¿Fiasco? Dudas por mesas del Minsalud para revisar la UPC
El espacio fue ordenado por la Corte Constitucional, pero algunos participantes dijeron a EL COLOMBIANO que la discusión fue poco técnica y carente de cifras.
Periodista con cinco años de experiencia en medios de comunicación.
En el despacho del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, reposan desde la semana pasada las conclusiones que dejó la mesa técnica que convocó —por orden de la Corte Constitucional— para analizar si la plata que el Estado les gira a las entidades promotoras de salud (EPS) es suficiente para la atención de sus afiliados, que se conoce como unidad de pago por capitación (UPC).
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Este espacio duró seis semanas y transcurrió en medio de extensas reuniones que dejaron una serie de anexos y actas con lo que los participantes expresaron. No obstante, algunos de ellos le aseguran a EL COLOMBIANO que el ejercicio se desarrolló con la intención de acatar decisiones judiciales y no de hacer una revisión seria del tema.
Vale recordar que la convocatoria a esa mesa se hizo en cumplimiento de un auto de la Corte expedido en enero pasado, el que, entre otras cosas, manifestaba que la UPC para 2024 fue insuficiente. Entre tanto, el ministro Jaramillo la llamó el “tribunal de la verdad de la salud”.
La metodología usada en la mesa consistió en realizar seis sesiones en seis mesas de trabajo.
Cada mesa estuvo integrada por un sector: una del Gobierno, en la que estaban representantes de los ministerios de Hacienda y de Salud y el Departamento Nacional de Planeación (DNP); una de pacientes, con un delegado por las seis regiones del país; una de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), con seis delegados de clínicas y hospitales; una de las EPS, con voceros de las aseguradoras indígenas, las intervenidas, la subsidiadas, Acemi y otras.Una de la academia, con seis miembros de universidades públicas, y una con invitados especiales (cuatro del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, uno de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y otro de las farmacéuticas nacionales); hubo una mesa más en la que estuvieron representantes de la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría, en rol de observadores.
¿Qué pasó en esas mesas?
EL COLOMBIANO habló con dos personas que participaron (y prefieren no ser nombradas), quienes cuentan cómo transcurrió este proceso bajo el liderazgo del viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez.
Ambos coinciden en que fue más cualitativo que cuantitativo, en referencia a que, según ellos, hubo ausencia de cifras y datos necesarios para abordar una discusión que se basa, precisamente, en números que determinan si la UPC está alcanzando para la demanda actual de servicios de salud que recae sobre las aseguradoras.
Así las cosas, cada mesa respondía a unas preguntas orientadoras que les mandaron a los integrantes con ocho días de anticipación; luego, en las jornadas en que tenían sesión, se reunían en el Ministerio de Salud, en Bogotá, para responderlas desde el ámbito de cada delegado. A partir de eso, tenían conversaciones al respecto para que cada uno diera su respuesta, bajo la metodología llamada Phillips 66, en referencia a las seis mesas y seis sesiones.
“Nunca analizamos tablas ni bases de datos. Realmente nunca analizamos los datos de la UPC, porque seguían incompletos y jamás nos los entregaron completos”, dijo una de las participantes.
“No hubo notas técnicas de estudio de la UPC, que no existen de los años 2022 y 2025, que son muy importantes para el para el ajuste, aunque con unos microdatos a los que tuvimos acceso, hicimos una estimación de la deuda que tiene la Nación con las aseguradoras de 2021 a 2024”, contó el otro integrante.
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En ese sentido, este último mencionó que no hubo posibilidad de mostrar una presentación audiovisual de los contenidos, sino que fue todo hablado. “Para hablar de estos temas se necesitan herramientas como diapositivas y por eso no se pudo desarrollar un diálogo mas cuantitativo y desde las matemáticas”.
Estas apreciaciones quedaron consignadas en los resúmenes de las actas que quedaron como soporte.
Lo que dijo Nueva EPS
El vocero de Nueva EPS (la más grande del país y bajo intervención del Gobierno), Humberto Navarro, expresó en una de las sesiones que la UPC para 2024 necesitaba un aumento de 11 % más de lo que la subieron. En ese año, el ajuste que decretó el Ministerio fue del 12,01 %. Lo que quiere decir que, según lo estimado, debió ser del 23,01 %.
El periodista Sebastián Nohora publicó el anexo de la sesión en el que se lee: “Nueva EPS estima preliminarmente que el ajuste ex post para el año 2024 estaría en el 11 % de la UPC de conformidad con la evolución de registros”.
EL COLOMBIANO tuvo acceso a todas las actas de las mesas en las que estaban las transcripciones de lo que hablaron los representantes de cada sector invitado. Según una de las personas que habló con este diario, Navarro afirmó esto en la sesión dos que abordaba las frecuencias de uso, que se hizo el 27 de marzo.
El tema volvió a ser abordado en la tercera sesión, que trataba sobre la severidad (costo promedio de las atenciones en salud en un año) y que se llevó a cabo el 3 de abril. Allí, el representante de Nueva EPS esbozó: “Un análisis previo de las frecuencias (de uso) sin tener claridad de la calidad de información, donde, por ejemplo, tenemos temas de insumos que no están desagregados y muchas otras falencias en la información, un análisis muy previo, muy preliminar (...) arroja que hay un desfase del 11 %”.
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Agregó que “eso es muy preliminar porque falta el otro componente que es la severidad. Entonces, al agregar la severidad más las frecuencias iniciales que tienen esas falencias de calidad, (...) tendríamos (...) una credibilidad muy baja en una percepción inicial (...) o necesario del 11 %. Lo que se tiene que primero resolver es la calidad de la información para dar una respuesta contundente”.
Más críticas sobre la mesa
Otra queja que comentaron más voceros que estuvieron en la mesa es que no hubo participación de las asociaciones científicas y de las universidades privadas, pues las públicas sí tuvieron asiento.
Este diario le preguntó al Minsalud por qué no se tuvieron en cuenta estos dos sectores y, desde su oficina de comunicaciones, respondieron que esa entidad “se dispuso a convocar a los actores estrictamente relacionados con el cálculo de la UPC”, según la orden de la Corte Constitucional. ¿Entonces, qué tan relacionadas están las universidades públicas con ese tema?
“El aporte que hicieron fue pobre y muy ideologizado en favor de la reforma a la salud del Gobierno”, dice sobre la participación de estas instituciones una de las fuentes que habló de la mesa.
Con los insumos que quedaron tras llevar a cabo esta mesa técnica, el Ministerio de Salud elaborará un documento que enviará a la Corte y a la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento, que es la instancia encargada de hacer el cálculo de incremento de la UPC.
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