Jomary Ortegón, candidata a defensora del Pueblo: “Hay que revisar todos los ceses al fuego”

Jomary Ortegón, es vicepresidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y es una de las candidatas para llegar a la Defensoría del Pueblo. Ortegón, con formación en derecho constitucional y derechos humanos, ha litigado numerosos casos internacionales de violaciones a derechos humanos, incluida la demanda de Petro contra el Estado colombiano tras su destitución como alcalde de Bogotá. Ortegón tendría el respaldo del Pacto Histórico para llegar a la Defensoría.

¿Qué propone para que la política de paz total del Gobierno, y sus respectivos ceses al fuego, no terminen burlados por grupos armados que, como admitió el ministro de Defensa, han sido utilizados para expandirse y afectar a las comunidades?

Nuestra posición como movimiento de derechos humanos, que no es individual, sino colectiva, es que, si bien tenemos un trabajo consolidado por la paz, sería importante revisar el tema de los ceses al fuego. Actualmente, los diferentes elementos han reducido las conflictividades armadas. Pero hay elementos que son bastante débiles, como por ejemplo la protección al liderazgos sociales, que siguen siendo blanco de los actores armados y provocan desplazamiento y confinamiento.

Usted dice que hay que revisar algunos de estos ceses al fuego, ¿cuál le preocupa?

Yo creo que todos. Hay un modelo que nos pareció interesante: el aplicado en el proceso de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que establece un sistema de verificación bastante completo en el que están incluidas las comunidades y hay ejercicios a nivel territorial con participación de las dos partes en el proceso de negociación. Allí también está la Iglesia a través de Pastoral Social.

Este es un modelo que, sin duda, ha contribuido a que haya un interlocución permanente sobre la situación humanitaria y que puede mejorarse de manera que se incluyan otros elementos en los ceses, como la afectación a los liderazgos sociales.

Durante la primera fase de implementación de la paz total los acuerdos en materia humanitaria fueron mínimos y están centrados en la reducción de la conflictividad entre actores armados. Por ello, deben promoverse compromisos de cese de ataques a la población civil. No es suficiente con que se cese la conflictividad entre los actores armados, sino que estos se comprometan a dejar de atacar a la población civil.

¿Qué propone para evitar los crímenes de líderes sociales y excombatientes?

Uno de los puntos que propongo para la Defensoría es justamente que se tenga un eje de trabajo para la construcción de paz territorial. Eso se traduce en la participación en las mesas de negociación para alertar sobre las necesidades de participación de las víctimas, las comunidades y las mujeres.

En segundo lugar, el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas, que es la principal herramienta con la que cuenta la Defensoría para alertar sobre situaciones de violación a derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Ello implica revisar variables como el feminicidio en entornos de conflicto armado, como también mejorar el sistema de monitoreo.

Eso se logra cumpliendo la legislación que establece que cada nueve meses se deben revisar las alertas emitidas para identificar cuáles son los estados de cumplimiento. Además, promovería veedurías sociales para este Sistema de manera que sean las comunidades quienes puedan contribuir a medir la efectividad de estos ejercicios defensoriales.

Hay un programa llamado Defensores Comunitarios que data del 2000 y que contribuyó en su momento a la respuesta de la Defensoría en entornos de conflicto armado para la protección de las comunidades. Mi propuesta es fortalecerlo.

Además, en el marco del Acuerdo del Paz de 2016, la Defensoría cumple un papel fundamental en el seguimiento a la situación humanitaria. Por ello, también puede alertar sobre las situaciones de violencia que se están presentando en los territorios, pero también hacer un seguimiento a los incumplimientos.

Una de sus tareas en caso de ser elegida es defender la libertad de prensa y de expresión. ¿Siente que el presidente Gustavo Petro ha tenido una actitud hostil con los medios de comunicación?

Mi organización lo que ha hecho es un llamado de atención al seguimiento de los estándares internacionales en materia de protección a la libertad de expresión. Esto significa que, si bien las autoridades tienen un margen de actuación al emitir sus pronunciamientos públicos, hay dos condiciones que deben cumplirse.

Primero, la verificación de la información que se utiliza. En segundo lugar, la no estigmatización de quienes ejercen la labor periodística, particularmente si se tiene en cuenta un contexto de riesgo como el que vivimos actualmente.

Este año han sido asesinados cuatro periodistas comunitarios, de manera que esto, por supuesto, es una situación que debe alertar al Gobierno Nacional para abstenerse de emitir pronunciamientos que puedan poner en riesgo la vida y la integridad de quienes ejercen el ejercicio de la labor periodística.

¿Cómo garantizar independencia frente al Gobierno en caso de que usted resulte elegida?

Mi postulación la hace el movimiento social: 580 organizaciones de derechos humanos y movimientos de mujeres. Ellos señalaron entre los criterios para elegir a la próxima defensora la autonomía y la independencia. Es el compromiso que yo he asumido con el movimiento social que me ha respaldado.

Mi tradición es de defensa de los derechos humanos. No he militado en ningún partido. No pertenezco a ninguna colectividad y la misión defensorial es absolutamente clara: esta entidad no hace parte de los tres poderes públicos y, si bien hay un mandato de coordinación armónica entre los poderes, su funcionamiento debe ser absolutamente independiente y autónomo. De ello no debe quedar dudas en la Defensoría que voy a ejercer.

¿Qué le responde a sectores uribistas que la han señalado de estar ensañada con el expresidente y de denunciarlo incluso en la justicia argentina?

Lo que he hecho es un ejercicio de acercamiento de las víctimas a sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Si el sistema nacional ha sido ineficiente y no ha permitido que las víctimas tengan justicia, toda persona tiene el derecho y el deber de defender los derechos humanos a nivel nacional e internacional.

A esos sectores les doy un parte de total tranquilidad. No es el mandato de la Defensoría desarrollar acciones contra alguna colectividad. Y mi propuesta es absolutamente clara: una Defensoría plural donde todos se sientan reconocidos.

Lo anterior significa un ejercicio sin discriminación, sin sesgos políticos y de reconocimiento al papel que pueden jugar las diferentes colectividades políticas.

¿Cómo le ha ido en su campaña con las diferentes bancadas y representantes?

Hemos hecho un ejercicio público de presentación de mi perfil. He presentado mi programa y he buscado reunirme con todas las colectividades. He tenido reunión con integrantes de todos los partidos políticos. Les he escuchado con atención y es claro que hay preocupaciones regionales sobre la situación en sus departamentos y esto cubre todo el espectro político.

Veo un ejercicio responsable por parte de los representantes de todos los partidos de hacer lo mejor por las personas que los han elegido. Ellos tienen la labor de garantizar que haya una Defensoría plural, que brinde garantías a todos y que sea un espacio de receptividad de las denuncias ciudadanas.

¿Se ha reunido con el Centro Democrático o Cambio Radical?

En el caso del Centro Democrático no me reunido con la bancada, pero he tenido reuniones con algunos representantes. Los he escuchado atentamente. Son conversaciones absolutamente transparentes y respetuosas. No he percibido ninguna animosidad sobre mi candidatura.