Difamación, violencia de género y amenazas golpean a campañas presidenciales. ¿Cuáles son las más afectadas?
La Defensoría del Pueblo emitió un reporte, indicando qué clase de estigmatización perjudica a cada candidato.
Periodista especializado en temas de crimen organizado, terrorismo y conflicto armado. Creador del podcast Revelaciones del Bajo Mundo. También soy escritor y dramaturgo, autor de las obras teatrales “La Trilogía del Mal” y “Estallido”.
Un grave deterioro de la campaña presidencial y del debate democrático por cuenta de difamaciones y estigmatización, denunció la Defensoría del Pueblo de cara a los comicios que se realizarán el próximo 31 de mayo en su primera vuelta.
“El proceso electoral enfrenta un deterioro del debate democrático marcado por violencias digitales, estigmatización y discursos de odio que ponen en riesgo la vida, la participación política y la calidad de la democracia”, aseveró la defensora del Pueblo, Iris Marín, en un video distribuido por la entidad este martes.
De acuerdo con la funcionaria, entre el 13 de marzo y el 15 de abril la institución le hizo seguimiento al programa Compromiso por un Proceso Electoral Libre y en Paz en Colombia, en el cual se identificaron problemáticas asociadas a la contienda por la Presidencia de la República.
En dicha iniciativa participan también la Misión de Observación Electoral (MOE), la Conferencia Episcopal, delegados de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.
“Se registró una alta recurrencia de violencia contra las mujeres en política, con ataques basados en estereotipos de género, sexualización y descalificaciones personales, así como agresiones por prejuicio hacia personas con orientación sexual diversa y manifestaciones de racismo contra candidaturas afrodescendientes e indígenas”, informó la Defensoría en su reporte de resultados.
Según dicho estudio, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Claudia López, Aida Quilcué y Sondra Macollins, aspirantes al primer cargo de la Nación y a la Vicepresidencia, “han sido objeto de violencia contra las mujeres en política, violencias por prejuicio, estigmatización y difamación”.
En el caso de la fórmula de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, “han enfrentado situaciones de difamación”; es el mismo fenómeno que afecta a la pareja de Iván Cepeda y Aida Quilcué, a la cual le suman una “alta recurrencia de estigmatización”.
Sobre el candidato afrodescendiente Luis Gilberto Murillo, y la de origen indígena Aida Quilcué, la Defensoría estimó que “han sido objeto de afirmaciones racistas”.
Y en cuanto a la campaña de Sergio Fajardo, que “ha recibido lenguaje ofensivo”.
“Estas violencias son amplificadas en entornos digitales y, en algunos casos, por voces con alta visibilidad pública, lo que incrementa el riesgo de escalamiento hacia formas más graves, propicia escenarios de autocensura y silenciamiento, y afecta de forma especial la relación de las juventudes con la democracia y la confianza institucional”, concluyó la defensora.
Y añadió que a esta problemática se suma el uso de la desinformación para deslegitimar al adversario, “mediante señalamientos que asocian a candidaturas con ilegalidad, criminalidad o actores armados”.
Entre las recomendaciones que entregó Marín, se les pidió a las plataformas digitales “actuar con debida diligencia frente a los contenidos de violencia política”; a los movimientos políticos y campañas, “rechazar de forma expresa y no selectiva estos hechos”; y a los medios de comunicación y actores con influencia en la opinión pública, “no amplificar estas prácticas”.
El reporte de la Defensoría se da en medio de un clima de confrontación entre las campañas, en el que los tres aspirantes que encabezan las encuestas de intención de voto, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, han denunciado planes criminales para asesinarlos.