Fact check a Corcho: con falsedades, salvó de culpa al Gobierno por crisis de salud

El sistema de salud de Colombia vive una crisis sin precedentes por cuenta de los problemas financieros de las entidades promotoras de salud (EPS), a raíz de la insuficiencia de la unidad de pago por capitación (UPC), que es la plata que les da el Estado para la atención de sus afiliados. Sobre este tema, la exministra Carolina Corcho habló en una entrevista con Blu Radio, en la que salvó de responsabilidad al Gobierno del presidente Gustavo Petro en esta situación.

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No obstante, la exfuncionaria incurrió en varias imprecisiones y falsedades, empezando porque señaló que el fallecimiento de la directora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, Ana María Cuesta (quien murió esperando que Famisanar le entregara un medicamento vital), fue una “muerte evitable”.

En ese sentido, el investigador en salud de la Universidad Johns Hopkins, Andrés Vecino, señaló las mentiras que, según él, dijo en la entrevista con la cadena radial.

En primer lugar, señaló que Corcho entregó información errónea sobre las deudas acumuladas de las EPS con las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS). En la entrevista afirmó que esta asciende a $30 billones, pero la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) ha indicado que la deuda con hospitales y clínicas superó los $20 billones a finales de 2024, con más de la mitad en mora.

Por otro lado, la exministra sostuvo que el sistema de salud es responsable de 300.000 muertes evitables. No obstante, Vecino expuso que esta cifra ha sido cuestionada por ser una interpretación imprecisa y porque carece de fundamento en datos oficiales. Al respecto, el investigador señaló que “ningún salubrista en el mundo podría sostener que más de la mitad de las muertes por todas las causas en un país son atribuibles al sistema de salud”.

“Eso es negar simultáneamente décadas de investigación en salud pública y también un poco de inferencia causal, en particular porque en Colombia en ese periodo, muchas de las muertes evitables fueron 1) violencia y 2) enfermedades crónicas que evolucionaron incluso antes de que la Ley 100 se aprobara en el 93”, agregó.

En cuanto a las intervenciones en las EPS, la exministra argumentó que son necesarias debido a los problemas, pero Vecino señaló que algunas intervenciones —como la de Sanitas— se basaron en criterios financieros y no en la mejora de la atención, así como que la desfinanciación de la UPC ha exacerbado la situación.

De igual manera, el experto manifestó que la afirmación de Corcho sobre que las EPS que no están intervenidas también enfrentan problemas de acceso a medicamentos es verdad, pero que su causa es por la insuficiencia de la UPC, algo que el Gobierno Nacional ha negado a pesar de las órdenes y pronunciamientos de la Corte Constitucional. En ese sentido, dijo que se debe a la interdependencia financiera entre EPS intervenidas y no intervenidas, lo que afecta la capacidad de pago a proveedores de medicamentos y, en consecuencia, el acceso a estos.

“Suponga un gestor tiene dos EPS, una intervenida y otra no, si el gestor no recibe los pagos de la intervenida no puede pagar a la farmacéutica por la demanda de ambas. Eso afecta el acceso a los medicamentos producidos por dicha farma, incluso, para la no intervenida”, explicó.

Andrés Vecino criticó que Corcho no ha asumido responsabilidad por su papel en la desfinanciación de la UPC desde 2022, lo que ha generado desconfianza en el sistema. Sobre esto, es recordada la frase que dijo la exministra en septiembre de ese año, cuando señaló: “tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio”.

Finalmente, el investigador de la Universidad Johns Hopkins dijo que “la exministra no es reconocida como vocera de ninguna de las asociaciones de pacientes”, como Pacientes Colombia y la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), las cuales no la consideran una vocera legítima de los intereses del sector.

La crisis financiera del sistema de salud colombiano ha sido atribuida a múltiples factores, incluyendo la corrupción en EPS como Saludcoop y Coosalud, y la falta de una reforma efectiva. La Contraloría General de la República ha abierto más de 500 procesos por malos manejos que suman $11 billones, evidenciando la magnitud del problema.

Carolina Corcho fue ministra de Salud del Gobierno Petro entre agosto de 2022 y mayo de 2023, cuando salió en el primer remezón ministerial y fue remplazada por Guillermo Jaramillo. Desde entonces, se ha dedicado al activismo por la reforma a la salud y es una de las precandidatas presidenciales del Pacto Histórico para las elecciones de 2026.

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