Falsos positivos develaron fallas sistemáticas: Consejo de Estado

Ante las evidencias que han recopilado en los últimos meses, el Consejo de Estado se pronunció sobre los “falsos positivos”, señalando que es una práctica que “pone de presente una falla sistemática y estructural relacionada con la comisión de violaciones graves a derechos humanos y/o al Derecho Internacional Humanitario por parte de la Fuerza Pública del Estado colombiano”.

Para la Sección Tercera de la Corporación, hay una evidente falta de vigilancia por parte de la institución militar, tanto en la incorporación, como en la permanencia del personal o en el ejercicio de sus funciones. Todo esto, con el grave resultado de la pérdida de legitimidad.

Según el Consejo de Estado, “no basta que los jueces se esfuercen en encontrar a los responsables de ‘falsos positivos’ y condenarlos penalmente o administrativamente, sino se hace una labor disciplinaria contundente pues lo que ha sucedido hasta ahora fue calificado como ‘tardío’ e ‘inane’.

El caso

¿Qué motivó semejante pronunciamiento y alarma del Consejo de Estado? Un caso de 2003 en el Tolima que en algunas partes es conocido como la ‘Masacre de Cajamarca’, allí murió Camilo Pulido Pulido, un minero que fue secuestrado por hombres con prendas militares, pasamontañas y quienes dijeron ser paramilitares. Luego de someterlos se los llevaron a él y a otra persona más y les dispararon.

Los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 2003 en la finca Semillas de Agua, vereda Potosí, corregimiento de Amaine (Tolima). A Camilo Pulido lo mataron, lo hicieron pasar por la comisión de finanzas del Frente 21 de las Farc y, en un comunicado repartido por el Ejército Nacional dijeron que había muerto en un enfrentamiento con militares de la Sexta Brigada, hechos que fueron replicados por medios de comunicación.

Sin embargo, antes de su muerte se constató que Pulido se dedicaba a labores agrícolas y de minería en esa zona, y no tenía vínculo alguno con grupos armados al margen de la ley.

Por eso, el Consejo de Estado condenó a la Nación por su muerte, así como por el desplazamiento forzado del cual fueron víctimas sus familiares. Dijo que se trató de una “vulneración grave, flagrante y sistemática de derechos humanos”.

El pronunciamiento del magistrado Hernán Andrade señala que los uniformados se desviaron de sus obligaciones de manera deliberada y voluntaria, como lo expresa la condena penal, pues además se hicieron pasar por paramilitares para cometer los crímenes y en particular este caso.

“Debe señalar la Sala que ninguna de las razones que habrían llevado a los militares a la utilización de las armas de fuego en contra del señor Pulido Pulido está acreditada en el presente proceso, tal como también concluyó el proceso penal adelantado por tales hechos. Ciertamente, el operativo militar y el supuesto enfrentamiento armado que se habría producido –según el informe oficial- resultó huérfano de respaldo probatorio”, dice el fallo.

A diferencia de otros casos en donde la justicia administrativa es más rápida que la penal, aquí está claro que el responsable es el capitán del Ejército Nacional Juan Carlos Rodríguez Agudelo, conocido en las prisiones del país como ‘Zeus’. Él fue quien manifestó en un uniforme a sus superiores que las tropas se encontraron “con terroristas vestidos en uniforme camuflado de policías y de civil”, que abrieron fuego ante la voz de alto de los uniformados. Hechos que terminaron con su muerte.

Un mes después, el oficial de derechos humanos de la Sexta Brigada del Ejército denunció el hecho ante la Fiscalía, seccional Tolima. En esa acción se habló de las víctimas como integrantes del Frente 21 de las Farc como responsables de las desapariciones que se estaban presentando en la zona.