decisiones, por supuesto que no”.

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¿Colombia va hacia un sistema más parecido al de la justicia estadounidense, con mayor puesta en escena y narrativa?

“Yo creo que aquí ha habido una apuesta muy importante por el Sistema Penal Acusatorio y sin duda tiene algunas bondades. Se ha hecho un desarrollo institucional para perfeccionarlo.

Las últimas reformas, por ejemplo, la última por iniciativa de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con la Fiscalía y el apoyo del Ministerio de Justicia, le apuntan a fortalecer el sistema.

En el sistema norteamericano, más o menos el 80 % de los casos se resuelven con preacuerdos, allanamientos o principios de oportunidad, y solo el 20 % va a juicio. En nuestro sistema la ecuación está al revés y de pronto hay que cambiar el chip.

A veces se cree que la Fiscalía solo es eficiente si lleva a juicio a todas las personas. No. La Fiscalía es igualmente eficiente si desde un momento temprano logra un acuerdo. Eso es lo que hizo la última reforma: fortalecer las facultades de fiscales y jueces para lograr determinaciones anticipadas.

Nosotros deberíamos cambiar la ecuación y tener más allanamientos. Ahí la Fiscalía termina siendo muy eficaz. La idea de que la Fiscalía tiene que llevar a todo el mundo a juicio no necesariamente es eficaz si se logran esas terminaciones anticipadas”.

¿Eso ayudaría a aliviar la sobrecarga de la justicia?

“Eso nos ayuda. Es una medida contra la congestión judicial, porque tenemos una alta litigiosidad.

Tenemos una alta conflictividad social. Ahí tenemos que reflexionar como sociedad: ¿por qué tenemos esa alta conflictividad? Pero también tenemos una alta litigiosidad.

Aunque son muy importantes los métodos alternativos de solución de conflictos, tal parece que no están funcionando de la manera tan eficiente como pudieran. Debemos revisar cómo hacemos que funcionen mejor, porque hay temas en los que esos métodos no tienen cabida, pero sí hemos evidenciado que las personas llevan todas las controversias a juicio y no todas tienen que terminar ahí”.

¿Qué tan congestionada está la Corte Suprema de Justicia?

“Empecemos por la Sala Laboral: no está congestionada. Tuvimos un apoyo de salas de descongestión durante ocho años, que produjeron 28.000 fallos, y hoy estamos al día. Estamos resolviendo recursos de casación en tres o seis meses máximo.

La Sala Civil tampoco presenta una alerta de gran congestión. En la Penal podemos tener un nivel intermedio de congestión”.

¿Cómo han hecho para no volver a caer en esos niveles de atraso?

“La pandemia nos enseñó que algunas reglas eran ineficientes. El pasado 6 de abril entró en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Laboral, una reforma construida con jueces de todo el país.

También hay una apuesta por la justicia digital y el expediente electrónico. Cuando la justicia digital se consolide y se haga más uso de los preacuerdos en materia penal, vamos a ver mejores resultados.

Pero insisto: debemos pensar en la alta conflictividad y la alta litigiosidad. Si estas siguen creciendo y los métodos alternativos no son más efectivos, vamos a seguir congestionados”.

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