A la cárcel nueve implicados en millonario saqueo a los recursos de regalías
Según la investigación, los capturados habrían usado la Asociación Aremca para apropiarse de millonarias sumas de dinero provenientes de recursos públicos.
Un juez de Bogotá envió a la cárcel a nueve presuntos implicados en el caso de corrupción por el saqueo de millones de recursos de regalías a nivel nacional a través de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca).
Según la Fiscalía, entre 2020 y 2026 esta asociación firmó 101 contratos con gobernaciones y alcaldías por cerca de $496.000 millones, dinero que debía invertirse en obras civiles y proyectos agrícolas, ambientales, tecnológicos y de seguridad alimentaria.
Pero, en lugar de ejecutar esas iniciativas como correspondía, la investigación apunta a que buena parte de esos contratos terminaron en manos de empresas fachada y firmas de papel, usadas para mover los recursos y beneficiar a particulares.
Entre los capturados están Gustavo Bolaño Pastrana, exrepresentante legal de Aremca; Emilia María Álvarez Guerrero y Dayana Ramos Guerrero, quienes manejaban la representación legal y la tesorería; además de varios coordinadores y enlaces señalados de participar en la operación.
La Fiscalía sostiene que el esquema funcionaba con contratos hechos a la medida, sin estudios previos suficientes y con listas cerradas de proveedores para direccionar quién se quedaba con los negocios. Incluso, aunque Aremca solo podía operar en la región Caribe, habría terminado ejecutando contratos en departamentos tan lejanos como Arauca, Cauca, Caquetá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Chocó, Norte de Santander y Santander.
Uno de los hallazgos más graves es que, al menos en 23 contratos, los investigadores encontraron posibles ganancias ilegales por más de $14.235 millones a favor de contratistas.
A eso se suman presuntas irregularidades en el manejo de anticipos, impuestos que nunca se cobraron por casi $6.913 millones y recursos por cerca de $14.000 millones que no fueron retenidos para el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Por estos hechos, los nueve procesados enfrentarán cargos por delitos relacionados con corrupción, contratación irregular, apropiación de recursos públicos y concierto para delinquir.
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