Abogado de Aída Merlano pidió aplazar audiencias por supuesta paliza a su defendida en prisión
La excongresista tenía programadas dos diligencias esta semana, una en la Fiscalía y otra en la Corte Suprema de Justicia.
Miguel Ángel del Río, abogado de Aída Merlano, solicitó el aplazamiento de las audiencias judiciales que su apoderada tenía programadas esta semana por las afectaciones físicas que la excongresista, aparentemente, sufrió en medio de un altercado con una guardiana del Inpec en la cárcel El Buen Pastor donde se encuentra recluida.
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“La presente es con la finalidad de solicitar a su despacho de la manera más respetuosa, la reprogramación de la diligencia de versión libre a surtirse en su despacho para la mañana de hoy en mi condición de apoderado de la señora Aída Merlano Rebolledo en el expediente de la referencia”, se lee en el documento presentado por Del Río a la Fiscalía y al que Blu Radio tuvo acceso.
Merlano tenía programadas esta semana dos diligencias, una en la Fiscalía y otra en la Corte Suprema de Justicia, pero ambas fueron aplazadas para la segunda semana de abril, es decir, después de Semana Santa.
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Los hechos ocurridos en el centro penitenciario la semana pasada se habrían generado luego de que Merlano se negara a entregar un celular que tenía en su celda. Mientras que en los reportes del Inpec se registró que la presa atacó a la guardiana que estaba haciendo el procedimiento arrebatándole el objeto e intentando morderla, la defensa de Merlano aseguró que fue ella quien resultó herida con “traumatismo contundente múltiple y esguince en tobillo derecho grado uno”.
Esas razones fueron, finalmente, las utilizadas por Del Río para aplazar las audiencias por dos semanas.
La excongresista, condenada a 15 años por corrupción electoral, llegó hasta la cárcel El Buen Pastor después de ser deportada de Venezuela, lugar al que escapó tras su fuga en 2019.
En noviembre, Merlano también recibió otra condena de cinco años y medio como coautora responsable del delito de violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales, según informó la Corte Suprema.