EPS advierten fallos en informe de la Contraloría que las señala de desviar recursos
El polémico informe, aunque es preliminar, señala a 18 EPS de cometer aparentes irregularidades en el manejo de los recursos que gira el Estado y calcula pérdidas de hasta 9,2 billones de pesos. EPS aseguran que la Contraloría cometió una seguidilla de errores.
Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Escribió para El Tiempo. Fue periodista digital. Ahora cubre temas de paz, conflicto y Derechos Humanos. Amante de la gente, Atlético Nacional y las montañas.
Una presentación de PowerPoint fue el medio que escogió la Contraloría General de la República para presentar un informe en el que advierten la supuesta existencia de un desvío billonario de recursos públicos por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
La magnitud de la información que recabó el órgano de control –durante solo dos meses de investigación– indica que 18 EPS habrían desviado hasta 9,2 billones de pesos, entre 2020 y 2021, de los giros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC): el dinero que el Estado, a través de la Adres, gira por cada afiliado.
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Datos imprecisos, fuentes confusas y hasta metodologías desacertadas son solo algunos de los errores que desde la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) se alistan para señalarle a la Contraloría.
El informe, que en todo caso es preliminar, fue presentado por el contralor Carlos Mario Zuluaga este 8 de abril y hace parte de las investigaciones de rutina que la Contraloría, año a año, hace para determinar cómo el sector salud ha utilizado las UPC.
Lo curioso del informe es que se conoce en medio del revolcón mediático que atraviesa el Sistema de Seguridad Social en Salud por cuenta de las intervenciones ordenadas por la SuperSalud a dos EPS y por el hundimiento que sufrió la reforma a la salud, que promovía el presidente Gustavo Petro, en la Comisión Séptima del Senado.
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Del aparente hallazgo de la Contraloría no se conoce ningún documento. Hasta ahora solo hay 36 diapositivas y, en ellas, ni siquiera, alcanzó a entrar la versión de las EPS que son objeto de los señalamientos.
Además de la aparente vulneración al derecho a la contravencion y defensa, la Contraloría sacó un informe que estaría lleno de defectos técnicos.
A la presentación de la Contraloría se le reclaman inconsistencias e inexactitudes. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que publicaron los tiempos que tardaron en investigar y la información conocida, pero no informó las técnicas aplicadas o el uso de analíticas para ejecutar el estudio.
Las EPS solo tendrán la oportunidad de sentarse con la Contraloría hasta el próximo 11 de abril en una mesa técnica en la que se analizará el informe presentado por el órgano de control.
EL COLOMBIANO conoció que ACEMI prepara un documento en el que las EPS le señalan al órgano de control los que serían los errores metodológicos de lo poco que se conoce del aparente hallazgo.
Los reparos de ACEMI al informe
El aparente hallazgo que alcanzó a publicar la Contraloría indica que las 18 EPS habrían destinado recursos a actividades, bienes y servicios distintos a la prestación de servicios de salud.
“Duplicados de carnés, cuentas por pagar a accionistas, gastos extraordinarios, multas y sanciones y cancelación de créditos”, son algunos de los aparentes gastos irregulares que la Contraloría le señala a las EPS durante las vigencias 2020 y 2021.
Ocurre que en la Resolución 2809 del 2022, el Ministerio de Salud ratificó los porcentajes que las EPS pueden destinar de la UPC para gastos administrativos: el 10% en el régimen contributivo y el 8% en el subsidiado.
“En la UPC hay un porcentaje que las EPS utilizan para el gasto administrativo y dentro de ese gasto hay unos conceptos que están asociados totalmente a las prestaciones de los servicios de salud y otros no”, explicó Ana María Vesga Giraldo, presidente de Acemi.
En el documento que prepara Acemi se critica, por ejemplo, el hecho de que la Contraloría señale los gastos administrativos como aparentes irregularidades.
“La aproximación conceptual de la Contraloría implicaría, entonces, que habría un peculado técnico cada que una EPS destine la fracción del gasto administrativo de la UPC en pago de arrendamientos, gastos de papelería, asesorías, honorarios y pago de impuestos”, indicaron fuentes consultadas al interior de la agremiación.
Desde la agremiación también calificaron de “desconcertante” el hecho de que la Contraloría incluyera como “gastos ajenos a la salud los contratos de capitación y evento, siendo estas las modalidades más comunes de contratación de servicios sanitario en el sistema”.
La Contraloría precisó que el informe presentado está inconcluso y que dará las garantías de defensa a las EPS. Advirtió que al finalizar a investigación se podría dar apertura a los procesos de responsabilidad fiscal o “cualquier otra decisión que ordene el procedimiento vigente”.
Desde Acemi, por su parte, manifestaron su preocupación por el hecho de que la salud esté siendo llevado a un debate político que conduce, incluso, a la publicación de cifras preliminares.