Defensoría del Pueblo instaló gimnasio de $1.000 millones argumentando la lucha contra el sedentarismo

Una lluvia de críticas cayeron sobre la Defensoría del Pueblo y su cabeza, Carlos Camargo, después de que se conociera que la entidad adjudicó un contrato por casi 1.000 millones de pesos para la instalación de un gimnasio en su sede principal.

Pero, más allá del montaje del gimnasio, los cuestionamientos surgieron por algunos puntos no muy claros que fueron hallados en la ejecución del contrato y en el valor de los equipos adquiridos.

El proyecto del gimnasio estaría respaldado, según denunció El Expediente, por un estudio contratado por la misma Defensoría para evaluar el estado de salud de sus más de 400 trabajadores, en el que se llegó a la conclusión que aproximadamente el 78% de estos tenían sedentarismo.

Sin embargo, el secretario general de la Defensoría del Pueblo, Óscar Valencia, le dijo a EL COLOMBIANO que en la entidad están muy tranquilos desde el aspecto jurídico con la contratación para la instalación del gimnasio, “porque todo está muy claro”, que es “una decisión administrativa que se justifica” y que todos los detalles están publicados en las páginas de contratación del Gobierno.

Dicho estudio del estado físico de 462 empleados fue realizado por la firma Evalúa Salud IPS, por un costo de 21 millones de pesos.

Conclusión de la evaluación física: “es importante incentivar a los trabajadores a realizar ejercicio con regularidad, para prevenir enfermedades cardiovasculares, osteomusculares, alteraciones del peso y patologías asociadas frente estrés”. Además, que el “el 38, 7% de los trabajadores presentaba sobrepeso y el 14 % índice de obesidad”.

Pero la historia ahí recién empezaba, ya que una de las recomendaciones de la empresa de salud, tras la evaluación, fue la instalación de equipos para el ejercicio físico en la sede de la Defensoría, según lo publicado.

Y como la entidad no contaba con dichos equipos, la empresa consultora señaló que resultaba “necesaria la adquisición de equipos y elementos deportivos para la dotación del gimnasio, con el propósito de propender por el óptimo aprovechamiento de los espacios de bienestar, en las instalaciones físicas de la Entidad, especialmente lo que refiere a la instalación y cabal aprovechamiento del gimnasio y contribuir al fortalecimiento y mejoramiento de la salud física y emocional de todos los funcionarios y colaboradores de la Defensoría”.

Para cumplir con las recomendaciones por el bienestar de los empleados, la entidad del defensor Camargo realizó tres cotizaciones con compañías de dotaciones de equipos de ejercicios. Evolution Fitness Corporation por valor de $899.955.500, Athletic Body Shop por $997.658.000 y Fitness Project S.A.S., $971.258.000.

Aunque los precios de las tres son mucho más altos que los del mercado actual, según señaló la investigación de La W Radio, finalmente fue seleccionada Evolution Fitness Corporation, debido a sus “mejores precios”.

El precio final del contrato es de un poco más de 956 millones de pesos y fue adjudicado en diciembre del año pasado, para ejecutar entre los días 28 y 31 de mes. Objeto que no se habría cumplido aún, por la falta de equipos y por lo que el contratista solicitó una prórroga de ejecución de 45 días adicionales al plazo inicial.

Las respuetas de la Defensoría

El secretario Valencia señaló, en respuesta a las críticas generadas en el país, que el proyecto hace parte de los compromisos adquiridos con los sindicatos de los trabajadores en las anteriores administraciones de la Defensoría y tiene el propósito del bienestar integral de los funcionarios y además la infraestructura de la sede está en capacidad de soportarlo.

“No entendemos porque ha sido un tema de interés mediático, tenemos todas las explicaciones y todo está publicado en el Secop. Las cotizaciones se tuvieron en cuenta para llegar al precio promedio de la contratación . El valor se ajusta a las cotizaciones y no es irreal, todo está justificado. Además, estamos convencidos de la necesidad”, explicó.

El funcionario indicó que se necesitaba un gimnasio “robusto”, con muy buenas máquinas y que garantizara la seguridad de los usuarios, porque va a estar disponible para unos 2.600 trabajadores, 4.300 defensores. Y que el contrato se firmó a finales del año porque fue aprobado el recurso y si no se hacía se perdía el dinero y no se iba a poder cumplir a los sindicatos después.

La idea, dijo, es que los funcionarios lo puedan usar en las horas valle de sus trabajos, por eso el horario de funcionamiento está establecido en tres bloques, de 6 a 8 de la mañana, de 12 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche, “para que quienes se quieran desconectar pueda pasar si salir de la entidad”.

Sobre los interrogantes surgido de por qué no se rentaron las máquinas o se firmaron convenios con gimnasios de la ciudad, Valencia respondió que un momento se analizaron esas posibilidades, pero el costo beneficio no era mejor, porque, por ejemplo, “un arriendo era de alrededor de 20 millones mensuales, de manera que era mejor tener propias, porque se garantiza un tiempo útil superior a los posibles pagos mensuales y no se podían garantizar los pagos en vigencias futuras”.

Lo que sí aclaró el secretario general es que “ha existido una dificultad con el modo de compra o la manera en que se generó una necesidad de satisfacer lo que pidieron los funcionarios”. Y anunció que para las otras 41 sedes que están fuera de Bogotá sí se está pensando en la modalidad de convenios, porque se tratan de oficinas más pequeñas con solo entre 40 y 100 trabajadores.