¿Mineducación nombrará un rector encargado en la Universidad Nacional? Esto se sabe

La “horrible noche” no cesa para la Universidad Nacional. Tras el fallo del Consejo de Estado del pasado 20 de noviembre —en el que declaró ilegal la elección de Leopoldo Múnera como rector de esa institución—, este lunes el Gobierno Petro está preparando un as bajo la manga para evitar que José Ismael Peña —cuya elección fue legal, según la misma alta corte— sea posesionado en ese cargo.

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Esta línea la marcó el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien en declaración a medios de comunicación aseguró que “nosotros tenemos una posición institucional” con la que han “hecho una valoración profunda de la sentencia (...) que aún no está ejecutoriada”.

En ese sentido, señaló que “hasta no estar ejecutoriada y ante la renuncia del rector Leopoldo (Múnera), pues entonces convocaremos al Consejo Superior Universitario (CSU) para que sea materia de discusión”. Y anunció que en la sesión de este lunes su delegado, el viceministro de Educación Superior Ricardo Moreno, expondría esa posición, que contempla la posibilidad de nombrar un rector encargado.

Con esto, el Gobierno Nacional no da su brazo a torcer con la Rectoría de la institución de educación superior pública más importante del país. Desde marzo de 2024, después de la elección de José Ismael Pela para el cargo, el presidente Gustavo Petro le ordenó a la entonces ministra del ramo, Aurora Vergara, no firmarle la posesión. Por esa razón, Peña terminó posesionándose en una Notaría de Bogotá y, en junio de 2024, con unos cambios en los integrantes del CSU, se “corrigió” la primera designación y se eligió a Múnera.

Con los dos fallos del Consejo de Estado —expedidos en septiembre y la semana pasada— se confirmó que la elección de Peña fue legal y que la de Múnera fue ilegal, pues el CSU no podía hacer otro proceso de designación después del primero, ya que ese proceso gozaba de presunción de legalidad y no tenían autoridad ni capacidad legal para hacer un segundo proceso.

Sin embargo, de una actuación preventiva de la Procuraduría General de la Nación sobre los riesgos de reiteración de irregularidades en la elección de directivos universitarios se interpreta que el Ministerio de Educación no puede hacer esa movida.

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En sus requerimientos a esa cartera, el ente de control disciplinario señala que tiene que explicar cómo garantizará que sus actuaciones —mediante resoluciones, conceptos, circulares o comunicaciones— no se interpreten “como orden administrativa sobre decisiones reservadas al CSU”.

De igual manera, se le pidió un informe de “cómo implementará (...) las conclusiones del Consejo de Estado sobre: límites de intervención, respeto por la autonomía universitaria, prohibición de incidir en procesos internos de elección de rector, ausencia de competencia para ordenar “correcciones” o rehacer actuaciones electorales”.

Por otra parte, se le requirió al CSU que informe cuáles serán las medidas “por adoptar para el cumplimiento integral del fallo, incluyendo actos administrativos, comunicaciones internas y decisiones” de ese órgano de gobierno universitario.

También recordó que “cualquier intento de reabrir o modificar decisiones electorales internas, por vía administrativa, configura un desbordamiento competencial y un riesgo para la autonomía universitaria” y, finalmente, la Procuraduría insistió en que “verificará el cumplimiento estricto de las órdenes judiciales, la observancia de los límites legales y estatutarios del órgano de dirección y del Ministerio de Educación Nacional, así como la adopción de medidas que garanticen transparencia, continuidad administrativa y respeto por la autonomía universitaria”.

Por ahora, el CSU convocó una sesión este lunes, en donde se abordarán las órdenes de los fallos del Consejo de Estado. En ese espacio, el representante de los profesores, Diego Torres, presentó una recusación contra los integrantes de esa instancia que están investigados por la Procuraduría por la designación ilegal de Leopoldo Múnera.

“Se van a cometer irregularidades, que son delitos. Nos van a forzar a prevaricar. Las asesorías jurídicas que tiene el Consejo Superior no son las adecuadas. He pedido un acompañamiento permanente como observador a la Procuraduría. Espero que por favor nos acompañen y le pido mucha mesura a los miembros del Consejo Superior Universitario, que tienen conflictos graves de interés porque participaron en una sesión irregular y se ha forzado a que (otros) miembros, que en este momento están presentes y que aún no tienen investigaciones, posiblemente terminen con investigaciones muy serias”, advirtió Torres.

Vale recordar que en mayo de 2024 un fallo de tutela del Juzgado 37 administrativo de Bogotá tumbó la decisión de nombrar un rector encargado de la Universidad Nacional. De hecho, esa decisión se tomó en medio de este galimatías judicial por la Rectoría de la institución. Esa orden había quedado establecida mediante una resolución del Ministerio de Educación que ordenaba al CSU nombrar una persona en el cargo mediante la modalidad de encargo.

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Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quién es el rector legalmente designado de la Universidad Nacional?

Según dos fallos del Consejo de Estado, la elección de José Ismael Peña fue declarada legal, mientras que la designación posterior de Leopoldo Múnera fue anulada por no tener el CSU potestad para rehacer el proceso.

¿Qué significa que una sentencia “no está ejecutoriada”?

Significa que el fallo judicial aún no es definitivo y pueden caber recursos legales ordinarios. El Mineducación usa este vacío temporal para intentar nombrar a un rector encargado.

¿Qué ha dicho la Procuraduría al Ministerio sobre esta situación?

La Procuraduría advirtió al Mineducación que no puede emitir órdenes administrativas que interfieran en las decisiones del Consejo Superior Universitario (CSU), ni mucho menos ordenar correcciones a los procesos electorales internos.