“Lamentamos los fallos de la Corte sobre La Guajira”

Acompañado por los miembros de la Junta Mayor de Palabreros Wayuu, el nuevo gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, tomó posesión en el parque Nicolás de Federmán el pasado 30 de diciembre. El foco de su administración estará puesto, inicialmente, según le dijo a EL COLOMBIANO en los temas que más le preocupan: seguridad alimentaria, agua, pobreza, bajo crecimiento económico, empleo formal, la frontera y las relaciones con Venezuela. Para eso aspira lograr una articulación con las instituciones y entidades del orden internacional, nacional y local para hacerle frente a las dificultades por la que hoy atraviesa el departamento.

Los retos del nuevo mandatario son duros, según datos recientes del Dane, el 39,7% de los habitantes de La Guajira están en la pobreza extrema (454.246 personas) y el 66,3% presenta pobreza monetaria (757.097 personas). Ambas cifras están lejos del promedio nacional que está en 12,2% y 42,5 %, respectivamente.

La Guajira ha sufrido mucho por la poca continuidad de sus gobernantes, entre otros, por destituciones por corrupción. ¿Teniendo en cuenta los políticos que lo apoyaron, se puede creer que con su llegada se van a acabar los problemas de gobernabilidad?

“Gracias a Dios creemos que gozamos de un mandato contundente y claro, sin antecedentes; sin embargo, hemos hecho un llamado a la unidad a todos los sectores políticos para trabajar por La Guajira principalmente en temas humanitarios y de transformación del territorio.

El respaldo electoral nos compromete a trabajar con transparencia, hay una esperanza grande puesta en este proyecto. Sí habrá gobernabilidad, esto depende de hacer bien el trabajo para durar el período constitucional de los 4 años”.

Según la Contraloría, entre 2019 y 2022 fallecieron 265 niños en La Guajira por causas relacionadas con desnutrición. ¿Qué hacer para que no ocurra más?

“Necesitamos doblar los esfuerzos y articularnos correctamente todas las entidades del orden internacional, nacional y local con los líderes de las comunidades, para hacerle frente de forma conjunta. Hemos propuesto la creación del Fondo de Seguridad Alimentaria de La Guajira, una entidad sin ánimo de lucro cuyos recursos serán recibidos de fuentes públicas, privadas y donantes; este fondo será administrado por el Plan Mundial de Alimentos, para asegurar la transparencia.

El proceso de seguridad alimentaria procura garantizar una soberanía que pasa por una verdadera conectividad vial, una diversificación productiva y una modificación o transformación del sistema de alimentación”.

¿Cómo encontró la ejecución de la sentencia T302 de 2017 que declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales frente a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas Wayuu?

“Claramente la sentencia de T 302 es un mandato para La Guajira y para el país, el principal objetivo no solo es cumplirla sino ir más allá principalmente en el cumplimiento de los ODS (agenda 2030 de las Naciones Unidas) y en los derechos humanos principalmente por la realidad del territorio y por mi formación académica en esta materia. Este es un tema que amerita toda la atención y que requiere una articulación especial para su desarrollo”.

¿Qué piensa de la posición de la Corte Constitucional al declarar inexequibles más de 10 decretos de emergencia económica y social que buscaban mejorar la situación del departamento?

“Respetamos las decisiones de la honorable Corte Constitucional pero claramente lamentamos la pérdida de oportunidad que se hubiera logrado con las medidas. Lo que sigue, es continuar trabajando rápidamente para que muchas de esas medidas encuentren otro mecanismo jurídico, vía ley, decretos o convenios, para que se cumpla la finalidad de beneficiar a las comunidades”.

¿El decreto 1275 propuesto por el presidente Petro, por ejemplo, buscaba focalizar recursos del Sistema Nacional de Regalías para proyectos de agua, salud y alimentación, a través de la emergencia declarada?

“Siendo coherente con lo que he dicho considero que todas las acciones que permitan superar la crisis de una manera articulada, coordinada, de trabajo en equipo y en el marco de la confianza son pertinentes para superar la crisis. Estoy seguro de que las gobernaciones jugamos un papel importante para ser articuladores entre la nación y el territorio frente a las comunidades especialmente en la región Caribe que padece muchas dificultades y que requiere ese tratamiento especial por parte del Gobierno Nacional”.

Debido a que más del 40% de la población total es indígena y vive dispersa, ¿La Guajira necesita un régimen diferencial en servicios de salud?

“El departamento claramente presenta dificultades no solo en cobertura sino también en calidad en salud, situaciones que se convierten en los primeros retos de gobierno para ser abordados con el apoyo del Gobierno nacional, el sector privado, los donantes, los municipios y las propias comunidades.

Sí estoy de acuerdo con que el futuro de este país se concentre en reconocer las condiciones y realidades diferentes de cada región; que el Estado de Derecho, se exprese en una verdadera descentralización por regiones y departamentos y que ojalá muy pronto La Guajira tenga ese tratamiento de enfoque diferencial con la calidad y cobertura en salud que requieren las comunidades étnicas”.

Uno de los temas más álgidos para el departamento es la frontera con Venezuela, debido a su extensión y a su porosidad es casi imposible ejercer un control pleno. ¿Qué plan tienen para manejarla?

“En primer lugar declarar la zona de intervención especial fronteriza prevista en el artículo 17 de la ley 2135 de 2021 o ley de fronteras. Esto es lo haremos con apoyo de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina).

Le pediremos al señor presidente que usemos esta medida que rápidamente permitirá intervenir en temas humanitarios, económicos y de otros tipos para mejorar las condiciones de la frontera y de la población que la habita principalmente en municipios como Maicao, Riohacha, Manaure y Uribia”.

¿Y las relaciones con Venezuela?

“Hemos sido claros en que debemos relacionarnos nuevamente con Venezuela, a efectos de avanzar en una integración fronteriza que genere un bienestar en temas como la seguridad, el desarrollo económico, la salud, el empleo, etc. Con esto queremos atender de mejor forma el flujo migratorio, dignificar la frontera, lograr presencia institucional y generar garantías de los derechos humanos”.

¿Qué hacer con el caso del municipio de Uribia, con 8.000 kilómetros cuadrados de extensión, el 95% de la etnia wayuu y el 98% de las necesidades básicas insatisfechas?

“Lo primero es darle gobernanza a las propias comunidades, hay que fortalecer sus instituciones étnicas y es fundamental que el Estado reconozca que se trata de un territorio desértico que el Estado no reconoce un ordenamiento territorial en esta forma y debemos hacerlo y el Congreso lo debe considerar con una ley del desierto por ejemplo”.