Así como imputó a Ricardo Roa y Juliana Guerrero, ¿la Fiscalía avanzará también contra Jaime Ramírez Cobo?
Según la investigación, Jaime Ramírez habría servido de enlace entre los congresistas y el Gobierno para la repartija de contratos de la UNGRD.
A Jaime Ramírez Cobo, exasesor de Laura Sarabia en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la Fiscalía le está respirando en la nuca. Su nombre ha aparecido de manera insistente en dos de los escándalos de corrupción más sensibles del actual gobierno: el desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y, más recientemente, el entramado alrededor de los interventores del sector salud. Sin embargo, pese a la reiteración de las menciones, su situación jurídica sigue sin definirse.
Ramírez Cobo, cuyo paradero es desconocido desde hace varios meses, es señalado en círculos judiciales y políticos como una pieza clave en la articulación de decisiones y contactos que hoy están bajo la lupa de los investigadores. Aun así, la Fiscalía no ha dado el paso de vincularlo formalmente a un proceso penal, lo que ha generado interrogantes sobre el avance real de las indagaciones.
De acuerdo con fuentes cercanas a los expedientes, el principal obstáculo para una imputación estaría en la falta de testimonios directos que lo comprometan de manera concreta.
Sin embargo, eso no sería así a largo plazo. En medio de la macroinvestigación por el escándalo de la UNGRD, la Fiscalía no descarta llamarlo a imputación de cargos por su supuesto papel como enlace entre congresistas y el Gobierno Nacional para la repartija de contratos.
En este caso, la delegada a cargo de ese proceso está a la espera de resultados por parte del equipo de policía judicial para radicar una eventual audiencia de imputación de cargos contra Ramírez Cobo, lo que podría ocurrir en cuestión de semanas.
Este diario conoció además que, una vez sea llamado a imputación, el ente acusador le ofrecerá un principio de oportunidad para que, a cabio de rebajas y beneficios, sirva como testigo de cargo contra el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
¿Qué dicen los testigos sobre Jaime Ramírez Cobo?
Según testimonios, Ramírez Cobo habría ejercido presión al ex subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, y a la secretaria de Olmedo López, para que agilizaran por lo menos tres contratos en Córdoba, Bolívar y Arauca por 92.000 millones de pesos.
De acuerdo con los chats, la firma de esos proyectos era urgente para que “no se caigan los créditos de la Nación”, escribió el asesor al ex subdirector Pinilla.
La gestión de Ramírez fue tan exacta que logró poner en contacto a Pinilla con el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Este último le escribió al ex subdirector que estaba preocupado “por los proyectos viabilizados” que no se habían suscrito.
Los chats y las llamadas –que también hubo– sucedieron el 14 de diciembre de 2023 y luego la interlocución fue directamente con María Alejandra Benavides, entonces asesora del despacho de Bonilla.
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Los contratos eran necesarios, según el funcionario presidencial, para que se aprobaran unos créditos que el Gobierno necesitaba como deuda y que tenían que pasar por la aprobación de una comisión que revisaba los temas de endeudamiento del país.
Ramírez supuestamente habría realizado la matriz en donde se especificaban los detalles de los contratos en Saravena, Cotorra y Carmen de Bolívar.