Derogación de la Ley de Garantías divide a candidatos

Aunque para cumplirles a los alcaldes y poder derogar la Ley de Garantías el presidente Santos cuenta con el apoyo de la Unidad Nacional, su bancada, y por supuesto de la Federación Colombiana de Municipios —FCM— , cada vez son más las voces que se oponen a la medida, entre ellas el procurador General, Alejandro Ordóñez y un grupo de candidatos antioqueños, consultados por EL COLOMBIANO.

En defensa del anuncio hecho por Santos, el director ejecutivo de la FCM, Gilberto Toro Giraldo, aseguró que “la Ley de Garantías se estableció con el fin de proteger el proceso electoral de la reelección presidencial, figura que está en proceso de desaparecer de nuestra democracia. Por lo tanto, no podemos seguir paralizando la gestión municipal”.

Por su parte, en declaraciones a distintos medios de comunicación, el procurador Ordóñez afirmó que con su propuesta Santos le envía un mensaje negativo al país, pues “la razón de esa ley es precisamente evitar la utilización de los recursos públicos y los desbordamientos de las autoridades en procesos electorales”.

Pero más allá de las posiciones de cada quien, hay un aspecto jurídico que se debe tener en cuenta y es que la derogación de la norma implicaría la aprobación de una ley estatutaria que, según la Constitución, debe ser aprobada por el Congreso en una sola legislatura, con mayoría absoluta y requiere, además, revisión previa por parte de la Corte Constitucional, lo que hace que la iniciativa sea difícil de cumplir antes de las elecciones de octubre.

Para Juan Carlos Vélez, candidato por el Centro Democrático a la Alcaldía de Medellín, “lo que el presidente está haciendo es decirles a los alcaldes que gasten la plata que tienen, sin importar en qué, pero que se la gasten. A nosotros en el CD nos pone en situación de inferioridad al no ser afines al Gobierno”.

Igualmente preocupado se mostró, Andrés Guerra, precandidato por esa colectividad a la Gobernación de Antioquia, quien manifestó que “la ley era una posibilidad de que las campañas tuvieran igualdad. Mientras unos candidatos son apoyados por el músculo financiero de un gobernante, otros estamos con la fuerza de la palabra seduciendo al electorado y así la contienda es muy difícil”.

Se necesitan más garantías

Federico Gutiérrez, candidato a la Alcaldía por el movimiento ciudadano Creemos indicó que “la aprobación contra viento y marea por parte de la actual administración del Acuerdo 300, sumado al gran apetito burocrático que ha demostrado, sientan un precedente muy grave de cara a lo que puede ocurrir si se deroga la Ley de Garantías, garantías que no son solo para nosotros los candidatos, sino para todos los ciudadanos”.

Otra aspirante que también hizo públicas sus reservas frente a la iniciativa fue la precandidata liberal a la Alcaldía, Aura Marleny Arcila, para quien “ no es la ley en sí, sino la mala planeación de las administraciones para ejecutar los recursos”.

Asimismo, Marta Cecilia Ramírez, precandidata conservadora a la Gobernación, expresó su inconformismo y calificó el anuncio como “una estrategia politiquera del presidente para favorecer algunas campañas políticas con la destinación de dineros”.

Sin embargo, su copartidario, y también precandidato a la Gobernación, Carlos Mario Montoya, dijo estar 100 por ciento de acuerdo con la derogación de la Ley 996 de 2005 “porque limita a tres años los períodos de los gobernantes y además los controles estatales ya existen y quien los vaya a evadir, los evade con ley o sin ella y quien los vaya respetar, los respeta”.

Gabriel Jaime Rico, candidato a la Alcaldía por el movimiento ciudadano “Juntos por Medellín”, dijo estar de acuerdo “siempre y cuando se reviva la figura del control previo para no paralizar las administraciones y para generar que estas, haciendo un ajuste fiscal, cumplan con todas las medidas de control y transparencia de cara a la ciudadanía”.

Federico Hoyos, representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, también expresó su rechazo frente a la posibilidad de derogar la Ley de Garantías.

“Esto lo que demuestra es la profunda incoherencia del Gobierno Nacional, que por un lado impulsa un equilibrio de poderes pero por el otro lado lo borra de tajo con una vulgaridad de propuesta como la de derogar la Ley de Garantías. Dicen que eso lo van a pasar con urgencia al Congreso, pero a mi me parece que hay otros asuntos más urgentes que ese, como lo es por ejemplo la crisis en la justicia o el proceso de paz.

Da mucho dolor ver a los alcaldes del país aplaudiendo eso y por esa razón hago un llamado a que haya un alcalde valiente, uno solo al menos que respete la institucionalidad y rechace esta vulgar propuesta del presidente de la República”, punualizó Hoyos.