El desafío que traen las bandas para 2018

De las 2.000 estructuras de crimen organizado que hay en Colombia, desde las más pequeñas hasta las más complejas, la Fuerza Pública tiene sus esfuerzos concentrados en 32, generadoras de violencia urbana y redes de narcotráfico transnacional.

Las prioridades surgieron de reuniones de alto nivel entre oficiales del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y la Dirección de la Policía Nacional. De allí nacieron las directivas del Ministerio de Defensa (N°15 y N°16 de 2016 y N°37 de 2017) que trazaron la estrategia y el camino para combatir a estos grupos.

Los documentos, conocidos por EL COLOMBIANO, clasificaron a estas organizaciones en tres tipos:

1). Grupo Armado Organizado (GAO), que son estructuras de alcance multidepartamental, con jerarquía de mando y capacidad de amenazar la seguridad nacional. Estas son: “los Urabeños” o “Clan del Golfo”, “los Pelusos” y “los Puntilleros”.

2). Grupo Armado Organizado Residual (GAO residual), para referirse a antiguas estructuras de las Farc que renegaron del proceso de paz y continuaron delinquiendo. Las principales son los GAO residual Oriental, Occidental y del Sur.

3). Grupo Delictivo Organizado (GDO), incluye a las bandas dedicadas al lucro a través de actividades ilícitas, y que por lo general tienen una incidencia más urbana que rural; la Policía prioriza a 25 GDO.

Sin duda alguna, el cartel de “los Urabeños”, con cerca de 3.000 hombres en sus filas, es el grupo criminal que más preocupa al Gobierno. Incluso, la Casa de Nariño aceptó adelantar acercamientos para concretar un acuerdo de sometimiento a la justicia, y en respuesta la organización decretó un cese el fuego unilateral desde el 13 de diciembre.

Pero, más allá de esta estructura, ¿cuáles son las bandas que más amenazan la seguridad en Colombia? ¿En qué facciones se concentrará la lucha de la Fuerza Pública en 2018? Para definirlas, este diario consultó fuentes de Inteligencia Militar, Dijín, Dipol y la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada. El presente informe es el resultado de ese análisis.

1. LA JAURÍA DE NARCOS QUE SE PELEAN POR TUMACO

Desde Tumaco (Nariño) sale el 60 % de la cocaína colombiana hacia el exterior, según la Armada. Es el municipio con la mayor cantidad de hectáreas de coca sembradas, 23.148, que de acuerdo con el último monitoreo de la ONU (julio 2017) representan el 16 % de la cantidad cultivada en el país.

Esta situación, junto a su posición estratégica en la Costa Pacífica y la frontera ecuatoriana, la convirtieron en el objeto de deseo de los narcotraficantes del país y del exterior. En ese contexto, surgieron bandas en Tumaco y localidades vecinas, que en los tres últimos años han peleado a sangre y fuego por un lugar en el negocio. El pasado 9 de enero, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que señaló a las más problemáticas: “Gente del Orden”, “Guerrillas Unidas del Pacífico”, “Resistencia Campesina”, “la banda de la Vaca” y “banda de Sábalo”. Están integradas por exmiembros de las Farc, Auc y clanes narcotraficantes.

Las autoridades respondieron al problema con un aumento de pie de fuerza sin precedentes. El 20 de diciembre la Policía creó el Comando Específico del Pacífico Sur, con 602 uniformados para 13 municipios de Nariño y Cauca; y el 12 de enero se instaló la Fuerza de Tarea Hércules, con 9.800 militares.

2. LAS OFICINAS DE COBRO QUE NO DEJAN TRANQUILA A CALI

Hasta el 2012, “los Rastrojos” fueron la organización narcotraficante más grande y peligrosa de Colombia, con base de operaciones en Valle del Cauca. Su paulatino desmantelamiento, debido a operativos policiales y choques con otros carteles, generó inestabilidad en algunos barrios de Cali.

Antiguos cabecillas de la estructura, que sobrevivieron a la persecución de la Fuerza Pública, conformaron nuevas facciones, denominadas “Oficinas de Cobro”.

Estos grupos, que son siete, se dedican al sicariato, cobro de deudas mafiosas, narcotráfico, amenazas y extorsión, en ocasiones tercerizando las acciones con bandas menores de las comunas caleñas.

Un informe de inteligencia de la Dijín precisa que las que deben desmantelarse con mayor urgencia, debido a su afectación reiterada a la comunidad, son las oficinas de alias “Fresa”, “Martín Bala”, “Boliqueso”, “Dimax” y “Avestruz”. Los investigadores calculan que entre ellas suman unos 100 integrantes.

3. “LOS RASTROJOS” DEJARON REDUCTOS PELIGROSOS

En sus días de hegemonía ilegal, “los Rastrojos” tuvieron redes en 18 departamentos del país. Con el sometimiento y extradición de sus principales jefes a Estados Unidos (alias “Comba”, “el Doctor” y “Diego Rastrojo”), entre 2012 y 2013, la organización se fragmentó, dejando células aisladas en distintos municipios.

Informes del Ejército y la Policía señalan que todavía existen reductos, carentes de unidad de mando y con menor capacidad militar, pero que continúan infundiendo temor en la comunidad. Se trata de “los Rastrojos de Norte de Santander”, que delinquen en Cúcuta y la frontera con Venezuela; “los Rastrojos de Buenaventura”, que conservan una ruta clandestina entre el puerto valluno y Chocó; y “los Rastrojos Costeños”, que actúan en Barranquilla y Soledad, Atlántico.

A los tres grupos les han propinado fuertes golpes en los últimos dos años, en especial a los de Norte de Santander, con la Operación Esparta de la Policía Nacional.

4. LA PESADILLA DE “LA OFICINA” Y LAS 10 ODÍN DEL VALLE DE ABURRÁ

En el Valle de Aburrá delinque desde el 2000 “la Oficina”, una estructura que coordina los hilos del crimen organizado en Medellín y sus municipios vecinos.

Guerras internas y golpes de la Policía provocaron mutaciones en su manera de actuar y en la cúpula, que hoy se acerca a su sexta generación.

En la actualidad opera como un conglomerado, que reúne a los principales cabecillas de las Odín (Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico). El último en sentarse en ese trono fue Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” (foto), capturado el pasado 9 de diciembre.

La Policía Metropolitana reconoce la existencia de 10 Odín, que a su vez agrupan a combos menores de distintas barriadas del Valle de Aburrá. Ellas son: “Odín los Chatas”, “Picacho”, “ San Pablo”, “Robledo”, “los Triana”, “la Terraza”, “Caicedo”, “la Unión”, “Trianón” y “la Sierra”.

A la persecución contra “la Oficina” se sumó el gobierno de Estados Unidos.

Desde 2014, el Departamento del Tesoro y la DEA la declararon como su objetivo, ofrecieron recompensa por la captura de “Tom” y sancionaron con la Lista Clinton a 100 personas y empresas sospechosas de lavar activos para el grupo.

5. “LA CONSTRU” DOMINA EL BAJO MUNDO DE PUTUMAYO

En el departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador, delinque hace una década “la Constru”, estructura conformada por exmiembros de “los Rastrojos”, las Auc y las Farc.

Esta mezcla de criminales de diferente procedencia generó una tenebrosa banda que amedrenta a la población con secuestros, torturas y desapariciones, la cual obtiene sus finanzas del tráfico de coca, hurto de hidrocarburos y extorsión.

Su base de operaciones está en Puerto Asís, Orito y Valle del Guamuez, que según el último censo de cultivos ilícitos de la ONU (julio 2017), están entre los 10 municipios con más coca en Colombia. Suman 15.327 hectáreas cultivadas (el 10 % del total nacional).

“La Constru” cuenta con redes en departamentos vecinos y en Ecuador. Según los registros de la Dijín, su núcleo lo conforman 55 personas, al mando de alias “Garabato”.

6. “LOS PELUSOS” QUIEREN UN ACUERDO PARA ENTREGARSE

“Los Pelusos” están conformados por antiguos integrantes del frente Libardo Mora Toro, un reducto de la guerrilla del Epl que, luego de la desmovilización en 1991, continuó en la ilegalidad. Delinque en Norte de Santander, en especial en Cúcuta, Hacarí, Ábrego, El Tarra, Teorama, Tibú y San Calixto, en la subregión del Catatumbo. Sus actividades traspasan la frontera con Venezuela para el contrabando, tráfico de armas y drogas.

Tras la muerte de “Megateo” (2015) y la captura de “David León” (2016), el mando del grupo de 100 hombres - aproximadamente - lo tiene alias “Mauricio Pácora”.

En octubre de 2017 la organización envió una carta al presidente Juan Manuel Santos, manifestando el deseo de negociar un sometimiento a la justicia a cambio de beneficios judiciales. El Gobierno la rechazó, argumentando que los combatirá en el terreno.

7. TRES GRUPOS PREOCUPAN EN EL CARIBE

Debido al auge del narcotráfico en el país, se reactivaron tres bandas en la Costa Atlántica, que en el pasado reciente actuaron a la sombra de organizaciones más poderosas y ahora tomaron vuelo propio y extendieron sus redes en Magdalena, Atlántico, La Guajira, Cesar y el norte de Bolívar.

La primera es “los Pachenca”, cuya base de operaciones es la ciudad de Santa Marta. Según la Policía, el líder de la facción es Jesús María Aguirre Gallego (“Chucho Mercancía”).

La segunda es “la Oficina Caribe”, también tiene raíces en Santa Marta y estaría al mando de Elkin Javier López Torres, apodado “la Silla”, por movilizarse en silla de ruedas. En varias oportunidades ha estado tras las rejas, pero luego queda en libertad. La última vez fue el pasado mes de agosto, cuando un juez desestimó las pruebas en su contra por concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Y la tercera es “los Costeños”, un grupo de Barranquilla, cuyos cabecillas son Jorge Eliécer Díaz Collazos (“Castor”) y Digno José Palomino Rodríguez (“Sebastián”).

La Policía asegura que estas tres bandas regulan actividades de crimen local, como el sicariato, microtráfico y extorsiones, y también están involucradas en el narcotráfico transnacional desde los puertos del Caribe y la Sierra Nevada.

8. LOS GRUPOS DE LOS LLANOS ORIENTALES

En los Llanos Orientales actúan “los Puntilleros” desde 2012, una organización que en la actualidad está dividida en dos subestructuras conocidas como “Libertadores del Vichada” y “Bloque Meta”.

Están involucradas en el narcotráfico transnacional, en especial por la ruta que pasa por Venezuela.

En noviembre pasado hubo un escándalo vinculado a “los Puntilleros”, cuando fueron capturados 10 militares de la Brigada 28 del Ejército, señalados de facilitar las acciones de esos delincuentes. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reconoció la situación y precisó que “este tipo de acciones evidencian la capacidad institucional para actuar frente a estos hechos en los que servidores públicos violan las normas de su trabajo y de respeto por el erario”.

Investigadores de la Fiscalía señalan que el espacio de acción de “los Puntilleros” se redujo ostensiblemente desde 2015, cuando “los Urabeños” comenzaron a irrumpir en los Llanos. La confrontación dejó varios muertos de bando y bando.

A esto se suma que las autoridades les capturaron 167 integrantes el año pasado.

Sin embargo, la agrupación sigue activa, con cerca de 160 integrantes.

El jefe del “Bloque Meta” es alias “el Rudo”, mientras que a los “Libertadores del Vichada” los comanda un hombre apodado “120”.

9. “LA CORDILLERA” EN EJE CAFETERO

“La Cordillera” es la principal estructura de crimen organizado en los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío. En los registros policiales figura que cuenta con 40 integrantes, al mando de alias “el Indio”; no obstante, para sus acciones delictivas se articula con las bandas menores de la zona y tiene redes en Valle del Cauca, por lo que el número de miembros involucrados puede aumentar según la actividad ilícita desplegada.

El microtráfico de drogas es la fuente de finanzas más lucrativa de “la Cordillera”, en especial en Pereira y Dosquebradas. En esta dinámica, la organización ha permeado a varios miembros de la Policía, envueltos en actos de corrupción.

El pasado 16 de abril, un sargento fue capturado y encarcelado por concierto para delinquir, prevaricato por omisión y peculado por uso, tras ser acusado de escoltar y proteger a los cabecillas de la agrupación desde 2014.

10. ADIÓS A FARC Y SIGUE EL CRIMEN RESIDUAL

Tras el desarme de las Farc el año pasado, varias de sus subestructuras continuaron en la ilegalidad. Según la Directiva 37 de 2017 del Ministerio de Defensa, están clasificadas como Grupos Armados Organizados Residuales (GAO residual).

De acuerdo con el documento, perseguirlos es prioritario porque amenazan “el orden constitucional, la vigencia del régimen democrático, la integridad territorial, la soberanía, la seguridad y la defensa nacional”, al tiempo que “utilizan métodos y medios ilícitos de guerra”.

Por esta razón, “deben ser contrarrestados en el marco del Derecho Internacional Humanitario”, que faculta el empleo - siguiendo reglas establecidas- de bombardeos y la fuerza bélica del Ejército.

Entre estos grupos, el principal objetivo de las autoridades es el GAO residual Oriental, comandado por Miguel Santillana Botache (“Gentil Duarte”), Gener García Molina (“John 40”) y Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”), que delinque en Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guainía y Vichada.

Le sigue el GAO residual Occidental y el GAO residual Sur, con injerencia en Nariño y la frontera de Cauca con Caquetá. De esos, los cabecillas son Wálter Arizala Bernaza (“Guacho”) y Jairo Ortiz Calderón (“Jairo 1”).

Estas estructuras conservaron antiguos integrantes de los frentes 1, 7, 15, 29, 40 y Acasio Medina, y las columnas Daniel Aldana, Miller Perdomo y Jacobo Arenas.

La directiva señala también que “la información disponible de inteligencia indica que los integrantes de los grupos armados que no se acogieron a la negociación del Gobierno y las Farc, mantendrán la doctrina que en su momento dio origen y desarrollo a las Farc”.

No obstante, en otros puntos del país hay brotes de delincuencia, protagonizados por exintegrantes de esa guerrilla, que no siguen lógicas subversivas sino de bandas de narcotráfico, como en Ituango (Antioquia), norte de Cauca y el norte de Chocó.