Cuatro atentados a congresistas en los últimos dos años de Petro: ¿qué ha hecho el Gobierno?

En la vía Inzá–Totoró, en horas de la tarde, la senadora Aida Quilcué habría sido secuestrada y posteriormente liberada. Este hecho volvió a encender las alarmas por las agresiones y atentados que han sufrido distintos congresistas, una cifra que continúa en aumento y que ya suma cuatro casos durante los últimos dos años del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Sobre las 2:14 de la tarde, el equipo de la senadora Aida Quilcué denunció un presunto secuestro de la congresista y su esquema de seguridad. Sin embargo, este hecho se suma al atentado que sufrió el equipo del congresista Jairo Catellanos el jueves de la semana pasada.

A un kilómetro del municipio de Fortul, en el departamento de Arauca, fue atacado el esquema de seguridad del congresista Jairo Castellanos. De este hecho violento fueron asesinados dos de sus escoltas.

Tras el atentado, el vehículo en el que se transportaba el personal del congresista quedó completamente baleado. Videos que se compartieron por redes sociales dan muestra del alcance de este ataque.

Este nuevo episodio se suma a una serie de ataques contra dirigentes políticos. El punto más crítico de esta escalada de violencia se registró en junio del año pasado con el magnicidio del precandidato y congresista Miguel Uribe Turbay.

A ello se añade el atentado contra los vehículos y el esquema de seguridad del representante de Cambio Radical Julio César Triana, registrado en agosto de 2025 en la vía La Plata (Huila).

En la zona donde fue secuestrada Quilcué tienen fuerte presencia las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’, aunque hasta el momento todavía no se tiene plena certeza de los autores de este hecho.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló tras la captura de la senadora que “Por ahí delinque la estructura Dagoberto Ramos” de las disidencias de las Farc, alertó.

Lo que ha dicho el gobierno

En el marco de las labores investigativas por cuenta del crimen contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el pasado lunes 19 de enero se conoció que la Fiscalía iba a imputar cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez. Pero horas después, se echó para atrás la decisión.

Según confirmó EL COLOMBIANO con fuentes en la Fiscalía, uno de los delitos por los que iba a responder el funcionario era prevaricato por omisión, debido a las presuntas omisiones y descuidos a la hora de custodiar al también senador, quien fue víctima de un atentado en Bogotá el pasado 7 de junio de 2025.

En su momento, el funcionario reconoció que “hubo insuficiencia” respecto al número de escoltas asignados. Además, dijo que el día del atentado solo estaban dos escoltas junto al líder opositor y un tercer escolta/conductor en el vehículo blindado.

“Reconocemos que ese número de personas de protección no es suficiente para la protección de una persona que es precandidata presidencial y que ha iniciado de manera personal su proselitismo aunque la campaña no se ha desatado oficialmente”, dijo Rodríguez en una entrevista días después del atentado.

En cuanto a los otros hechos violentos que se mencionaron anteriormente, desde el Gobierno Nacional se ha ratificado que se brinda la atención y la seguridad suficiente.

Tras el atentado del congresista Castellanos, el presidente Gustavo Petro aseguró que “se le brindará todo el apoyo en materia de seguridad para proteger la vida del congresista y su equipo de trabajo”.

Las alarmas de la MOE

La Misión de Observación Electoral (MOE) registró 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en el país con corte en el 20 de enero del 2026. Aunque esta cifra representa una reducción del 23 % frente a 2021, la violencia sigue impactando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos, que concentraron el 59 % de las agresiones, con un aumento del 15 % en comparación con el periodo anterior.

De acuerdo con el informe, los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca concentraron el mayor número de hechos violentos.

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