Defensoría pidió suspender de sus cargos a presuntos implicados en infiltración de las disidencias de “Calarcá”

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre las graves revelaciones de posibles vínculos entre miembros del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc (EMC) y altos funcionarios del Estado. La Defensoría pidió que la Fiscalía General y la Procuraduría adelanten investigaciones penales.

También recomendó evaluar el retiro temporal de funciones de quienes hoy se ven comprometidos en estos delitos para evitar interferencias en el proceso.

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Se trata del general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, director de DNI, luego de que salieran a la luz revelaciones sobre su presunta relación con el grupo armado ilegal para conformar empresas fachada de seguridad privada y entregar información sensible sobre operaciones militares. Por este hecho, la Procuraduría ya abrió una investigación.

“Es imprescindible que sus superiores adopten medidas inmediatas que garanticen la integridad de las investigaciones”, advierte la Defensoría.

Además, lanzó una advertencia sobre el rumbo del proceso de paz con el EMC tras el escándalo por la información sobre posibles vínculos entre dos altos funcionarios de la fuerza pública con este grupo criminal.

Para la Defensoría, estos hechos “obligan a una reflexión profunda” sobre la legitimidad y viabilidad del actual proceso de paz.

La entidad alertó sobre el cuestionado hecho del pasado 23 de julio de 2024 en el municipio de Anorí, Antioquia. En esa fecha, una caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección fue detenida en un retén militar mientras transportaba a disidentes.

Entre los peces gordos que iban en los vehículos estaban Alexander Díaz Mendoza (alias Calarcá), comandante del bloque Jorge Briceño; Erlinson Echavarría Escobar (“Ramiro”), comandante del frente 18; y Édgar de Jesús Orrego Arango (“Firu”), comandante del frente 36.

A los cabecillas y negociadores del EMC el Gobierno les suspendió las órdenes de captura en junio de 2024, cuando se tomó la decisión de continuar las conversaciones de paz con una facción del EMC.

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La entidad pidió al presidente Gustavo Petro establecer los protocolos y garantías para evitar que la suspensión de órdenes de captura sea usada “para fines distintos al fin de la violencia”.

El hecho ocurrido en Anorí “género dudas sobre el uso adecuado de la suspensión de órdenes de captura”, pues “se verificó el traslado de integrantes del grupo armado que no contaban con dicha suspensión, así como el transporte de dinero, armas y un menor de edad”.

Según la Defensoría, existen dos imágenes completamente distintas del EMC.

La versión que aparece en la mesa de diálogo, con compromisos de cese de reclutamiento, concentración temporal y tránsito hacia el desarme, y la realidad que vive la población, marcada por la expansión territorial del grupo, el aumento de hombres en armas y el fortalecimiento del control poblacional en regiones como Caquetá, Huila, Tolima, Meta, Guaviare y Catatumbo.

“¿A cuál debemos darle mayor credibilidad?”, cuestionó la entidad.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué la Defensoría pidió investigar a altos funcionarios por vínculos con disidencias “Calarcá”?

Porque existirían indicios de que dos funcionarios habrían compartido información sensible y colaborado con empresas fachada relacionadas con el EMBF.

¿Qué cargos tienen los funcionarios señalados por la Defensoría?

Huertas dirige el Comando de Personal del Ejército y Mejía lidera el DNI. Ambos son mencionados en revelaciones que los vincularían con actividades ilegales relacionadas con el EMC.