Denuncian a Petro ante la Comisión de Acusación por polémico contrato de defensa internacional

El presidente Gustavo Petro deberá enfrentar otro proceso en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. A ese organismo –encargado, entre otras, de investigar casos penales contra los jefes de Estado–, llegó una denuncia por cuenta del contrato de $10.000 millones que se suscribió para la defensa internacional del mandatario tras su inclusión en la Lista Clinton.

En la denuncia se advierte que el jefe de Estado habría cometido el delito de peculado por apropiación “al disponer de presupuesto público para pagar honorarios a abogados para iniciar acciones jurídicas que son relativas a temas netamente personales y que nada tienen que ver con el ejercicio de su cargo”, señala el texto, con el que se pide abrir un juicio político contra el presidente.

Días atrás, el presidente Gustavo Petro aceptó utilizar recursos públicos para el pago de abogados personales que lo defenderán en su intención de salir de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), conocida como la Lista Clinton.

El mandatario defendió el pasado sábado 17 de enero el contrato por valor de $10.000 millones para la defensa de él y su familia, dejando entrever que ese es el costo de las visitas que políticos de la oposición hicieron a Estados Unidos en su contra.

“Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El contrato fue suscrito de manera directa por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) con la firma extranjera Amadeus Consultancy Limited para la prestación de servicios de asesoría en asuntos de sanciones financieras.

Según la Procuraduría, que también abrió una investigación por lo ocurrido, el contrato contempla un esquema de pagos de cuantía muy elevada, concentrados en un corto período de ejecución, “sin que se observe una justificación técnica suficiente que explique la urgencia de la contratación ni la imposibilidad de acudir a capacidades institucionales del Estado, cooperación interinstitucional o expertos nacionales, lo cual genera serios cuestionamientos frente al principio de planeación”.

A ello se suma que en el documento no se exigieron garantías de cumplimiento, pese a tratarse de recursos públicos de alta cuantía. Por ello, se ordenó la apertura de una indagación previa para determinar si existieron irregularidades en la suscripción del contrato, así como una posible violación a los principios de la contratación pública, al haberse utilizado recursos del Estado para defender presuntos intereses personales del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el Ministerio Público, esta actuación tiene como fin identificar o individualizar al posible autor de la falta disciplinaria, para lo cual la indagación previa tendrá una duración de seis meses.

Otra controversia que rodea el contrato es que el representante de la firma Amadeus Consultancy Limited es el abogado estadounidense Daniel Kovalik.

Tras conocerse la inclusión del mandatario en la Lista Clinton, el jurista sostuvo que había asumido la defensa de manera gratuita, “por convicción”; sin embargo, semanas después salió a la luz el millonario contrato para la prestación de servicios de asesoría en asuntos de sanciones financieras.