Primicia | Detalles de las visitas “irregulares” de la SIC a la Registraduría: habrían pedido acceso al censo electoral e historiales clínicos
EL COLOMBIANO conoció la totalidad del informe en el que los funcionarios de las entidades visitadas, Registraduría y Cancillería, detallaron cómo la Superintendencia de Industria y Comercio accedió a información altamente sensible.
Periodista y politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Máster en audio digital y pódcast del Centro de Estudios Superiores Barreira en España. He desempeñado distintos roles en Colmundo Radio, El Tiempo y Noticias RCN. En EL COLOMBIANO cubrí al presidente Gustavo Petro y actualmente soy el editor de Actualidad que abarca temas políticos, judiciales, de salud e internacionales. Cocinero aficionado, melómano y cinéfilo.
Estudié Ciencias Políticas en la Universidad Eafit de Medellín. Empecé en la prensa gracias al periodismo universitario y las columnas de opinión y después me formé en la Escuela Periodismo Multimedia El Tiempo, donde cubrí temas políticos, electorales y regionales. Soy fanático de la música, la cultura y la literatura.
Este martes se conoció una decisión de la Procuraduría en el que se sancionó a 16 funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) —al mando de Cielo Rusinque, nombrada por Gustavo Petro—por irregularidades en unas visitas administrativas realizadas a la Registraduría y la Cancillería en 2024. Los hallazgos, según el fallo de 215 páginas al que tuvo acceso EL COLOMBIANO, dejan varias inquietudes.
El documento establece que, entre el 12 y 14 de marzo de 2024, funcionarios de diferentes dependencias de la SIC, como los grupos de trabajo de auditoría forense y seguridad digital, hicieron una visita administrativa a la Registraduría para “recaudar información relacionada con los procesos de contratación adelantados por la entidad y el cumplimiento del régimen de libre competencia económica”.
Supuestamente, el motivo de la visita era encontrar irregularidades en los contratos con Thomas Greg & Sons, firma que ha sido señalada por el Gobierno, especialmente por el presidente Petro, ya que lleva más de 17 años fabricando los pasaportes de los colombianos.
Sobre este tema hubo demandas al Estado y toda clase de líos incluyendo la salida de los exministros Álvaro Leyva —inhabilitado por la Procuraduría— y Laura Sarabia, quien se opuso a la forma en la que el Gobierno quería cambiar el modelo de pasaportes para dárselo a la Casa de la Moneda de Portugal, como terminó sucediendo.
Lea también: Cancillería asegura que procesos judiciales contra el Fondo Rotatorio no afectarán la expedición de pasaportes
Funcionarios de la SIC solicitaron información sensible
El problema radica en que los funcionarios de la SIC solicitaron acceso a equipos de cómputo. Específicamente, a los celulares “tanto institucionales como personales” de varios altos directivos de la entidad. Con ellos realizaron “espejos forenses” y copias de seguridad de la información contenida en los dispositivos de diferentes mandos de la Registraduría.
Entre ellos, la registradora auxiliar de gestión Cielo de la Consuegra, la gerente administrativa y financiera Nohora Mendoza y el registrador delegado para lo operativo Jairo Chivará.
Según el fallo, durante las diligencias, “los funcionarios solicitaron, accedieron y extrajeron información de computadores institucionales y aparatos móviles personales de algunos servidores públicos”.
Allí habría información altamente sensible con relación al censo electoral y otros datos privados de la ciudadanía. Por eso, los funcionarios de la Registraduría y la Cancillería señalaron que los de la SIC se extralimitaron de sus competencias por esta averiguación en dispositivos que no tenían relación sobre lo que investigaban.
Según el fallo, había información sobre “el Censo Electoral de los colombianos, historiales clínicos y la situación judicial de colombianos en el exterior, datos sensibles y de carácter personal, así como data privada de aquellos, a lo cual se dijo que se afectaron derechos fundamentales”.
La defensa de los investigados dijo que “en las actas de visita a la Registraduría no consta que se hubiera solicitado o accedido a información relacionada con el censo electoral”.
Pero en otro de los apartes, el documento dice que los funcionarios de la SIC reiteraron “las facultades de la Superintendencia para acceder a toda la información, sea está reservada o confidencial, y las obligaciones de mantener dicha información en estricta custodia”.
¿Qué motivó la investigación contra la Registraduría y la Cancillería?
Según las entidades visitadas, la misión no correspondía con el objeto de las denuncias que motivaron la averiguación preliminar frente a las denuncias “por el presunto favorecimiento en la competencia de Thomas Greg & Sons” en contra de la Registraduría y la Cancillería.
En palabras sencillas, el proceso tenía que ver con la búsqueda de supuestas irregularidades en los contratos con Thomas Greg & Sons, firma que saltó al debate público por su participación en la elaboración de los pasaportes, pero que desde 2010 ha ganado varias licitaciones para organizar las elecciones.
Entre ellas, las locales de 2011 en las que Petro fue elegido alcalde de Bogotá y las de 2022, cuando fue elegido presidente. No por eso el mandatario ha dejado de pelear con la firma y busca quitarles participación. Sin embargo, esto no se nombra explícitamente en el fallo.
Lea también: Procuraduría sanciona a 16 funcionarios de la SIC por visita irregular a la Registraduría en 2024
Denuncias por presunto maltrato durante las visitas
En el informe también hay una denuncia pública por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), remitida en un oficio de la Cancillería.
En ese documento se dice que los funcionarios de la SIC “se extralimitaron en sus funciones maltratando a algunos de los trabajadores de esa entidad”. También se habla de una “presunta actitud amenazante” por parte de los miembros de la SIC. Por ejemplo, se narran supuestas situaciones como “tomar un celular personal de una funcionaria para retenerlo y tomarle una copia de su información, sin dar explicaciones”. Dice, incluso, que lo anterior se consideró una “actitud abusiva”.
¿Quiénes son los sancionados?
La procuraduría sancionó a 16 funcionarios de la SIC. El superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Francisco Melo, fue inhabilitado por un año para ejercer función pública. Además, tendrá que pagar una multa.
Las fallas encontradas fueron calificadas como graves, a título de dolo. El único sancionado para ejercer el cargo no es Francisco Melo.
Están Mario Alejandro Franco, quien fue suspendido e inhabilitado por nueve meses; Martha Liliana Fandiño, ligada al grupo de trabajo Élite de Colusiones; Yolanda Hernández Alonso del grupo de Prácticas Deportivas y Mercy Lorena Agamez.
A su vez está Daniela Alvarado por falta disciplinaria a título de dolo. Y la acompañan Robert Alexis Núñez, Jessica Juliana Ortega, Daniel Leonardo Muñoz y María José Montejo Pino. Luego están Diana Carolina Gómez, Douglas Fernando Moreno, Noemí Rodríguez, Karen Angulo Sogomaso, Miguel Moreno Reina y Juan Pablo Martínez Cortés.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué es la SIC y qué funciones tiene?
- La Superintendencia de Industria y Comercio vigila la libre competencia, protege datos personales y supervisa prácticas comerciales en Colombia.
- ¿Qué datos sensibles menciona el fallo?
- El texto habla de censo electoral, historiales clínicos y situaciones judiciales de colombianos en el exterior.
- ¿Por qué la Procuraduría sancionó a funcionarios de la SIC?
- Porque encontró irregularidades, extralimitación de funciones y acceso a información que no guardaría relación con el objeto de la averiguación.