De Mejía a Guerrero: los delegados cuestionados de Petro en universidades públicas

Al presidente Gustavo Petro se le está agrandando la lista de cuestionamientos a funcionarios o personas que ocupan cargos por designación suya. La revelación de Noticias Caracol sobre la infiltración de las disidencias de las Farc de alias “Calarcá” en el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) por medio de Wilmar Mejía, alto funcionario de esa entidad, pone de presente una lista de delegados presidenciales en los consejos superiores universitarios que están bajo la lupa.

Hay que recordar que, además de su alto cargo en la DNI, Petro nombró a Mejía como delegado presidencial ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia.

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Sin embargo, con la mención de Mejía en el escándalo por la infiltración de ese grupo criminal en el sector defensa del país, son tres los delegados del jefe de Estado en las universidades públicas con algún cuestionamiento.

En esa lista también se encuentran la exjefe de Gabinete del Ministerio del Interior, Juliana Guerrero, quien es representante presidencial ante el CSU de la Universidad Popular del Cesar; y la exintegrante de la unidad de trabajo legislativo (UTL) de alias “Jesús Snatrich” en el Congreso y actual candidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, María Alejandra Rojas, delegada en el CSU de la Universidad Nacional.

Wilmar Mejía: infiltración de las disidencias en la inteligencia militar

Según las revelaciones del mencionado noticiero, hubo un cruce de información que les habría permitido a esa disidencia hacerle el quite a la justicia y una propuesta del jefe de comando de personal del Ejército, general Juan Miguel Huertas, crear conjuntamente una empresa de seguridad como fachada para movilizar hombres y armas anticipando el fracaso de la política de “paz total” del Gobierno.

Se mencionan correos sobre presuntas conversaciones entre Calarcá e Iván Mordisco, en el que se habla de supuesta participación de este último en la pasada campaña presidencial. Así mismo, se habla de un viaje del general Huertas y Mejía a Venezuela para corroborar la muerte de un disidente en ese país.

La investigación citó a Wilmar Mejía como un alto funcionario cuya cercanía al presidente Gustavo Petro le ha permitido ganar una alta influencia entre la fuerza pública y el organismo de inteligencia al punto, según al menos diez fuentes consultadas por el medio, se habría convertido en el hombre que recibe las hojas de vida para determinar ascensos, traslados y destituciones.

En marzo de 2024, el presidente Petro lo nombró como su representante ante el CSU de la Universidad de Antioquia después de sacar a su entonces representante Salomé Restrepo, quien ejercía la designación desde mediados de 2023. En ese entonces, ella denunció que el cambio la tomó por sorpresa y que no hubo notificación previa ni empalme. Además, señaló que pudo tratarse de una retaliación luego de haber pedido públicamente claridad sobre la filtración de los resultados de la consulta interna en el proceso de elección de rector.

Mejía, en medio del escándalo, respondió algunas de las críticas hacia él tras las revelaciones de Caracol desde su cuenta de X (antiguo Twitter). “Mi compromiso es defender la Universidad de Antioquia de quienes, durante más de 20 años, la han saqueado y convertido en un fortín clientelar y político. Hoy, mi rol es garantizar que siga abierta y funcionando, porque esta universidad es un espacio esencial de crecimiento y oportunidad para los jóvenes más vulnerables de Antioquia y del país”, trinó.

María Alejandra Rojas: candidata al Congreso por el Pacto Histórico

En noviembre de 2022, Petro nombró como delegada del Gobierno ante el CSU de la Universidad Nacional a la fisioterapeuta y candidata a doctora en salud pública, María Alejandra Rojas Ordóñez. Tres años después de su designación, en su rol como ciudadana, la consejera es militante del petrismo y está aspirando a la Cámara de Representantes por Bogotá por el Pacto Histórico.

Por ello, su nombre estuvo en el tarjetón de la consulta interna del Pacto realizada el pasado 26 de octubre. Sin embargo, hizo campaña, se sometió a la votación (en la que sacó 4.936 sufragios) y actualmente es candidata mientras fue y sigue ejerciendo como delegada del presidente ante el Consejo.

Durante su gestión ante ese órgano, Rojas ha recibido más de $37 millones por concepto de pago de honorarios por participación en ese órgano. Así mismo, le dieron $3,4 millones por concepto de apoyos económicos y de transporte a seis viajes que hizo en función de su cargo a las sedes en Palmira, La Paz, Medellín y Manizales (en abril de 2025) y Amazonía (en mayo de 2025).

El 28 de agosto de este año el procurador Gregorio Eljach firmó la directiva 013 de 2025 en la que entregó recomendaciones sobre la participación en política y prohibiciones para las próximas elecciones legislativas y presidenciales. En ese documento advirtió que quienes ejerzan funciones públicas deben abstenerse, entre otras cosas, de “utilizar el cargo para participar en actividades de los partidos o movimientos políticos y en las controversias políticas”, “difundir propaganda electoral o realizar manifestaciones a favor o en contra” de partidos “a través de cualquier medio” y de “intervenir en controversias de tipo político”.

Juliana Guerrero: títulos anulados en la Fundación Universitaria San José

El nombramiento de la joven Juliana Guerrero como viceministra para la Juventud (del Ministerio de la Igualdad) se cayó después de meses de cuestionamientos por sus títulos profesionales en la Fundación Universitaria San José.

Primero, se conoció que Guerrero no presentó las Pruebas Saber Pro, que es requisito para graduarse de una carrera profesional en una institución de educación superior: información que el Icfes confirmó. Después, la San José decidió de manera unánime anular su título en Contaduría Pública.

“La revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública”, aseguró la institución en un comunicado de prensa.

Lo último que se conoció de la joven es que el Icetex le aprobó un crédito educativo dentro del programa denominado Fondo Especial de Créditos Educativos para Comunidades Negras (FECECN), creado para garantizar el acceso a la educación superior de personas afrocolombianas, raizales y palenqueras. Ese beneficio lo solicitó en el segundo semestre de 2020. En ese momento, dijo el Icetex, cumplió con los requisitos para aplicar al fondo y por eso se le asignó.

En medio de todo esto, Juliana Guerrero ha sido la delegada presidencial del presidente Petro ante el CSU de la Universidad Popular del César, desde donde vivió la disputa interna de miembros del Gobierno que se peleaban la Rectoría de esa institución.

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza (Dignidad), quien le ha hecho seguimiento a los títulos de la también consejera, anunció hace dos semanas que emprenderá acciones jurídicas para tumbar su delegación ante el Consejo Superior de esa universidad.

“Después de que todos sabemos que tiene títulos falsos. ¿Cómo puede estar una persona así en el Consejo Superior de una universidad pública del Caribe colombiano? Inaceptable”, advirtió la congresista.

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