El Centro Democrático aterrizó sus correcciones a los acuerdos

El cese al fuego bilateral con las Farc fue extendido hasta el 31 de diciembre. Si bien el presidente Juan Manuel Santos aclaró que no es un ultimátum ni fecha límite, sí espera que el nuevo acuerdo con esa guerrilla culmine antes.

Santos se reunió con el secretario de la OEA, Luis Almagro; con el secretario de la OCDE, Ángel Gurría; y con varios jerarcas de la Iglesia Católica. Casi que al tiempo los delegados del Gobierno empezaron el estudio del texto ‘Bases de un acuerdo nacional de paz’, presentado por el C. Democrático.

En 27 páginas piden, por ejemplo, que las Farc no influencien la selección de beneficiarios del Fondo Gratuito de Tierras, y que quede explícito que sus recursos, incluida la tierra despojada, serán para la reparación de las víctimas.

Para Andrés Dávila, director del Departamento de Ciencia Política de la Javeriana, son difíciles, pero “abre puertas, o al menos rendijas”. En contraposición Arlene Tickner, docente de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, afirmó que la propuesta del CD es inviable y poco razonable, y que en lugar de querer corregir puntos del acuerdo existente, su intención es derrumbarlos.

El expresidente Andrés Pastrana también presentó ayer un documento de 17 páginas con las ‘Propuestas iniciales para el nuevo acuerdo con las Farc”, al igual que Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. A continuación les presentamos los cinco ejes del pliego del uribismo, que deberá responder el Gobierno.

Reforma Rural Integral

El CD pide se precise el concepto de baldío, que el uso económico de la tierra sea determinado por el libre mercado, que el apoyo del Estado no sea solo para las Zonas de Reserva Campesina, y que la actualización catastral respete la propiedad de la tierra. Solicitan que no se abra una nueva institucionalidad, porque el Acuerdo contempla crear 14 planes nacionales.

Según Mauricio Jaramillo, docente de Política del Rosario, la legitimidad de estas propuestas es discutible y contienen una plataforma política que se ve entre líneas. Agregó que es un documento tardío y que al CD le hicieron cinco invitaciones para participar del proceso.

Participación en política

En este particular sugieren que el Estatuto de Oposición es hecho por todos los partidos, que no se desligue la conservación de la personería jurídica de los partidos, que la reforma al sistema electoral se haga en el Congreso y que todos los partidos puedan participar por las 16 circunscripciones transitorias.

Cristian Rojas, docente de La Sabana, dijo que las propuestas son viables en general: “piden que se mejore la circunscripción especial, pero no su desaparición. “Algo similar ocurre con la vocería transitoria de las Farc en el Congreso, no piden que se excluya pero sí que no esté en manos de criminales”.

Fin del conflicto

Solicitan que el partido de las Farc tenga iguales beneficios a los demás partidos, que no haya asiento en el Consejo Nacional Electoral y que las curules especiales que les otorgarán por 8 años no sean ocupadas por responsables de delitos de lesa humanidad. También requirieron revisar Ecomun, la cooperativa de las Farc, para que no sustituya a entidades del Estado y que la Unidad Especial de Investigación incluya a todos los generadores de violencia.

Según Frederic Masse, director del Centro de Investigaciones del Externado, estas propuestas son mucho más que un simple retoque y reflejan inquietudes de fondo: “Algunas de esas propuestas no son tan extremas como uno hubiera podido temer. Por ejemplo, en participación política se puede llegar a consensos”.

Sobre el narcotráfico

Instan que se mantenga el enfoque integra de la lucha contra la droga, que las Farc entreguen toda la información sobre sus actividades relacionadas con el narcotráfico, permitir la aspersión aérea y que no se renuncie a la acción penal contra cultivadores. También que se precise que el narcotráfico es un delito autónomo, no amnistiable.

Para John Fredy Bedoya, investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, es desacertado que el narcotráfico no se considere como un crimen conexo al ejercicio de la política por las armas, pues fue fuente de financiamiento. “La aspersión es nefasta para los campesinos y las zonas de cultivo”.

Al respecto Rojas dijo que será difícil su negociación y que la entrega de información sobre la producción y tráfico son una prueba de fuego para las Farc.

Según Masse, conciliar la conexidad al narcotráfico como delito político y lo relacionado con el tribunal especial de paz no será sencillo. “ La correlación de fuerzas ha cambiado después del plebiscito y las Farc no pueden ignorarlo. El CD tampoco debería adoptar una posición demasiado rígida”.

Sobre las víctimas

Exigen que las Farc entreguen el listado de sus bienes antes de la entrada en vigencia del acuerdo, que liberen los secuestrados, que la Comisión de la Verdad la integren los partidos y que las víctimas participen en la democratización de los medios comunitarios y en las 16 circunscripciones especiales.

Según Bedoya, con este punto el CD quiere tomar vocería con las víctimas, pero también buscan que la reparación se haga con los partidos políticos, lo que considera inapropiado.

Justicia e impunidad

Proponen un Tribunal Transicional dentro de la estructura de la Rama Judicial, que haya beneficios para la Fuerza Pública, que no participen jueces extranjeros, que no se amnistíe la muerte de soldados y policías, y que responsables de crímenes atroces y cómplices, si dicen la verdad, estén recluidos entre 5 y 8 años en granjas agrícolas.

Quien no reconozca responsabilidad tendrá entre 15 y 20 años de privación de la libertad. Piden crear, dentro de la jurisdicción ordinaria, unas Cortes para la Paz, adscritas al Tribunal Superior de Bogotá.

Para Rojas esto es lo más controversial, pero tiene respaldo de voces oficiales como la del vicepresidente Germán Vargas Lleras. “Las Farc y el Gobierno podrán aceptar la exclusión de jueces extranjeros, pero será difícil aceptar las Cortes para la Paz dentro de la justicia ordinaria, cuya última instancia sea la Corte Suprema de Justicia”.