Estado en pleno exige liberación de funcionarios del CTI: Un año secuestrados y sometidos a “juicio revolucionario”
Los cuatro funcionarios fueron secuestrados por el ELN en Arauca el 8 de mayo de 2025.
Varias instituciones y autoridades del Estado se sumaron al llamado urgente por la liberación de cuatro funcionarios que permanecen secuestrados por el ELN, en un pronunciamiento conjunto en el que se insiste en la necesidad de respetar su vida y su libertad.
Según el grupo armado, dos agentes del CTI de la Fiscalía y dos policías de la DIJIN permanecerán privados de la libertad durante varios años bajo una supuesta “prisión revolucionaria”, una decisión que ha sido ampliamente cuestionada por autoridades y organismos humanitarios.
En un acto reprochable, Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, integrantes de la Policía adscritos a la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), fueron “sentenciados” a 60 y 55 meses, respectivamente. A ellos se suman Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del CTI de la Fiscalía, quienes recibieron una pena de 36 meses de prisión.
La primera en reaccionar fue la defensora del pueblo, Iris Marín. Rechazó con contundencia el anuncio realizado por el Ejército de Liberación Nacional sobre la supuesta imposición de un “juicio revolucionario” contra los funcionarios y aseguró que ninguna acción de este tipo legitima la privación de la libertad de los uniformados.
Más tarde, vino el comunicado conjunto de la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia. Recordaron que el respeto por la vida, la integridad y la libertad de los ciudadanos es un principio fundamental.
El llamado se dirige específicamente a garantizar la liberación de los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, así como de los integrantes de la Policía Nacional Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza.
En el pronunciamiento, las entidades también advirtieron que la persistencia de prácticas como el secuestro, prohibidas tanto en Colombia como a nivel internacional, deteriora la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia. Recordaron además que la experiencia del conflicto armado ha demostrado que este delito genera daños profundos y consecuencias duraderas para las víctimas, sus familias y el país.
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También se han pronunciado organizaciones como la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Este último explicó a través de su cuenta en X que se trata de prácticas arbitrarias y degradantes, propias de los sistemas de poder más autoritarios y violentas.
“Estos hechos constituyen una forma de sometimiento físico y psicológico contra personas retenidas bajo amenaza permanente de daño y fusilamiento, aisladas de sus familias y privadas de las mínimas garantías fundamentales”. Agregan que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe expresamente las condenas dictadas sin un tribunal regularmente constituido y sin las debidas garantías judiciales.
Los cuatro funcionarios fueron secuestrados por el ELN en Arauca el año pasado, y su liberación, insistieron las autoridades, debe darse sin condiciones como una señal concreta de voluntad de paz por parte de ese grupo armado ilegal.