Diplomacia colombiana ha sido muy pasiva: expertos
Ante las nuevas pretensiones de Venezuela en aguas sin delimitar, congresistas afirman que es un intento de Maduro para ocultar crisis interna.
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Un decreto expedido por el gobierno de Venezuela el pasado 26 de mayo en el que se crean las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular (ZODIMAIN) en territorios de ese país, que incluyen áreas en disputa con otros Estados, reactivó el diferendo territorial que durante varias décadas ha tenido Colombia con su vecino por el Golfo de Coquivacoa.
El decreto del gobierno de Nicolás Maduro, que fue calificado por expertos en la materia como un acto de agresión hacia Colombia, provocó la inmediata reacción de la Cancillería colombiana, que envió una nota de protesta a su par venezolana en la que le pide la rectificación de las coordenadas contempladas en el decreto 1787.
Concretamente, lo que tiene incómodo a Colombia es que en ese acto unilateral el gobierno bolivariano, si bien admite “la existencia de áreas marítimas pendientes por delimitar”, a renglón seguido afirma que “hasta tanto se logre una demarcación definitiva de manera amistosa, esas zonas requieren ser atendidas por el Estado venezolano”.
“Como es de público conocimiento, persisten diferencias entre Venezuela y Colombia que han impedido lograr un acuerdo en torno a los temas pendientes en la delimitación de áreas marinas y submarinas; por esta razón, las áreas en las que unilateralmente Venezuela establece sus coordenadas en la ZODIMAIN Occidental, no pueden asumirse como venezolanas, por cuanto continúan en controversia o no se ajustan a lo acordado bilateralmente”, sostuvo en un comunicado la Cancillería.
Hay que rodear al Gobierno
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Federico Hoyos, quien a su vez es miembro de la Comisión de política exterior de esa corporación, aseguró que en momentos como estos deben primar los intereses nacionales sobre las diferencias políticas y por eso hizo un llamado a rodear al Gobierno en la defensa de la soberanía nacional.
No obstante, Hoyos afirmó que este tipo de incidentes se deben “a una política exterior sumamente blanda por parte de Colombia y a una estrategia del gobierno de Venezuela de exacerbar los sentimientos nacionalistas en tiempos de crisis interna”.
En ese mismo sentido fueron las declaraciones del senador por el Partido de la U, Jimmy Chamorro, para quien el decreto 1787 es “abiertamente ilegal a la luz de la normatividad internacional y por tanto no tiene efecto alguno en nuestra relación bilateral y mucho menos de cara a la comunidad internacional”. Asimismo, Chamorro celebró la reacción del gobierno colombiano e hizo un llamado a Venezuela para que no trate de ocultar con “cortinas de humo la falta de gobernabilidad del presidente Maduro”.
“Hemos sido muy pasivos”
Para el profesor de Relaciones Internacionales y Geopolítica de la UPB, Olmer Muñoz, la política exterior colombiana ha sido sumamente pasiva y no tiene definidos sus intereses nacionales, mientras que Venezuela, que siempre ha apelado a las vías de hecho, ha tenido una visión más geopolítica del asunto.
Muñoz destacó que otro de los agravantes en este diferendo es que “Venezuela no reconoce a la Corte Internacional de Justicia y no le gustan las instancias internacionales sumado a que aquí en Colombia siempre hay una reacción tardía, pues la integridad territorial no ha sido concebida como una cuestión de Estado”.
Por otro lado, Jesús Castillo Molleda, docente de Ciencias Políticas de la Universidad del Zulia, Venezuela, confió en que este impasse se resuelva por la vía diplomática y no tenga mayores consecuencias. “Las relaciones entre los dos países pasaban por un buen momento y no había necesidad de crear un conflicto teniendo los canales diplomáticos existentes entre las dos naciones”.