Oposición estalla ante el ‘decretazo’ y desde ya anuncia demandas: “Inicia la dictadura de Gustavo Petro”

Los partidos de oposición al Gobierno Nacional reaccionaron este miércoles a la decisión del presidente Gustavo Petro, que decidió convocar por decreto la consulta popular, pese a que el Senado ya había negado ese mecanismo el pasado 14 de mayo e incluso, sigue con la discusión de la reforma laboral en último debate.

Una de las voces más vehementes fue la del representante Julio César Triana, de Cambio Radical, quien advirtió que en Colombia hoy es un día triste “porque inicia la dictadura de Gustavo Petro. Ha decidido dar el primer paso para desconocer la Constitución Política que lo rige a él como presidente y al Congreso como un órgano legislativo independiente”.

Inclusive, el congresista reclamó que con un precedente de este calibre, el jefe de Estado podría llegar a “desconocer” la realización de las elecciones en 2026. “Es curioso que hace ocho días Petro desconoció la regla fiscal por los problemas económicos de Colombia, pero hoy convoque una consulta que le cuesta al Estado $700.000 millones. Es curioso que planteé unos acuerdos con el Senado y emita este ‘decretazo’ como mecanismo de presión”.

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Por ello, Triana alegó que, si lo que el mandatario quiere es un mecanismo “para hacer campaña para sus afines”, se equivoca “porque a Colombia le queda un muro de contención que es la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, donde vamos a recurrir para que se tumbe este adefesio”.

Justo en esa línea, el concejal opositor de Bogotá, Daniel Briceño (Centro Democrático), reveló que ya está lista la demanda de nulidad del decreto y la denuncia contra todos los ministros que firmaron la convocatoria. “No vamos a permitir que usted extorsione al Congreso y al país, tampoco que pase por encima de la Constitución y la ley”, sostuvo.

“Vamos a demandar el ‘decretazo’ de Petro ante el Consejo de Estado por su evidente inconstitucionalidad. Pediremos su suspensión inmediata. Además, iniciaremos acciones penales contra los ministros que lo firmaron por prevaricato. Nadie puede pisotear la democracia impunemente”, dijo a su turno el representante Christian Garcés (Centro Democrático).

Incluso, este miércoles se conoció que, minutos antes de ser atacado el pasado sábado, el senador Miguel Uribe había grabado un video rechazando la eventual firma del decreto de consulta popular de Petro.

“El presidente Gustavo Petro ha expedido un decreto que va en contra de la Constitución y que pone en riesgo la democracia, es un autogolpe de Estado. Se trata de un acto abiertamente ilegal. Es por eso que vamos a demandar ante el Consejo de Estado la nulidad de este decreto por falsa motivación y violación del Artículo 104 de la Constitución”, señaló el senador en el video.

También desde el uribismo, el representante Hernán Cadavid insistió en que la expedición del decreto es “a todas luces ilegal” y desafiante de la institucionalidad colombiana. “Es un decreto que tiene un tono chantajista, extorsionista, de carácter totalmente ilegal y que pretende arrinconar y someter al Congreso en su autonomía”.

Por ello, insistió en que desde la oposición están listos para la confrontación política y jurídica. “Tenemos la esperanza de que la Corte Constitucional tome la decisión de controlar este exceso, nuevamente desafiante de la institucionalidad. Estamos absolutamente preparados, jurídicamente listos y completamente seguros que le van a llover demandas de las universidades, de la sociedad civil y de parte nuestra como partido de oposición. La contención y la pelea es jurídica”.

A su turno, la vicepresidenta de la Cámara, Lina María Garrido (Cambio Radical), calificó la consulta por decreto como “un disparo” al corazón de la democracia en Colombia. “No se le puede dar la mano a quien traiciona sus mismas promesas. Hoy todos los colombianos tenemos que estar atentos, se ha roto la institucionalidad. Petro hoy pasa por encima del Congreso. Y eso es algo que los colombianos no podemos permitir. Gustavo Petro se ha convertido hoy en un dictador”.

Por su parte, la bancada independiente –que agrupa a congresistas como Catherine Juvinao, Jennifer Pedraza o Daniel Carvalho– rechazó el ‘decretazo’ y exigió respeto por la separación de poderes y la Constitución. “Como estábamos advertidos el presidente ha materializado una consulta popular ilegal. Hacemos un llamado a la serenidad y ante el autoritarismo, templanza y rodear a las instituciones”. Además, pidieron rodear a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado.

“El presidente Gustavo Petro sabe que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado van a tumbar este decreto, pero haciendo esto lo que necesita es alimentar su narrativa de la víctima, a quien no le dejan gobernar, pero a su paso lo que va dejando es la destrucción de la democracia”, agregaron.

El presidente Gustavo Petro cumplió su amenaza y este miércoles, saltándose al Senado y desafiando a la institucionalidad, decidió firmar el decreto con el que convoca la consulta popular que el Congreso negó el pasado 14 de mayo.

A través de un mensaje en la red social X, el mandatario formalizó la convocatoria, aunque –con un dejo de chantaje– se declaró dispuesto a derogar el documento siempre y cuando el Senado, que hoy discute la reforma laboral, acoja el texto que fue aprobado por la Cámara de Representantes.

“He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legitimo para discutir leyes (sic)”, declaró el jefe de Estado, quien señaló que el documento también fue enviado a la Corte Constitucional.

Desde el recinto del Senado, a donde acudió como mediador en búsqueda de acuerdos con los diferentes partidos, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que el presidente expide el decreto hoy “porque la ley da plazo hasta las 12:00 de la noche. El presidente confía en el Senado y en los acuerdos a los que se puedan llegar por restaurar los derechos laborales de la clase trabajadora”.

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De acuerdo con Benedetti, la fecha de la convocatoria a las urnas, en caso de que no haya acuerdos sería el próximo 7 de agosto. En esa línea, precisó que los inamovibles del Ejecutivo son que “no se pague por horas de trabajo, que los pagos de horas extras sean a partir de las 6:00 o 7:00 de la noche, el 100 % del pago de festivos y dominicales, y el refuerzo del contrato para aprendices del Sena”.