La Corte destraba el caso Uribe y mantiene al magistrado que decidirá su futuro judicial
La Corte Suprema rechazó una recusación presentada por las víctimas y confirmó que el magistrado Carlos Roberto Solórzano seguirá al frente del proceso que definirá el futuro judicial del expresidente.
El proceso judicial que deberá definir la suerte del expresidente Álvaro Uribe volvió a moverse en la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal despejó uno de los obstáculos planteados por las víctimas y ratificó que el magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito continuará al frente del estudio de las demandas de casación contra la sentencia absolutoria, al rechazar una recusación que cuestionaba su imparcialidad.
La solicitud había sido presentada por los apoderados de Iván Cepeda y Deyanira Gómez, quienes alegaron un supuesto conflicto de intereses por el hecho de que el hijo del magistrado se desempeña como asesor en la Procuraduría General de la Nación. Según los abogados, esa relación podría inclinar al magistrado a favorecer la postura del Ministerio Público, cuyo delegado apeló la decisión de primera instancia que benefició al exmandatario.
Sin embargo, la Corte concluyó que esos señalamientos no tienen respaldo probatorio ni jurídico. Para la Sala, los argumentos se basan en conjeturas que no corresponden a las causales de impedimento previstas en la ley.
En su análisis, advirtió que no puede presumirse la pérdida de objetividad de un juez únicamente por el vínculo familiar con un funcionario que no tiene injerencia en el proceso.
El fallo precisó que el hijo del magistrado ocupa un cargo de asesor grado 24, con funciones de carácter consultivo y administrativo, ajenas al proceso penal y sin relación directa con el expediente contra Uribe. Además, recalcó que no actúa como procurador delegado ni ha sido designado para intervenir en esta actuación judicial.
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La Sala Penal también recordó que, para apartar a un magistrado de un caso, debe demostrarse un interés real, concreto y actual, algo que, según la Corte, no fue acreditado por los abogados de las víctimas.
En consecuencia, calificó la recusación como injustificada y ordenó que el expediente regrese de inmediato al despacho de Solórzano Garavito, para que continúe el trámite de las demandas que podrían definir el futuro judicial del expresidente.