En medio de investigaciones, Petro expone sus cartas para 2026: ¿qué hay entre líneas?

“En el 2026 tenemos que volver a ganar. Ayer (el miércoles, durante las marchas) decían ‘fuera Petro’. ¡Pues claro que voy a salir del Palacio de Nariño! Si no me gusta ni cinco. Ni más faltaba que me voy a ir de ahí. Pero ojo. Ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia. Ahí no podemos retroceder ni un paso”, dijo el presidente Gustavo Petro el pasado jueves.

La declaración del mandatario desde el municipio de San Pablo, enclavado en el norte nariñense, se dio un día después de las multitudinarias manifestaciones en las principales ciudades que se convocaron para rechazar su administración. Desde allí, Petro sacó pecho por el recibimiento y, a través de sus redes, divulgó piezas en las que sobresalían campesinos y seguidores que se agolparon para recibirlo.

Las tomas de la transmisión del evento realizadas por la Presidencia tienen algo de parecido a las hechas por la televisión venezolana cuando graban las visitas del presidente Nicolás Maduro a los encuentros con la comunidad. Un plano medio del presidente detrás de un atril que se combina con un plano general y otros de primer plano que reflejan los rostros de las personas que lo escuchan con atención tratando de interpretar sus palabras.

El discurso del presidente duró 37 minutos y atravesó toda clase de temas. Inició hablando de las razones históricas para la reforma rural y poniendo el contexto de los españoles una vez colonizaron América. Luego citó un término que Petro utiliza casi que en todos sus discursos: oligarquía.

“La respuesta es histórica, se lee en los libros de nuestra historia que ya poco se enseña en los colegios, precisamente porque a nuestra oligarquía colombiana le da vergüenza la historia de Colombia, porque se demuestra su podredumbre, su egoísmo extremo, su violencia sanguinaria. Por eso quitaron la historia de los colegios, porque es que ahí aparece desnuda su alma”, expresó el mandatario sin explicar concretamente a quién se refería por oligarquía.

El 21 de noviembre pasado, el presidente se reunió en la Casa de Huéspedes de Cartagena con los dueños de los principales grupos económicos del país, entre ellos Luis Carlos Sarmiento Angulo y su hijo, dueño y presidente del Grupo Aval; Carlos Julio Ardila, dueño de la Organización Ardila Lulle (OAL); y Alejandro Santo Domingo, dueño del grupo Valorem.

De esa reunión surgió una inversión de $100.000 millones por parte de Aval para soluciones de agua potable y otros problemas con énfasis en La Guajira. La misma región que hoy es epicentro del escándalo de los $46.800 millones del contrato suscrito por la Unidad de Gestión del Riesgo, que le costó la cabeza al exdirector antioqueño Olmedo López.

En su discurso, el presidente lograba los aplausos de los habitantes de San Pablo, casi que de manera permanente. Las fotografías y los videos publicados por las cuentas oficiales de Presidencia con las imágenes de centenares de campesinos organizados esperando al presidente en Nariño parecían tener la intención de quitarle relevancia a la manifestación del día anterior, que movilizó a más de 52.000 personas en todo el país con base en los reportes de las autoridades.

“Asesinan dirigentes por aquí y para allá y lo hacen para que el pueblo tenga miedo, para que no se organice. Para que no mire las páginas de la historia hacia atrás y reclame lo que es suyo. Porque la patria es del pueblo colombiano y la tierra es del pueblo campesino”, dijo Petro.

Pese a esta declaración, el año pasado –periodo completo de la administración del presidente–, fueron asesinados 181 líderes sociales en todo el país, aunque con una ligera reducción del 18 % en comparación con el 2022, según las cifras de la Defensoría del Pueblo.

La movilización de la oposición también fue desacreditada por el mandatario, que publicó imágenes parciales de las tomas en la Plaza de Bolívar. Pero, como quedó claro a través de una galería que publicó EL COLOMBIANO, la movilización de la oposición y de los inconformes con el Gobierno logró casi que llenar la Plaza de Bolívar en Bogotá, y ocupó las calles de Medellín.

Petro también dijo que a “este Gobierno le han intentado impedir por todos los caminos, incluso los internos, los de la burocracia, que se haga una reforma rural” y habló hasta de medios de comunicación en una declaración que pasó desapercibida. “Tenemos que de devolver la historia hacia la justicia. No volvernos como el dueño de Caracol, que cada rato me está diciendo mentiras. No se trata de eso” puntualizó.

Petro luego decidió insistir en su discurso y girar hacia la campaña presidencial del 2026. “Aquí tenemos que crecer aún más organizados y en número para que sea contundente el triunfo del pueblo. Ellos gobernaron 200 años, nosotros llevamos dos y miren los entuertos que nos toca arreglar de la vagabundería que han hecho desde el Gobierno Nacional (...) La oligarquía no saca a Petro del Gobierno y no se puede equivocar. Una Milei como pasó en Argentina, que chévere, que parece loquita, que está muy bien, que mire que chistes hace, y después llega con el azadón encima de la cabeza y la sierra eléctrica” (sic), afirmó sin más.

Para el profesor César Niño, experto en ciencia política de la Universidad de La Salle, que el presidente esté hablando de campaña dos años y dos meses antes de las elecciones podría significar una crisis de identidad del partido de Gobierno.

“Esto significa que en el Pacto Histórico hoy carece de opciones que puedan relevar a Gustavo Petro. El presidente está buscando una manera de abonar un terreno y medir la temperatura ciudadana para calibrar las pasiones y entender qué podrían capitalizar de aquí a tres años. Desde el punto de vista pragmático, el presidente no tiene un sucesor fuerte, mientras que los partidos de la centro derecha están empezando ya a cocinar sus candidatos para las elecciones de 2026. El mandatario está preocupado porque su legado quede en el aire”, explicó.

Tal como lo dice Niño, el presidente ha decidido empezar a abonar el terreno para las elecciones del 26, aunque su Gobierno está focalizado en hacer cambios que le permitan tener más resultados reales en el corto plazo. Esto lo de muestra la posesión de Alexander López en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la designación de Gustavo Bolívar en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) con un presupuesto para transferencias de más de $10 billones al año. El presidente no ve con claridad quién podría reemplazarlo en el cargo, conforme varias encuestas han puesto su desaprobación estable entorno al 50 % en los últimos meses.

En el listado de opcionables estarían Francia Márquez, Iván Cepeda, Roy Barreras, Luis Fernando Velasco, Luis Gilberto Murillo, Daniel Quintero y María José Pizarro. Esta última se ha acercado especialmente al círculo privilegiado del presidente y, según una fuente de Palacio que prefirió mantener su identidad en reserva, sería la persona que Petro ve con más posibilidades de convertirse en su sucesora por su propia historia política y la de su padre.

Pizarro es la hija de Carlos Pizarro Leongómez, la figura más conocida del M19 –guerrilla a la que perteneció el mandatario–, que fue asesinado en 1990 cuando era candidato presidencial, tras firmar la paz con el Gobierno de Virgilio Barco. “El presidente confía en cinco o seis personas y Pizarro es una de ellas”, dijo otra fuente a este diario. La senadora estuvo la semana pasada en el Departamento Nacional de Planeación un día después de la posesión de Alexander López.

De hecho, cuando este jueves se conoció que el Consejo de Estado anuló la elección de Pizarro como vicepresidenta del Senado, el presidente cuestionó duramente la determinación a través de su tribuna en la red social X (antes Twitter).

Avances en las investigaciones

Mientras todo esto ocurría, y Petro hablaba de “La Milei” en Nariño, en Bogotá el Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó la recolección de nuevas evidencias en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en la financiación y supuesta violación de topes de la campaña Petro Presidente.

El magistrado Benjamín Ortíz le pidió a los bancos en donde la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI) tuvo cuentas, que envíe toda la información sobre sus transacciones y sobre giros por alrededor de $4.000 millones que pudieron no haber sido declarados correctamente en las cuentas de la campaña.

Esta es la empresa que transportó al presidente y a varios candidatos al Congreso del Pacto Histórico durante 2021 a diferentes regiones del país. Lo anterior, para eventos de proselitismo propios de la época electoral.

SADI resultó relacionada con Carlos Eduardo Restrepo Osorio, hoy en supuesta colaboración con autoridades de Estados Unidos, y quien aceptó cargos por narcotráfico. Restrepo Osorio, alias Caco, también fue acusado por la incautación de 400 kilos de cocaína en la isla de Providencia en mayo de ese mismo año, pero publicó un comunicado reciente a través de sus abogados, en el que aclaraba que no tenía información sobre la campaña y no estaba colaborando a las agencias americanas con ningún tipo de datos en ese sentido.

De otro lado, el CNE también ordenó a la Unión Sindical Obrera (USO) que explique los detalles de un acta en la que se aprobó la destinación de $600 millones para la campaña del presidente Gustavo Petro. Aunque hay actas que prueban que fueron avalados por el poderoso sindicato, no hay ningún reporte de esas cuentas en los registros oficiales de la financiación. Parece un caso similar al de Fecode y los famosos $500 millones aprobados para la campaña del presidente, aunque el sindicato argumenta que se giraron a la campaña del Pacto Histórico.

La USO explicó a través de su presidente, César Loza, que, si bien el sindicato de Ecopetrol sí hizo esa autorización para invertir $600 millones en la campaña, “no hubo un solo peso girado”, porque ese dinero, dijo, lo gastaron ellos mismos en eventos y actividades de autonomía del sindicato, sin relación directa a la campaña.

Esta investigación va lenta en el CNE. Esta semana, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa –quien fue el gerente de la campaña del presidente–, asistió a dar una versión libre al tribunal. Pero se tardó solo 25 minutos y no dijo nada en detalle. Solo explicó cómo fue su gestión con las cuentas y cómo se organizó el directorio mientras que el presidente estaba recorriendo el país.

Roa ha negado que hubiese cualquier tipo de financiación irregular no reportada, y el presidente publicó un trino refiriéndose a la decisión del Consejo Electoral, que reflejó su inconformismo con la solicitud de nuevas pruebas. “Dale que dale”, dijo el jefe de Estado.

Al mismo tiempo, en la Comisión de Acusaciones –que también tiene investigaciones adelantadas por la campaña–, no ha pasado mucho. Pero una de las exigencias de la oposición en su movilización del pasado 6 de marzo, era “juicio político”. Eso dijo el exvicepresidente Francisco Santos y también el abogado José Abuchaibe, experto en realizar demandas ante el Consejo de Estado para tumbar elecciones irregulares de congresistas, gobernadores y alcaldes, quien expresó que el artículo 109 de la Constitución –que regula el juicio político– “es para cumplirse”.

Lo que sí podría tener una repercusión más seria es una actuación de la Fiscalía. Todo esto, a la espera de que la Corte Suprema de Justicia decida o no el próximo 12 de marzo si elige fiscal General con una votación que hoy está más inclinada hacia Luz Adriana Camargo. Lo anterior, luego de que Amelia Pérez se desinfló por los trinos de su esposo, el exjuez Gregorio Oviedo, quien insultó en X a periodistas, medios, políticos y la propia Corte durante los últimos seis años.

Luego de que se supo que Pérez perdió interés para los magistrados y que probablemente no será elegida, ambos salieron a medios (Oviedo en Caracol Radio y Pérez en El Tiempo) para tratar de rectificar los insultos previos que evidentemente sí tuvieron una consecuencia directa en su favoritismo ante la Sala Plena de la Corte.

Según conoció este diario, la Fiscalía está investigando de manera detallada las cuentas de la campaña para determinar si hubo una irregularidad penal en la gestión de Ricardo Roa por movimientos que no cuadran y podrían venir decisiones en los próximos días. Pero esa determinación podría cambiar radicalmente si la Corte elige de la terna del presidente, como debe hacerlo constitucionalmente, y la próxima fiscal se posesiona antes de cualquier escenario judicial contra Roa. En medio de todo este laberinto, parece claro que el presidente Gustavo Petro está buscando sucesor o sucesora desde ya. “Se trata de la próxima década”, puntualizó en Nariño.

Encasilló protestas como “de la extrema derecha”

En San Pablo, en Nariño Petro levantó ampolla al referirse a las multitudinarias protestas contra su Gobierno en diferentes partes del país. Aseguró que quienes marcharon hacen parte de “la extrema derecha”. El Jefe de Estado declaró que, pese al “gran esfuerzo de los medios de comunicación”, ese recibimiento en el estadio Antonio Nariño de San Pablo “superó la mayoría de manifestaciones de la extrema derecha”.

Al sugerir que los medios de comunicación quisieron magnificar y sobredimensionar las protestas en contra de su Gobierno –pese a que los mismos reportes de las autoridades dieron cuenta de concentraciones de 52.000 personas–, Petro aseguró que, con las manifestaciones en San Pablo, “solo un pequeño municipio demuestra la fuerza del pueblo”.