Cancillería dice que colombianos en Haití están en “mejores condiciones”

Por petición de los familiares de los colombianos presos en Haití acusados de participar en el asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moise, la Defensoría del Pueblo decidió coadyuvar con las diferentes solicitudes de medidas cautelares que habían elevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Defensoría fundamentó su solicitud a la CIDH con la información obtenida durante la visita a terreno de la misión humanitaria realizada la semana pasada.

Igualmente, la entidad informó este sábado que conoció sobre el traslado de los colombianos detenidos en Haití, a un centro penitenciario en el que podrían correr riesgo sus vidas e integridad personal.

La solicitud de las medidas cautelares busca fundamentalmente que a los connacionales detenidos se les garantice una celda de máxima seguridad y el respeto al debido proceso, lo que significa acceder a un abogado que los represente judicialmente.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo le solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) seguir atenta el proceso judicial y solicitarle información permanente al estado haitiano sobre las condiciones de reclusión de los colombianos.

Sin embargo, y apenas un día después de esa solicitud, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, aseguró que los detenidos están a salvo y en buenas condiciones.

Tal como lo contó Ramírez, el cónsul de Colombia en Haití visitó el pasado sábado a los 18 colombianos detenidos en Puerto Príncipe. “Informó que recibieron valoración médica, se encuentran en mejores condiciones de salud y están aislados del resto de la población carcelaria en un lugar adecuado”, detalló la funcionaria.

Así mismo, la Marta Lucía Ramírez agregó que “desde el Gobierno, a través de la Cancillería, seguiremos prestando asistencia consular a nuestros ciudadanos, para que tengan garantías humanitarias y se les respete el debido proceso. Esperamos pronta repatriación de los cadáveres”, dijo.

Haitianos siguen sin saber quién mató a Moise un mes después del magnicidio

Por su parte, la agencia EFE reportó hoy desde Puerto Príncipe que transcurrido un mes desde el asesinato de Jovenel Moise los haitianos siguen sin saber quién mató a su presidente, mientras la investigación del magnicidio está en punto muerto, según diversos sectores de la vida nacional y varios implicados en el proceso, que es objeto de innumerables críticas.

Entre los reproches a las autoridades responsables de la causa está la lentitud de los procedimientos, la persistencia de muchas zonas grises en la investigación, la negativa de las autoridades a divulgar información y la falta de respeto a los principios establecidos por la ley.

"El proceso judicial se compone de violaciones a los derechos de las personas", al producirse detenciones "sin que haya habido ningún delito flagrante", señaló en declaraciones a EFE el abogado Stanley Gaston, defensor legal, entre otros acusados, de Christian Emmanuel Sanon, supuesto cerebro del plan para matar a Moise.

Además, varios de los acusados "fueron privados de la asistencia de su abogado" en los interrogatorios, y eso constituye "un acto arbitrario", apuntó el letrado, quien reconoció que siempre ha habido casos de violación de derechos humanos, pero cree que la situación es peor en este caso.

A su entender, "la policía está violando el principio de presunción de inocencia desde que muestran a un acusado en la televisión. Esto crea una mala impresión", apuntó.

También el abogado Samuel Madistin criticó que los detenidos no hayan comparecido aún ante un juez después de todo este tiempo y opinó que las acciones realizadas durante la investigación podrían ser invalidadas en el futuro.

En 20 años de carrera "es la primera vez que veo esto. Normalmente, la policía te deja ver a tu cliente. Es un derecho. Creo que la policía probablemente quiere orientar la investigación en una u otra dirección", afirmó.

A pesar de las detenciones, los registros, los interrogatorios, la incautación de armas y municiones, y de todas las acciones llevadas a cabo hasta la fecha por las autoridades judiciales y policiales, la población tienen grandes dudas sobre la investigación, siendo Haití un país fuertemente marcado por la impunidad y con un sistema judicial disfuncional.

El magnicidio fue cometido, según las pesquisas, por un comando de 26 mercenarios que irrumpieron en la residencia presidencial en la madrugada del 7 de julio sin hallar resistencia por parte de las fuerzas de seguridad que custodiaban la vivienda del mandatario en Puerto Príncipe.

Según los últimos datos ofrecidos por la Policía, 44 personas están detenidas por el magnicidio, entre ellas 12 policías, algunos por su grado de responsabilidad y otros por su implicación directa en el asesinato de Moise.

Entre los arrestados también figuran 18 colombianos, en su mayoría militares retirados, y seis haitianos, tres de ellos nacionalizados estadounidenses.

Las autoridades incautaron 45 armas de fuego, cientos de municiones y tres granadas en el marco de la investigación, en la que colaboran autoridades colombianas y estadounidenses.

Para el Gobierno haitiano, el magnicidio "constituye un crimen internacional por la presunción de la participación de ciudadanos extranjeros en la planificación, financiación e implementación del ataque".

Por ese motivo, el ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado la asistencia de las Naciones Unidas para llevar a cabo una investigación internacional sobre el asesinato del presidente Jovenel Moise, confirmó el canciller haitiano, Claude Joseph.

A un mes desde del asesinato de Jovenel Moise los haitianos siguen sin saber quién mató a su presidente. FOTO Colprensa