Igual a un PAE: oficiales del Ejército y contratistas se inventaron soldados para cometer fraude en contrato de alimentos
Los presuntos involucrados fueron judicializados por la Fiscalía por las contrataciones irregulares.
Así como ha ocurrido en ocasiones con contrataciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en donde inescrupulosos aprovechan para presentar un mayor número de estudiantes beneficiados de esta política para quedarse con jugosos contratos, sucedió en el Ejército.
Este hecho de corrupción se habría presentado en Cesar, donde la Fiscalía judicializó a seis personas por irregularidades en un contrato de suministros de alimentos para los soldados del Batallón Energético y Vial de la Jagua de Ibirico, municipio ubicado al noreste de este departamento.
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En la lista de presuntos involucrados está el teniente coronel David Franco Durán, el sargento viceprimero Ricardo García Deiber, el teniente coronel Bernardo Antonio Rozzo, el contratista Alfonso Rodríguez Quiñonez y dos exfuncionarios de la Alcaldía de la Jagua de Ibirico: William Díaz Bazza y Carlos Borrego Daza.
De acuerdo con el ente acusador y tras una investigación de unidades de inteligencia, la contratación se realizó omitiendo estudios previos y de mercadeo, tal como lo exige la ley, y se direccionó a un solo oferente.
Además, el contrato no habría tenido la respectiva supervisión por parte de la Secretaría de Gobierno del municipio y fueron firmadas actas de recibo “a satisfacción por parte de comandantes del Ejército, relacionando como evidencias planillas con nombres de personas que supuestamente recibieron el insumo”, según indicó el comunicado de la Fiscalía.
Dichos formatos fueron diligenciados por un alto oficial con nombres de soldados que al momento no se encontraban en servicio ya fuera por vacaciones, licencias o permisos.
Otra irregularidad encontrada habría sido el pago, la liquidación y la terminación del acuerdo, el cual se dio pese a que no se cumplió la finalidad del contrato.
El contrato en cuestión se celebró por un valor 100 millones de pesos y los presuntos responsables fueron imputados de cargos como peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
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